Dos años de vaivenes del juez Peinado en la cuestionada investigación contra Begoña Gómez

El día que se conoció que un juzgado investigaba en secreto los márgenes de la actividad privada de Begoña Gómez en abril de 2024 ni siquiera se sabía con certeza si ella, como tal, figuraba como investigada. Teorías de todo tipo recorrieron titulares de periódicos y tertulias de televisión hasta que un mes después se levantó el secreto de sumario. En el encabezado de aquel auto figuraban dos nombres: el de la esposa del presidente del Gobierno, quien, efectivamente, estaba imputada y el de un juez llamado Juan Carlos Peinado. Dos años después de aquel día, ambos nombres siguen inevitablemente unidos en una investigación que parece acercarse a su fin. Durante este tiempo el magistrado no ha dejado de engordar su vertiente mediática con distintas decisiones polémicas. Peinado se jubilará en septiembre y será recordado como el instructor que trató de imputar a un ministro de Justicia, Félix Bolaños, que acudió a La Moncloa para tomar declaración a un presidente del Gobierno y que pide llevar a juicio a la esposa de este.

El próximo domingo 27 de septiembre, el juez Peinado no podrá escribir ninguna línea más en su currículum. Al cumplir los 72 años tendrá que jubilarse de manera forzosa y, por eso, quienes tenían trato con él señalaban que antes de esa fecha iba a poner todo su empeño para dar por terminada la causa a la que, probablemente, ha dedicado más tiempo en sus últimos años al frente del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid.

Lo que empezó siendo una querella del pseudosindicato Manos Limpias ha terminado engordando, tanto en acusaciones populares —se han unido tres partidos políticos (PP, Vox y Iustitia Europa), un exalcalde del PP (Marco Antonio Caballero), el Movimiento Para la Regeneración Política de España y la Universidad Complutense de Madrid— como en delitos e investigados. Algunos de estos últimos, sin embargo, se han ido cayendo por el camino a golpe de rectificación de la Audiencia Provincial de la capital. Peinado ha imputado en estos meses al rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, al exconsejero autonómico popular y alto cargo del Instituto de Empresa (IE), Juan José Güemes, y al delegado del Gobierno en la capital, Francisco Martín Aguirre. Y todos ellos han sido desimputados por los magistrados que revisan las decisiones en la instancia superior.

Además, el juez se corrigió a sí mismo y sacó de la causa apenas dos semanas después de haberla implicado a Judit Alexandra González, la actual secretaria general de Presidencia y exdirectora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de Moncloa. Al final de este camino judicial, junto a Begoña Gómez, han llegado, por tanto, otros dos investigados: el empresario Juan Carlos Barrabés, que está prácticamente desde el inicio, y la asesora de Gómez en La Moncloa, Cristina Álvarez.

Los hechos que el togado ha aterrizado en este último escrito se circunscriben a distintos estratos de corrupción. Por un lado, un tráfico de influencias en el supuesto uso de su posición privilegiada, muy cerca del presidente del Gobierno, para desarrollar sus actividades privadas en la cátedra y el máster que codirigía en la Complutense. Por otro lado, una corrupción en los negocios privados y una apropiación indebida por el desarrollo que encargó a empresas como Google, Indra y Telefónica de un software que puso a su nombre para emplearlo en su actividad docente. El juez destaca reuniones que tuvo al más alto nivel con directivos de esas mercantiles que no la hubieran recibido de no ser quien era, desliza, y citas de negocios haciendo uso del palacio presidencial. Además, incluye en el entramado delictivo a Barrabés que fue profesor del máster después de que Gómez enviara unas cartas de recomendación (que firmaron otras 32 personas) para que el empresario obtuviera un contrato público.

El último delito que el togado añadió a la lista fue el de la malversación. Un caluroso 18 de agosto en el que implicó también a la asesora de La Moncloa. A su juicio, el dinero por el que se contrató a Cristina Álvarez para asistir a la mujer del líder del Ejecutivo se ha malversado, puesto que ella no se ha limitado al trabajo institucional, sino que ha ayudado a Gómez al desarrollo de su actividad privada. Álvarez es la principal responsable de esta desviación de dinero público, mientras que Gómez, en palabras del togado, es “cooperadora necesaria”. Las defensas niegan que este punto pueda acarrear una condena porque Álvarez no es funcionaria y, según aseguran, no puede ser la titular de una malversación, pero otras fuentes judiciales apuntan que existe jurisprudencia que refiere que cualquier persona que maneje fondos públicos puede malversar.

