El Congreso tumba el ‘decreto antiapagón’ del Gobierno con los votos de PP, Vox, Junts y Podemos

El Gobierno ha sufrido este martes un revolcón relevante en la votación de uno de los decretos más trascendentes que se han discutido en el último pleno de este periodo de sesiones en el Congreso ante la amplia derrota de las medidas planteadas para reforzar el sistema eléctrico tras el apagón sufrido en España el pasado 28 de abril. El decreto ley ha sido tumbado por 183 votos en contra y 165 a favor. Al voto negativo de PP, Vox y UPN se ha sumado la oposición de Junts y de los cuatro diputados de Podemos —cada vez más enfrentados con todo lo que significa la mayoría que invistió hace dos años al presidente Pedro Sánchez—, el del BNG y de Chunta Aragonesista, que ha roto así la disciplina de voto de Sumar. El PP se reservó hasta el final su voto para dotar de más suspense y expectación al complejo escenario político que se observa cada vez más en el Congreso. La mayoría de los demás puntos en discusión, sin embargo, sí salieron adelante, algunos tan importantes como las entregas a cuenta anticipadas a las autonomías para financiar los servicios públicos que el PP sí apoyó.

El decreto antiapagón planteado por el Ejecutivo pretendía poner en marcha algunas medidas para evitar un teórico nuevo apagón en todo el país, después del peor incidente del sistema eléctrico ocurrido el pasado 28 de abril. La normativa debía suponer un balón de oxígeno para la inversión en renovables en un momento crítico donde los grandes capitales están dudando mucho en apostar por las energías verdes en España. Fuentes del sector y consultores expertos advertían de que si decaía el decreto se podrían esfumar alrededor de 3.000 millones de euros, ya que este próximo jueves 24 de julio vence un hito administrativo clave para estos proyectos.

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, demandó en su exposición en defensa de la norma “responsabilidad y altura de miras” a todos los grupos y enfatizó que en la misma se habían introducido, con diálogo y consenso, la mayoría de las reformas contenidas en el informe de los expertos encargado tras el apagón y muchas de las propuestas que le habían hecho llegar los grupos con los que se ha reunido en estas semanas. El PP se negó a participar en esa ronda.

La formación de Alberto Núñez Feijóo justificó su oposición con que hasta el momento “no ha habido una sola dimisión o cese tras quedar nuestro país sin electricidad durante 24 horas”. Los populares han aprovechado ahí para avanzar que presentarán su propia proposición de ley, en coordinación con las comunidades autónomas, “para garantizar las inversiones que nuestro país necesita en materia de energía” y apuntan que ahí confían en contar con el apoyo de la Cámara.

El PP no desperdició la ocasión para rememorar que el Gobierno está en precario y que ya tuvo que retirar del pleno la llamada ley Bolaños de modernización de la justicia y la rebaja de la jornada laboral al margen de los acuerdos entre empresarios y trabajadores. Y concluyen que ante las negativas al decreto antiapagón de Podemos, Junts y BNG “Pedro Sánchez no habrá conseguido ni uno solo de sus objetivos. LA DERROTA ES TOTAL”.

Fuentes de Junts en el Congreso han confirmado por su parte su voto en contra y le ha recordado al Gobierno que sus escaños “no son un cheque en blanco” y deben negociar en serio sobre todo. Junts también rechazará el decreto de Hacienda por el que se adoptan medidas relativas a los recursos de los sistemas de financiación de los gobiernos autonómicos. “Si se llega a un acuerdo, se cumple. Si se cumple, nosotros estamos. Cuando no quieren cumplir, ya se buscan los votos en otro lado”, explicó su portavoz, Miriam Nogueras, desde la tribuna. Fuentes de la formación lanzaron un nuevo aviso al Gobierno para que se “ponga las pilas” para lograr que se aplique la ley de amnistía. “Que hagan lo que tengan que hacer. Con todo aparcado es imposible dar un paso más”, sentencian.

Podemos argumentó su negativa en que el Gobierno oculta algunas responsabilidades en el apagón del oligopolio de las grandes compañías energéticas, que cree que mandan más que el propio el Ejecutivo y no fija sus obligaciones ni que implementen sistemas de compensación ni establece multas para sancionar comportamientos temerarios o corruptos. No ven ningún cambio sustancial en el decreto.

A esa posición en contra se agregó durante el debate el diputado del BNG, Néstor Rego, al considerar que el decreto propuesta entregaba más poder a las grandes empresas eléctricas y ahonda en un modelo de transición energética “insostenible y al servicio del oligopolio”. Rego denunció que la reforma permitía a “las empresas decidir libremente dónde instalar parques eólicos, fotovoltaicos o hidroeléctricas reversibles, sin garantías ambientales ni participación social”.

El diputado de EH Bildu, Mikel Otero, se encargó de replicar muchos de esos argumentos más que la propia vicepresidenta al alertar del “gran error de bulto” de tumbar ese decreto “para mucha gente” cuando se han conseguido introducir muchas mejoras “efectivas en la buena dirección” en la negociación para el sector eléctrico y para las renovables.

En el Ejecutivo sitúan esa oposición de Podemos en razones más de estrategia política que de fondo y recuerdan que esa formación no quiso participar en la ronda de contactos de Aagesen con todos los partidos. En el Gobierno remachan ahí que no tiene mucho sentido que Podemos esgrima que las medidas del decreto no evitarían un nuevo apagón cuando son las mismas expuestas en el informe de los expertos encargado tras lo ocurrido el 28 de abril y constatan que no están entregados a ningún oligopolio energético cuando han sido las eléctricas las que han llevado al Ejecutivo a los tribunales. También alegan que las propuestas serán bastante razonables cuando tienen el aval de las organizaciones ecologistas como Greenpeace o de las patronales y las compañías renovables.

En el Gobierno confiaban en que la presión de las diferentes patronales ayudara a convencer a Junts y PP de que las reformas previstas son buenas para evitar futuros apagones. No ocurrió así. En el Ministerio de Transición Ecológica han acumulado en estos días respaldos de las empresas industriales y las patronales, pero también de organizaciones ecologistas tan prestigiosas como Greenpeace. El PP resultaba así fundamental para no tumbar esa propuesta.

Lo que el PP sí refrendó, finalmente, fue la convalidación del real decreto aprobado por el Gobierno el 17 de junio para facilitar las entregas a cuenta a las autonomías para que puedan financiar los servicios públicos. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado y presumido de las cifras récord aportadas en esas entregas a cuenta con el nuevo sistema de aportaciones, lo ha desvinculado de la no presentación de los Presupuestos Generales del Estado y ha interpelado al PP para que lo respaldase, teniendo en cuenta que ese partido controla y gobierna en la mayoría de autonomías y ayuntamientos.

Las entregas a cuenta se suelen calcular con un índice de evolución aplicable en la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado y deberían haber quedado resueltas si se hubieran presentado y aprobado los Presupuestos Generales del Estado para 2025, algo que el Ejecutivo no ha podido plasmar, y también fueron bloqueadas cuando el Gobierno intentó sacar adelante la aprobación de esas entregas a través de otro decreto ómnibus en enero. El Gobierno confiaba en que ahora, al llevar el asunto en solitario, el PP le prestase su apoyo, que es lo que ha confirmado durante el debate el diputado popular Pedro Puy, aunque ha cuestionado que esa actuación constataba una triple anomalía al llegar sin los Presupuestos, al no entregarse en tiempo y forma al inicio del año y al no cumplir así el PSOE su programa. La mayoría de los socios habituales del Ejecutivo han anunciado también su respaldo, aunque la votación se registrará al final de la jornada.