La jueza procesa a la pareja de Ayuso por fraude fiscal y falsificación de documentos

La jueza ha procesado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por dos delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos. El auto, con fecha de este miércoles pero enviado este jueves a la prensa, supone que la magistrada asume la acusación contra el empresario Alberto González Amador y pone fin a la instrucción. Se trata de la antesala del juicio, aunque esa fase se retrasaría aún unos meses si este interpone recurso ante la Audiencia Provincial. Al mismo tiempo, continúa siendo instruida una pieza separada por un supuesto soborno de Amador a un ejecutivo del grupo sanitario Quirónsalud.

La decisión de la jueza Inmaculada Iglesias acerca el final de la primera investigación contra Amador, que comenzó tras una denuncia de la Fiscalía en marzo del año pasado y dio lugar a un estridente conflicto político. Aunque la presidenta Ayuso ha tachado esta causa de “operación de Estado”, la magistrada ha recogido sin cuestionarlas las pruebas que las inspectoras de Hacienda recabaron contra el empresario durante año y medio para concluir que había defraudado 350.910 euros con ayuda de facturas falsas.

Con su auto, la jueza Iglesias se responsabiliza de la acusación, que hasta ahora había recaído sobre la Fiscalía, Hacienda y las acusaciones particulares de PSOE y Más Madrid. La resolución supone el cierre de la instrucción y da un plazo de diez días a las partes para que soliciten alguna última diligencia de investigación o bien le entreguen su escrito de calificaciones, pidiendo pena o absolución. Tras esto, la jueza debería enviar el asunto a la Audiencia Provincial, el órgano competente para dictar sentencia, pero si los abogados de Amador recurren el auto de este miércoles, su camino hasta el banquillo se retrasaría previsiblemente varios meses.

Amador, dueño de dos consultoras de calidad sanitaria, fue investigado por la Agencia Tributaria entre mayo de 2022 y enero de 2024. En esta última fecha, las inspectoras remitieron el expediente a la Fiscalía Provincial de Madrid al valorar que durante dos ejercicios del impuesto de sociedades había cometido un delito de fraude fiscal por valor de 350.910 euros en concurso con otro de falsificación de documentos mercantiles. Amador usó 15 facturas falsas por valor de 1,7 millones de euros con el objetivo de aumentar ficticiamente sus gastos y así reducir su cuota tributaria, según las inspectoras.

La jueza Iglesias también ha procesado a los empresarios que elaboraron las facturas consideradas falsas. Se trata del mexicano Maximiliano Eduardo Niederer, que expidió dos facturas por un negocio de 600.000 euros en México y otro de casi un millón de euros en Costa de Marfil; y de tres sevillanos del pueblo de Arahal, David Herrera, y los hermanos Agustín y José Ignacio Carrillo Saborido, quienes emitieron 13 facturas por importes menores.

En cuanto al asesor fiscal, el leonés Javier Luis Gómez Fidalgo, la magistrada ha sobreseído las actuaciones contra él al considerar que no existían indicios delictivos. Fidalgo había presentado las autoliquidaciones del impuesto de una de las dos consultoras de Amador, Masterman & Whitaker, que según Hacienda fue usada como sociedad pantalla para declarar menos impuestos. También fue el encargado de defender a Amador durante el año y medio que duró la inspección de la Agencia Tributaria. Hace dos semanas, negó ante la jueza haber cooperado en el fraude fiscal y marcó distancias respecto a las declaraciones de la otra consultora de Amador, Maxwell Cremona, las afectadas por las facturas consideradas falsas.

Posible admisión de culpa

La noticia de este jueves vuelve a abrir la incógnita sobre si Amador se declarará culpable para obtener una condena menor que le permita evitar la cárcel, o si peleará en el banquillo para defender su inocencia, una estrategia más arriesgada. Los abogados de Amador, Carlos Neira y Gabriel Rodríguez Ramos, no han contestado a una pregunta al respecto de EL PAÍS.

