Un acuerdo entre la defensa y la fiscalía aplaza al menos por 30 días la deportación de Kilmar Abrego García
Los abogados del salvadoreño deportado por error y devuelto a Estados Unidos piden al juez que lo mantenga bajo custodia en Tennessee, donde espera el juicio por tráfico de migrantes


Los fiscales de la Administración Trump y los abogados de Kilmar Abrego García han llegado a un acuerdo para mantener al salvadoreño bajo custodia durante un plazo de 30 días, lo que supone que el detenido no será deportado en ese tiempo. Así lo ha comunicado la defensa en una petición enviada al juez que debe decidir si le concede la libertad mientras espera el juicio. El salvadoreño, que fue deportado por error a El Salvador en marzo y devuelto a Estados Unidos en junio, está acusado del transporte ilegal de migrantes indocumentados en Estados Unidos, y se encuentra en la actualidad bajo custodia en Tennessee.
El acuerdo entre la defensa y el Departamento de Justicia atrasa por el momento los planes de la Administración de deportarle a un tercer país, que podría ser México o Sudán del Sur. En una presentación presentada ante el juez de distrito Waverly Crenshaw, los abogados de Abrego García dijeron que el acuerdo le brindará a su cliente tiempo adicional para evaluar sus opciones legales.
El Gobierno había pedido a Crenshaw que revoque la orden de la magistrada de Tennessee Barbara Holmes de liberar a Abrego García en espera del juicio. Holmes había decidido que Abrego García podía quedar en libertad, al determinar que no representaba un riesgo de fuga ni un peligro para la comunidad, pero a petición de los abogados lo mantuvo bajo custodia para evitar que al salir libre fuera detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) habían declarado que, en cuanto fuera liberado, sería detenido de inmediato y, de nuevo, deportado.
“El Gobierno no se opone a esta solicitud, y una demora tan breve no afectará la capacidad de las partes para deliberar sobre la orden de programación propuesta ni para prepararse para el juicio. El Gobierno ha informado a la defensa que continuará presentando pruebas durante este plazo de 30 días, que las partes seguirán colaborando en la orden de programación antes de la fecha límite del 30 de julio de 2025 y que no prevén que se aplace la fecha del juicio del 27 de enero de 2026 debido a esta solicitud”, dijo la defensa en el documento presentado en el tribunal.
El caso de Abrego García se convirtió en un símbolo de las injusticias cometidas en la campaña de deportaciones de Donald Trump después de que la Administración admitiera haberle deportado por error. El salvadoreño contaba con una protección dictada por un juez en 2019 que prohibía su expulsión a El Salvador por un temor fundado de sufrir represalias por parte de las pandillas locales. El Gobierno de Trump se saltó la garantía judicial al deportarlo, alegando que pertenecía al grupo criminal salvadoreño MS-13. El acusado siempre ha negado pertenecer a la pandilla y el Gobierno no ha aportado pruebas de ello.
Abrego García, 29 años, llegó a Estados Unidos con 16 años huyendo de la violencia de las pandillas. Hasta marzo, cuando fue deportado, residía con su mujer y tres hijos en Maryland, donde trabajaba como obrero metalúrgico.
La confusión ha prevalecido en las estrategias que la Administración ha empleado en su caso. Después de que admitiera que la deportación a El Salvador fue un error, el Gobierno, incluido Trump personalmente, empezó una campaña para justificar su expulsión alegando que Abrego García era un delincuente peligroso. Después de asegurar durante meses que el salvadoreño jamás volvería a Estados Unidos y se mantendría en prisión en el país centroamericano, lo hizo regresar el 6 de junio para enfrentar cargos penales. Los abogados de Abrego García han cuestionado los testigos aportados por la fiscalía en el caso penal que enfrenta, ya que han recibido favores —como evitar la deportación— a cambio de su testimonio.
Además del juicio que enfrenta en Tennessee, hay una causa civil abierta en Maryland por su deportación a El Salvador a mediados de marzo. La jueza Paula Xinis debe decidir sobre una petición de la defensa de Abrego García para que una nueva orden lo proteja de ser expulsado del país nuevamente.
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