Imputada la esposa de un ejecutivo de Quirón por el supuesto soborno de la pareja de Ayuso

La jueza que investiga a la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha citado como investigada a la esposa de un ejecutivo de Quirón por aceptar un pago sospechoso de medio millón de euros. Gloria Carrasco deberá comparecer el jueves 19 de junio a las 10.00 en los juzgados de la plaza de Castilla, según un auto fechado este miércoles al que ha accedido EL PAÍS y que se conoce después de una declaración judicial en abril del novio de Ayuso, el empresario Alberto González Amador, en la que trató de justificar la operación. Esta imputación era esperable porque los sobornos son “delitos bilaterales”. Por ahora, no ha sido citado el esposo de Carrasco, el presidente de Quirónprevención, Fernando Camino.

La declaración de Carrasco se enmarca en la pieza separada por la que se investigan los negocios de las consultoras de calidad sanitaria de Amador, cuyo principal cliente ha sido durante años Quirónprevención. La operación sospechosa data de diciembre de 2020 y consistió en la compra por parte de Amador de una empresa de estética administrada por Carrasco, Círculo de Belleza SL, que carecía de actividad y patrimonio, según los informes de la Agencia Tributaria.

Amador le dijo el 10 de abril a la jueza que el valor de la empresa residía en la red de contactos de Carrasco con farmacias de toda España, según fuentes conocedoras de su declaración. Alegó que pretendía lanzar el proyecto “Covid seguro”, que iba a consistir en ofrecer un certificado de calidad a esas boticas. Sin embargo, nunca puso en marcha ese plan. En su lugar, le cambió el nombre a la empresa por el de Masterman & Whitaker y luego, según las inspectoras de Hacienda, intentó usar esa sociedad con fines defraudatorios en su actividad usual, la de consultoría sanitaria.

La Fiscalía y las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid creen que aquella compraventa se debía a los supuestos favores que Amador le debía a Camino, el ejecutivo de Quirón. Ambos habían hecho negocios desde años antes. En concreto, meses antes de esa operación de 2020, en la primera ola de la pandemia, Amador se embolsó dos millones de euros como intermediario en una compra de mascarillas por parte de otra empresa en la que Camino es consejero, la gallega Mape.

La magistrada es María Inmaculada Iglesias, titular del juzgado de instrucción número 19 de Madrid, quien examina la posible comisión de los delitos de corrupción en los negocios (el soborno del ámbito empresarial) y administración desleal (daño a un capital administrado). Al margen de este procedimiento, Iglesias ha procesado recientemente a Amador en la pieza que originó el caso en marzo del año pasado, y que versa sobre un supuesto fraude fiscal de 350.910 euros.

La jueza ha destacado en su auto que tres meses antes de la compraventa por Amador, en septiembre de 2020, Carrasco pagó solo 16.000 euros a su marido y a su hermano por el 40% de las acciones, y así se hizo con todo el capital. “En tres meses el valor de la participación tuvo un incremento superior al 1.000%”, destaca el escrito.

La jueza Iglesias adelanta en su auto que tras la declaración de Carrasco decidirá qué hacer con otras pruebas solicitadas por la acusación popular de PSOE y Más Madrid, quienes además de haber pedido la imputación de Camino han solicitado informes de las unidades especializadas en delitos económicos de la Policía y la Guardia Civil, la UDEF y la UCO. Esto podría ser relevante porque la jueza dejará el juzgado por jubilación el 17 de julio, y existe incertidumbre sobre si el juez heredero impulsará esta pieza o la dejará caer.

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