En total son cuatro delitos. Por el camino se ha caído uno, el de intrusismo laboral que figuró casi desde el inicio, cuando todo lo de la Complutense se colocó en el foco. El juez creía que el hecho de que Begoña Gómez hubiera firmado unos pliegos de contratación era delictivo, pero los correos en los que los técnicos de la universidad explican a la mujer del presidente cómo hacerlo han diluido finalmente su responsabilidad.

Air Europa, fuera

El magistrado ha tratado de agrandar la causa a lo ancho y a lo alto. A lo ancho, introduciendo elementos como el rescate que el Gobierno entregó a la compañía aérea Air Europa en plena pandemia. Las acusaciones han insistido en que la buena relación que Begoña Gómez tuvo con el que fuera consejero delegado de la compañía Javier Hidalgo pudo motivar la ayuda del Ejecutivo, pero la Audiencia Provincial ha frenado en dos ocasiones los intentos del juez de pedir a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil informes en este sentido. A lo alto, con el intento de imputación del ministro Bolaños. “No hay el más mínimo respaldo indiciario”, contestó el Tribunal Supremo rechazando su petición.

En este tiempo, el juez ha firmado escritos que han sorprendido, incluso, a las acusaciones. Como uno en el que pedía a Bolaños que no hiciera esperar a su coche al acceder a La Moncloa para tomarle declaración; u otro en el que imponía una multa a algunos abogados por hacer declaraciones a la prensa. 500 euros a los de las acusaciones populares y 5.000 al letrado de Begoña Gómez. Resolución que también fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Nulidades

Otros de sus traspiés procesales más sonados sucedieron cuando la Audiencia Provincial anuló su decisión de crear una ramificación de la investigación para indagar específicamente en la malversación de Cristina Álvarez. Los jueces le dijeron que tenía que hacerlo todo junto. O cuando revocaron el auto por el que convertía el caso en un juicio por jurado por un defecto de forma. Peinado tuvo que rehacer ambos asuntos.

Cierto es que la Audiencia Provincial también ha respaldado el núcleo sobre el que se asienta la base de la investigación y ha ido señalando la senda por la que debía trascurrir el togado. No archivó las diligencias tras el recurso de la Fiscalía que nunca ha visto claro ningún indicio en el caso; ni tampoco accedió a dejar fuera del entremado corrupto a la asistenta gubernamental. Los mimbres de la instrucción han sido siempre avalados y esto, apuntan algunas fuentes jurídicas, es garantía de que el juicio contra Gómez es muy plausible.

No obstante, fuentes de las defensas reflejan ahora que el juez se enfrenta a una nueva nulidad porque en el auto con el que acerca a Begoña Gómez al banquillo ha decidido realizar una nueva batería de diligencias. Pide a la empresa Lefebvre-El Derecho que aporte las facturas de los servicios que prestaron para la cátedra; a la Tesorería de la Seguridad Social que entregue la vida laboral y las bases de cotización de Gómez desde julio de 2014 hasta la actualidad; y que se requiera a la Secretaría General de la Presidencia los datos salariales de Cristina Álvarez de los ejercicios de 2025 y 2026. Dichas fuentes citan la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado que expone que no se puede dar por concluida una investigación y en el mismo auto plantear nuevas diligencias que no estuvieran ya pedidas.

Los letrados de los imputados todavía ven partido en este punto para un nuevo revolcón al juez. Ahora tienen cinco días para contestarle y, después, podrán recurrir también esta suerte de procesamiento a la Audiencia Provincial de Madrid. Algunas de estas voces recalcan que subsanar todos estos flecos puede llevar meses por lo que, quizás, el magistrado no pueda presenciar el punto y final de la causa. Habrá que ver si Peinado puede anotar en las últimas líneas de su trayectoria laboral una posible apertura de juicio oral para Begoña Gómez. Desde luego será, eso sí, el único que cuente en su historial que un presidente del Gobierno se ha querellado contra él. Y que ha ganado ese pulso.