Begoña Gómez acusa al juez Peinado de una investigación “anormalmente acelerada” y pide que resuelva los recursos

Begoña Gómez mueve ficha ante la decisión del juez Juan Carlos Peinado de dar por terminada la instrucción contra ella y mandar su causa ante un jurado por cuatro delitos de corrupción. La defensa de la esposa del presidente del Gobierno ha presentado un escrito este viernes en el que reprocha al magistrado haber desarrollado una instrucción “anormalmente acelerada” y haber dado por concluido el caso cuando ni siquiera ha resuelto su último recurso, que pide revocar la posibilidad de que el juicio sea por nueve ciudadanos legos en derecho.

El abogado y exministro de Justicia Antonio Camacho expone que, aunque es consciente de que ese tipo de recursos no tienen “efectos suspensivos”, no tiene sentido que el juez siga avanzando sin haber contestado a sus pretensiones. “Lo cierto es que atenta al derecho de defensa de mi representada”, dice. “La continuación del procedimiento penal sin que el órgano judicial haya resuelto los recursos [...] constituye una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión”, añade. Si no contesta, la defensa no puede ejercer “el debido control de las resoluciones judiciales”, reza el escrito.

Tras dos años de instrucción y a escasos meses de la jubilación (en septiembre cumple la edad máxima para seguir siendo juez), el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid dio por finalizada su polémica investigación, y propuso juzgar a Gómez por cuatro delitos: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. También decidió procesar a la asesora en La Moncloa Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés por los mismos tipos delictivos.

Pero Begoña Gómez había recurrido el paso anterior también, el de convertir el procedimiento en un tribunal por jurado. Ahora, le recuerda a Peinado que el derecho de defensa “no se satisface con la mera interposición del recurso, sino que exige necesariamente una respuesta expresa, motivada y en un plazo razonable por parte del órgano judicial”. Y que la omisión de contestación genera “una situación de incertidumbre procesal incompatible con el derecho de defensa”. A su juicio, el procedimiento “continúa avanzando” sin que “se haya depurado previamente la validez o corrección de las resoluciones recurridas”.

Peinado dio a las partes cinco días para que presentaran conclusiones después de considerar que la fase de investigación se ha terminado. Considera que Gómez debe sentarse en el banquillo por haber aprovechado su condición de “esposa de” Pedro Sánchez para lograr que la Universidad Complutense de Madrid creara en octubre de 2020 una cátedra que ella codirigía y de la que pendía un máster. Además, cree que el tráfico de influencias alcanzó a un procedimiento público por el que una de las empresas de Barrabés logró un contrato de la administración cuando en el expediente ella había enviado dos cartas de recomendación. Otra treintena de entidades enviaron ese tipo de misivas.

Asimismo, el instructor añade el desarrollo de un software y la inscripción del dominio de una web a nombre de Begoña Gómez como indicios de delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida. Y sobre la malversación, el magistrado cree que la asesora de La Moncloa fue utilizada para las actividades en la universidad de la esposa del presidente del Gobierno y no únicamente para una labor institucional.