La defensa de Begoña Gómez pide al juez que archive el caso: “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”

El juez Juan Carlos Peinado ha seguido su costumbre y ha dedicado otro miércoles de Semana Santa a escuchar a las defensas y acusaciones del caso Begoña Gómez. El trámite tampoco era nuevo. Una mera formalidad para comunicarles que, si llega a juicio, será ante un jurado popular. Las partes no se han salido del guion. Los investigados ―la mujer del presidente del Gobierno, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés― no han acudido y han dejado su defensa en manos de sus abogados, que han exigido el archivo definitivo del caso, al igual que la Fiscalía. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha manifestado el letrado de Gómez ante el juez, según fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS. Las acusaciones, en cambio, han reclamado al instructor que ahonde en la investigación y encargue nuevas diligencias.

Anticipando un nuevo rechazo de sus pretensiones, las defensas de Gómez y Álvarez han solicitado a Peinado que, si decide seguir adelante con la causa, acepte varias diligencias. El abogado de la mujer de Sánchez, el exministro Antonio Camacho, ha reclamado la declaración como testigo de José Manuel Ruano, el director de la cátedra que codirigió Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y que le permita aportar tres informes periciales. Uno de ellos, para analizar la figura del cónyuge del presidente del Gobierno con el objetivo de acreditar que tradicionalmente todas las parejas han contado con un asistente que les ayudaba en sus asuntos; otro, sobre el funcionamiento de las cátedras extraordinarias de la UCM; y un tercero, sobre el supuesto perjuicio económico al centro universitario.

Camacho ha aprovechado su intervención para reiterar que no hay fundamento para investigar ninguno de los cinco delitos que Peinado atribuye a Gómez: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo profesional. El letrado ha denunciado este "déjà vu", describiéndolo como una auténtica “pesadilla” debido a la falta de garantías que entiende que domina la causa. En este sentido, ha alertado de que se persigue “otra cosa” que no es Justicia, reprochando directamente la que entiende como ausencia de imparcialidad del instructor. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha lamentado, según fuentes presentes en la vista.

Por su parte, el abogado que defiende a Álvarez, José María de Pablos, ha solicitado a Peinado que reclame a La Moncloa un certificado sobre su cliente que acredite el cumplimiento de sus funciones. En su turno, el fiscal José Manuel San Baldomero ha abogado otra vez por archivar la causa. En un escrito aportado este mismo miércoles, ha lanzado que “tras casi dos años de investigación”, “quizás” puedan analizarse ―“siquiera sea para desecharse”― las alegaciones de descargo que se han presentado en este tiempo. “No es ocioso recordar el artículo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la necesidad de que autoridades y funcionarios intervinientes en el procedimiento penal consignen y aprecien tanto las circunstancias adversas como favorables al presunto reo”, ha subrayado.

En el otro extremo, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han propuesto a Peinado que requiera la vida laboral completa de Gómez hasta la fecha; una actualización del salario que cobra Álvarez; y que solicite a la plataforma Lefevbre información sobre una reunión relacionada con el software desarrollado en el marco de la cátedra, de la que ya informó Making Science ―otra empresa que participó en el proyecto―, indicando que la asesora de Gómez era una de las intervinientes.

Hacia un juicio con jurado popular

Es la segunda vez que el juez hace este trámite. Ya en septiembre, cuando el procedimiento se dividía en dos piezas, informó a la esposa del presidente del Ejecutivo de que, si el caso por malversación iba a juicio, la juzgaría un jurado popular y no un tribunal conformado por jueces. Luego, unificó la investigación y avisó de que toda la causa seguiría el mismo rumbo. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid le corrigió y le avisó de que, si quería mantener esa línea, debía justificarlo con argumentos suficientes.

Peinado respondió a mediados de marzo con una resolución de 47 páginas en la que insistió en que existe una “verosimilitud delictiva” suficiente para encausar a los sospechosos. Reiteró que Gómez se ha aprovechado de su condición de esposa del presidente del Gobierno y líder del PSOE para beneficiarse de un cambio “radical” en su trayectoria profesional y que su asesora ha realizado “actuaciones completamente ajenas a las funciones institucionales de la Presidencia”. La defensa recurrió la decisión y aseguró que todo eran “meras conjeturas”.

La causa estalló en abril de 2024 a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias pero desde entonces se ha ido ampliando con querellas impulsadas por Hazte Oír y Vox. Por un lado, Peinado investiga la actividad profesional de Gómez con empresarios y la UCM. Por otro, investiga si se produjo un desvío de dinero público al contratar a Álvarez como su asesora en La Moncloa para que colaborase con su actividad institucional y con su “actividad privada”, una tesis que ambas han negado.