Con el pacto de conformidad, Amador reconocería su culpa y conseguiría una pena menor a los dos años, el plazo que faculta a los jueces para suspender la entrada en prisión, siempre que no haya antecedentes penales. Esto parece lo más conveniente debido a que las pruebas contra él parecen concluyentes y la condena a la que se arriesga es elevada. Solo por los dos delitos de fraude fiscal ya se enfrenta a un castigo de entre dos y diez años. El problema reside en que Amador se expone a una segunda condena en la pieza del soborno a Quirón y, si se presenta ese escenario, no se libraría de entrar en la cárcel.

Amador había intentado el pacto antes de octubre pasado, cuando la jueza abrió la segunda pieza. Esa fue su voluntad el 2 de febrero de 2024, cuando su abogado envió el controvertido correo a la Fiscalía para reconocer que “ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda pública”. También buscó ese acuerdo en junio ante la jueza Iglesias −ocho meses de cárcel y un pago de 491.000 euros−, pero el convenio saltó por los aires cuando las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid advirtieron a la magistrada de que el caso no se podía cerrar de ese modo, ya que a su juicio se habían cometido otros posibles delitos.

Con todo, parece que lo primero que hará la defensa de Amador será recurrir el auto de procesamiento ante la Audiencia Provincial. Sus abogados lo avanzan en un escrito de este jueves al que ha tenido acceso EL PAÍS por el que alegan que en este proceso se han lesionado sus derechos fundamentales a la presunción de inocencia, intimidad, defensa y protección de datos.

Aluden a las filtraciones a la prensa y a que no se ha tenido en cuenta la práctica de varias diligencias solicitadas en marzo, entre ellas la declaración de la pareja de Ayuso. En febrero, la jueza lo había citado y él se negó a declarar, pero sus letrados alegan que tomó esa decisión a la espera de la decisión de la Audiencia Provincial sobre si daba vía libre a la segunda pieza. La jueza ha denegado este mismo jueves las pruebas requeridas, según informan fuentes del caso.

El procesamiento de Amador se ha producido poco antes de la jueza Iglesias se jubile para dar el relevo a otro juez, aún desconocido. Iglesias dejará el juzgado el 17 de julio y podría ser relevada temporalmente por un sustituto, que se ocuparía del caso hasta la llegada del titular definitivo. La plaza permanente se decide por antigüedad entre los jueces de toda España que se presenten al concurso de traslado que convoque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Silencio de Ayuso

La noticia ha sido usada por la oposición de izquierdas para cargar contra Ayuso, pero no se ha conocido una reacción inmediata de la presidenta, quien ha optado a lo largo de estos 15 meses por una estrategia cambiante. A veces ha denunciado que se trataba de una operación política contra ella y otras ha evitado contestar, alegando que es el caso de un particular y no tiene nada que ver con su Gobierno. Su pareja denunció por revelación de secretos al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, quien está imputado por la supuesta filtración a la prensa de un correo del caso, publicado después de que el Gobierno de Ayuso difundiera un bulo que dañaba al Ministerio Público.

Fuentes del PP citadas por la agencia EFE han cuestionado a la jueza Iglesias diciendo falsamente que no ha dejado declarar a Amador. En realidad, este se acogió el 24 de febrero a su derecho al silencio. “Ha decidido dar una patada a seguir, ya que se jubila”, dicen estas fuentes, que agregan sin pruebas que el auto es un nuevo “uso del aparato del Estado” contra la presidenta porque el presidente Pedro Sánchez quiere “alargar” el asunto y “tapar todos sus escándalos”.

Más Madrid y PSOE han vuelto a poner el foco sobre Ayuso usando la expresión que ella y su equipo han hecho famosa. La ministra Mónica García, de Más Madrid, ha dicho que “el conseguidor de Quirón va palante”, y el ministro Óscar López, del PSOE de Madrid, ha valorado que “Ayuso va palante por el ático y las residencias”. La líder de Vox en Madrid, Isabel Pérez Moñino ha evitado las críticas diciendo que no quiere hacerle el juego a la izquierda “hasta que no haya una condena”.

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