Devuelto al país del que huyó: un venezolano deportado a El Salvador tenía una orden judicial que exigía su regreso a Estados Unidos

Daniel Lozano-Camargo huyó de Venezuela siendo un menor. Cruzó la frontera sur de Estados Unidos solo y de forma irregular con 17 años en 2022. Estuvo en un centro de detención para menores hasta que cumplió la mayoría de edad, y, al salir, presentó una solicitud de asilo. El joven estaba protegido de la deportación mientras esa petición permaneciera abierta, pero en marzo pasado fue deportado a El Salvador por el Gobierno de Donald Trump sin que su caso se resolviera. Un tribunal federal exigió en abril su retorno a suelo estadounidense al considerar que había sido expulsado indebidamente, pero Lozano-Camargo permaneció encarcelado en el país centroamericano hasta la semana pasada, cuando fue devuelto a su país natal, al mismo del que se escapó siendo niño, bajo un canje entre Estados Unidos, Venezuela y El Salvador. Su caso de asilo sigue abierto.

Lozano-Camargo regresó a Caracas el pasado 18 de julio junto al grupo de más de 200 venezolanos que Nayib Bukele entregó a Nicolás Maduro en un intercambio de prisioneros estadounidenses detenidos en Venezuela y presos políticos del país sudamericano. Los hombres pasaron cuatro meses encarcelados en una infame megacárcel salvadoreña tras haber sido deportados por Estados Unidos a mediados del pasado mes de marzo, acusados de pertenecer a la banda trasnacional Tren de Aragua, la cual el Gobierno de Trump ha designado como una organización terrorista.

Tras el canje, la defensa de Lozano-Camargo, identificado solo como “Cristian” en documentos y procedimientos judiciales, no sabe dónde está ni cómo ponerse en contacto con él, sus abogados indicaron durante una audiencia judicial el martes. “Lo devolvieron al país del que justamente está buscando asilo”, sin proporcionar ningún aviso a su equipo legal hasta después del hecho, dijo el letrado Kevin DeJong ante el tribunal. “Cristian fue un peón en este plan, no sé cómo decirlo de otra manera”, añadió. “Fue un peón en este acuerdo de intercambio de prisioneros”.

La jueza federal de distrito de Maryland Stephanie Gallagher ordenó a finales de abril que la Administración de Trump facilitara el retorno de Lozano-Camargo al considerar que el joven de 20 años había sido deportado ilegalmente, citando el mediático caso del salvadoreño Kilmar Abrego García, quien también fue expulsado a El Salvador pese a contar con una orden judicial que lo prohibía. En el caso de Lozano-Camargo, consideró la magistrada, el venezolano fue removido del país en violación de un acuerdo legal que ella misma había aprobado en 2024, que impedía a las autoridades de inmigración expulsarlo mientras su solicitud de asilo estuviera pendiente. Dicha resolución fue alcanzada en noviembre del año pasado por el Gobierno de Joe Biden para resolver una demanda colectiva de 2019 presentada por un grupo de migrantes que ingresaron al país como menores no acompañados en busca de asilo.

La Administración de Trump, sin embargo, se negó a acatar la orden de la jueza, argumentando que su retorno era innecesario, ya que aunque el inmigrante fuera devuelto a Estados Unidos y su solicitud de asilo prosiguiera, la misma sería denegada porque el joven supuestamente forma parte de una “banda terrorista violenta”. El Gobierno del republicano invocó una ley de 1798 prevista para tiempos de guerra, la de Enemigos Extranjeros, que permite la expulsión acelerada de extranjeros considerados una amenaza a la seguridad del país, para deportar a los 252 venezolanos. Sin embargo, nunca aportó pruebas definitivas para probar sus vínculos con el Tren de Aragua. La defensa y la familia de Lozano-Camargo sostienen que el joven jamás ha tenido nada que ver con la banda criminal.

La magistrada Gallagher pidió el martes a los abogados del Gobierno que ayudaran a la defensa a contactar con el joven. Pero la abogada del Departamento de Justicia, Ruth Ann Mueller, no pudo confirmar ni siquiera dónde en Venezuela acabó después del canje. “Es una situación que evoluciona rápidamente”, sostuvo. A la vez, argumentó que el caso debería ser desestimado, ya que el asunto ahora es irrelevante, dado que Lozano-Camargo fue liberado. Añadió que facilitar su regreso “se ve muy diferente ahora que está en Venezuela”.

No obstante, la jueza indicó que los acontecimientos recientes no significan que el tribunal vaya a “abandonar” sus esfuerzos por asegurar el regreso del joven a Estados Unidos. Gallagher siempre ha argumentado que este no es un caso sobre si Lozano-Camargo recibirá asilo o no; “la cuestión es, y siempre ha sido, el proceso” al que el venezolano tenía derecho, señaló en una audiencia en mayo. Sus abogados anunciaron el martes que planean presentar una moción solicitando sanciones contra la Administración de Trump por no cumplir con las órdenes del tribunal, argumentando que las acciones del Gobierno deberían ser motivo suficiente para declararlo en desacato penal.