El Ejecutivo de Ayuso aprobó pagar a Quirón 1.300 millones más de lo presupuestado en sus primeros cinco años de gobierno

— ¿Por qué le ocultan el gasto real a la ciudadanía? Es febrero de 2023, y Matilde Díaz Ojeda, diputada del PSOE, explota. Se debate sobre cuánto cuestan los cinco hospitales públicos de gestión privada de Madrid. La socialista, indignada, mira a Fernando Prados Roa, entonces viceconsejero de Sanidad, y le afea lo que entiende como un ejercicio de ocultamiento. Cada año, la Comunidad presupuesta una cifra para estos hospitales. Cada año, paga una distinta. Y el desvío, generalmente, es a favor de las empresas privadas, según ha comprobado este diario para el periodo 2019-2023: en los primeros cinco años de gobierno de Isabel Díaz Ayuso, se ha autorizado pagar 1.401 millones más de los presupuestados a estos hospitales. De esos 1.401 millones, 1.313 han sido para los cuatro de Quirón, y 88 para el de Ribera Salud, según consta en las cuentas que audita la intervención regional. Un balance que deja en papel mojado lo aprobado por la Asamblea, y que indigna a los diputados de la oposición. “Parten de una situación de déficit presupuestario, pero el impacto de la modificación presupuestaria posterior no es igual para los hospitales públicos que para los de concesión a un privado”, dice más de dos años después de aquel debate la antigua parlamentaria socialista. Y denuncia: “Hay un vaciado de los hospitales de gestión directa”.

Lo que Díaz describe en conversación telefónica con este diario es un trasvase de los pacientes de hospitales públicos a los hospitales de gestión privada, a su juicio animado por el gobierno regional. Un negocio lucrativo, basado en el sistema de libre elección de hospital por parte de los ciudadanos, que explicaría en parte, según su versión, el desvío presupuestario que denunció en la Asamblea.

Ocurre así. Quirón opera cuatro hospitales en la red pública de Madrid: los de Móstoles, Valdemoro y Villalba, en régimen de concesión, y la Fundación Jiménez Díaz, a través de un convenio especial. Ribera Salud, por su parte, gestiona un centro en Torrejón. Todos esos hospitales cobran directamente por recibir pacientes de otros centros. Los que son públicos, no, pues el dinero va a una caja común. Y eso espolea un círculo virtuoso sustentado sobre la mayor disponibilidad de los quirófanos y consultas de los centros de Quirón y Ribera Salud: a más pacientes, más dinero, más inversión en quirófanos e instalaciones y, de nuevo, más pacientes.

Con el análisis de Díaz coincide Marta Carmona, de Más Madrid. “Aprobar unos presupuestos así sirve para garantizar que los hospitales de gestión pública y la Atención Primaria funcionan ahogados y con lo justo”, opina. “Si los hospitales públicos no están sobrecargados, no se generan grandes listas de espera, y si no hay listas de espera (sobre todo de primera consulta), no hay flujo de pacientes intercentros, que es lo que le interesa a los hospitales del grupo Quirón”, añade. “Esto lo atribuimos al modelo de sanidad del PP, que para ellos es, ante todo, una excelente opción de negocio”

Frente a ello, el gobierno defiende una estrategia amadrinada por Esperanza Aguirre, continuada por Ignacio González y Cristina Cifuentes, y defendida por tierra, mar y aire por Díaz Ayuso, cuya gestión sanitaria está marcada por la pandemia del coronavirus.

“La diferencia entre el crédito inicial y el gasto real se debe, fundamentalmente, al procedimiento de control y liquidación de la actividad realizada”, explica un portavoz de la consejería de Sanidad. ”En las concesiones se produce lo que se denomina la liquidación sobre determinados actos asistenciales (libre elección, farmacia, etc) y así se controla y determina su ejecución y la valoración de la misma con todas las garantías”, sigue. “Una vez realizadas las liquidaciones, se establece un sistema de controles absolutamente rígido. Tras la finalización de todo el proceso se procede al pago por la cuantía comprobada y auditada”, destaca.

Y recalca: “Este proceso es complejo, largo y garantista, extendiéndose a veces a lo largo de varios ejercicios. Por esta razón, fundamentalmente, existe diferencias entre el crédito inicial estimado para un ejercicio y los pagos realizados en cada ejercicio. Y hay que añadir también las sentencias que, durante el ejercicio corriente, exijan pagar por parte de los tribunales”.

Quirón, por su parte, se remite a las explicaciones de la Consejería, consciente de que la relación entre las dos partes atraviesa un momento de máxima tensión.

Ocurre que la empresa recibe miles de millones del Gobierno de Madrid a través de Quirónsalud. Que, al mismo tiempo, y a través de Quirónprevención, ha sido el principal cliente de la empresa del novio de la presidenta regional, Alberto González Amador, investigado judicialmente por sus negocios durante la pandemia. Que ese caso ha puesto bajo los focos la relación del empresario con uno de los directivos del grupo, y ha llevado a la imputación de la pareja de este. Y que esa suma de polémicas solo ha alimentado las sospechas de la oposición.

Donde está la riqueza

“Aquí lo que hay es ingeniería contable”, dice Ana Cuartero, de Vox, sobre la diferencia entre lo presupuestado y lo pagado. “Saben perfectamente lo que deben, y lo van haciendo explícito a medida que tienen ingresos que usar para pagarlo”, añade. “Saben perfectamente que van a gastar más de lo que presupuestan y también que pueden usar créditos de gasto corriente para ello. Por eso todas las promesas incumplidas, como las ampliaciones de hospitales, financian este desvío entre lo presupuestado y lo gastado”.

Esto dice al respecto José Manuel Freire, que fuera consejero de Sanidad del País Vasco y diputado del PSOE en la Asamblea. “Lo que presenta el gobierno en la Asamblea es una tomadura de pelo política”, se queja sobre los Presupuestos. “Las diferencias entre lo presupuestado y lo liquidado, al igual que las grandes diferencias entre lo liquidado en un ejercicio y otro, es una prueba clara de la gran opacidad en la rendición de cuentas de estos hospitales”, añade. “La gran opacidad y falta de transparencia en las cuentas de los hospitales concesionados madrileños y en el concierto de la UTE-FJD son un gran escándalo que alimenta la sospecha de que estamos ante un sistema diseñado para favorecer a los operadores privados de la sanidad pública madrileña”.

Tras pagar 5.000 millones de euros a Quirón en seis años de gobierno de Ayuso, y reducir su deuda con esta compañía de 1.000 a 455 millones, el ejecutivo regional lo niega. Nadie, sin embargo, olvida una frase lapidaria. La dijo Stephan Sturm, consejero delegado de Fresenius, en 2016, cuando su compañía adquirió QuironSalud deslizando que el negocio de la sanidad pública era jugosísimo: “[Quirón] está presente donde están los habitantes y donde está la riqueza”.