La Audiencia Nacional pregunta a la Fiscalía si puede investigar a Netanyahu por la detención de un casco azul español en el Líbano

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha preguntado a la Fiscalía si el órgano es competente para abrir una investigación contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Herzi Halevi, y otros mandos militares israelíes por la presunta detención ilegal el pasado 7 de abril de un casco azul español que formaba parte de la misión de la ONU en el Líbano. El movimiento se produce tras una denuncia del partido político Iustitia Europa, que señala que el ataque fue “deliberado” y que ese “acto hostil” contra un ciudadano español no debe quedar impune.

En un escrito con fecha de este viernes, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el magistrado Piña acuerda la incoación de diligencias previas, que es un trámite inicial cuando la denuncia presenta los mimbres necesarios para indagar en una conducta penal. El juez argumenta que los hechos por los que Iustitia Europa interpuso la denuncia presentan “características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”.

Para el partido, lo ocurrido “constituye una flagrante violación” de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y del Derecho Internacional Humanitario. La Fuerza de Naciones Unidas para el Líbano (Unifil) informó el 7 de abril de que, a primera hora de la tarde, un casco azul cuya nacionalidad no identificaba había sido detenido por el Ejército israelí, aunque añadió que este fue liberado menos de una hora después tras las gestiones realizadas por el comandante en jefe de la misión de la ONU, el general italiano Diodato Abagnar, a través de su enlace con el mando militar israelí. “Cualquier detención de un miembro de la misión de paz de la ONU es una flagrante violación de la ley internacional, y cualquier interferencia en su trabajo, una vulneración de la resolución 1.701 de Naciones Unidas”, advirtió Unifil. La ministra de Defensa, Margarita Robles, reveló un día después que fue un militar español y que la detención se prolongó durante algo menos de una hora, pero que hubo comportamientos violentos.

La detención de un soldado de la ONU, un hecho prácticamente sin precedentes, se produjo después de que, a finales del mes pasado, tres militares indonesios de la brigada de Unifil bajo mando español fueran asesinados en dos ataques separados en Líbano.

La denuncia del partido que dirige el abogado Luis Pardo y que fue presentada el 10 de abril exponía una “responsabilidad penal primaria” en los militares que ejecutaron materialmente el secuestro, pero una responsabilidad superior “o de mando” por la que podría actuarse contra Netanyahu. “La responsabilidad del superior se activa cuando este ‘hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber’ que sus fuerzas estaban cometiendo o se proponían cometer esos crímenes”, indica Iustitia Europa. “Dada la tensión recurrente en la zona y los protocolos de enfrentamiento existentes, es inconcebible que la cúpula militar y política no fuera consciente del riesgo de este tipo de incidentes y de la necesidad de impartir órdenes claras para proteger al personal de la ONU”, añade.

Las peticiones al juez para comenzar estas diligencias pasan por un requerimiento a la Interpol y a Europol para que identifiquen al personal israelí que operaba en la zona de Taybeh (Líbano); oficiar al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para que aporten “cuantos informes, interceptaciones de comunicaciones u otras informaciones de inteligencia obre en su poder” sobre este asunto; la declaración como testigo de la ministra de Defensa española; y la declaración del español militar víctima del secuestro, “previa garantía de su protección y seguridad”. Además, se pide un requerimiento al Estado de Israel para que informe si allí existe alguna causa por estos hechos.

Todas estas diligencias están a expensas de conocer qué opina la Fiscalía sobre si iniciar o no el procedimiento. La Audiencia Nacional es, precisamente, el órgano encargado de indagar en todos los asuntos que tengan ramificaciones en el extranjero, así como en los delitos que cometen españoles o que se cometen contra ellos fuera del territorio español.