España cerrará a los venezolanos la vía exprés de regularización de la que gozaban desde 2018

España pondrá fin en junio a la vía que desde 2018 ha permitido a decenas de miles de venezolanos regularizar su situación casi automáticamente. El Gobierno dejará de conceder de forma sistemática permisos de residencia por razones humanitarias a este colectivo, cerrando así uno de los mecanismos más singulares —y menos discutidos— del asilo español. Tras años de debate interno sobre qué hacer con los venezolanos, que han llegado a copar el sistema, el Ejecutivo ha optado por devolverlos al canal ordinario que debe seguir cualquier inmigrante. La decisión se ha cristalizado en plena tramitación de la regulación extraordinaria de inmigrantes que está preparando el Gobierno tras un acuerdo alcanzado con Podemos, por la cual podrán acogerse a ella quienes acrediten estar en España antes del 31 de diciembre de 2025, carecer de antecedentes penales relevantes y haber permanecido en el país al menos cinco meses en el momento de la solicitud.

Fuentes gubernamentales defienden que se trata de un cambio de forma, pero no de fondo. “Las razones humanitarias de venezolanos o de cualquier otra nacionalidad se tramitarían por un nuevo cauce”, explican estas mismas fuentes. En la práctica, esta decisión no es una noticia positiva para los venezolanos que pensaban emigrar a España. Para todos ellos, los trámites se complicarán, ya que en la práctica las autorizaciones por razones humanitarias son residuales y suelen estar vinculadas a circunstancias muy concretas, como las médicas, por lo tanto, desaparece una vía privilegiada de la que gozaban dentro del sistema.

Desde que se abrió esta puerta específica en 2018, España ha concedido en torno a 240.000 autorizaciones de este tipo a ciudadanos venezolanos. En algunos años, supusieron más del 95% —y en otros prácticamente el 100%— de todos los permisos por razones humanitarias que se concedieron. Las cifras han ido variando, pero durante años se movieron en torno a las 40.000 concesiones anuales. En 2025, el número creció hasta llegar a alcanzar las 50.000.

El funcionamiento del proceso era relativamente sencillo. Los venezolanos solicitaban asilo y entraban en el circuito de protección internacional. En lugar de recibir el estatuto de refugiado, obtenían una autorización de residencia por razones humanitarias. No era asilo en sentido estricto, pero operaba dentro de ese mismo sistema. Ese permiso tenía una duración de 12 meses, renovable por otros 12, y permitía trabajar y residir legalmente en España. En la práctica, era una salida administrativa para miles de expedientes que no encajaban en la definición clásica de refugiado, pero que tampoco podían resolverse con una devolución. Esos dos años de residencia legal abrían además la puerta a una regularización más estable y, con el tiempo, a la nacionalidad.

El principal problema es que lo que comenzó como una excepción para miles de personas —justificada por el Gobierno en el deterioro de la situación que se estaba produciendo en Venezuela— terminó convirtiéndose en un canal estructural. Y acabó colapsando.

A la acumulación de decenas de miles de solicitudes anuales se sumó la falta de recursos para gestionarlas. El sistema se tensionó en todos sus niveles: desde la obtención de citas para iniciar los trámites hasta la resolución de expedientes. Con el tiempo, el caso venezolano dejó de ser un episodio más dentro del complejo y lento proceso para lograr el asilo para convertirse en uno de sus principales embudos.

Esta nacionalidad ha concentrado una parte significativa —en algunos momentos, más del 60%— de las solicitudes presentadas en España. Y en algunos años, hasta el 80% o el 90% de las resoluciones favorables no fueron concesiones de refugio, sino permisos por razones humanitarias otorgados casi exclusivamente a venezolanos. Buena parte de la tasa de reconocimiento que España proyectaba en protección internacional descansaba sobre este mecanismo. Sin los venezolanos, ese porcentaje caía a niveles bajos, en torno al 5%-12%, lo que dejaba los datos por debajo del entorno europeo.

La decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez se da en un contexto marcado por varios factores. Por un lado, la evolución de la situación política en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, que ha alterado el escenario que justificó en su momento este tratamiento excepcional. Entonces se inició un proceso de transición tutelado por Estados Unidos, aunque la antigua vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, sigue en el poder y el camino hacia el desenlace de la profunda crisis social y política aún no está despejado. Esto se suma a la adaptación al nuevo marco europeo, más restrictivo en materia de asilo, cuya aplicación arranca en junio de 2026.

Y, sobre todo, la presión acumulada sobre el sistema con la cantidad de solicitudes recibidas. En el Ministerio del Interior están convencidos de que una parte importante de las solicitudes de la mayoría de las nacionalidades no respondía a persecución real, sino a una vía de entrada para la regularización. Y, bajo esa premisa, el departamento de Fernando Grande-Marlaska llevaba tiempo buscando cómo hacer menos atractiva la vía del asilo para descongestionarla. Primero fue el cambio del reglamento de extranjería el pasado mayo, endureciendo las condiciones para regularizarse tras solicitar asilo. Ahora llega el cierre del paraguas para los venezolanos.

La política de acogida ha convertido a España en uno de los principales destinos de la diáspora venezolana fuera de América. La comunidad se ha disparado en pocos años. Según el INE, en 2018 vivían en España algo más de 255.000 personas nacidas en Venezuela. Ahora son cerca de 700.000, de las cuales más de 250.000 tienen nacionalidad española. Solo en 2024, 35.403 venezolanos adquirieron la ciudadanía. En pocos años, la presencia venezolana se ha multiplicado en todo el territorio.

España se ha volcado con los venezolanos en lo humanitario, mientras ha mantenido una política exterior más contenida frente al régimen chavista. Mientras el PP reclamaba mayor contundencia tras las elecciones de 2024 en las que Nicolás Maduro se autoproclamó ganador, el Gobierno ha optado por mantener el diálogo con Caracas.

Esa postura ha sido criticada por la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, que ha acusado recientemente a España de falta de implicación y ha advertido que “la historia juzgará” su papel. Sin embargo, el papel de España también ha sido el de convertirse en uno de los principales destinos del exilio político venezolano y uno de los países europeos que más ha absorbido esta migración.

Edmundo González, que según las actas ganó las elecciones presidenciales de ese año, se instaló en Madrid tras la represión que desató tras aquellos comicios. Otro ejemplo es el de Leopoldo López, que permaneció durante meses en la residencia del embajador español en Caracas antes de que el diplomático lo ayudase a salir del país en 2020. Ayer el Consejo de Ministros le concedió la nacionalidad por carta de naturaleza en un procedimiento reservado para unos pocos.

El cierre de esta vía plantea, en definitiva, un cambio para la inmensa mayoría de los venezolanos. Durante años, la respuesta dentro del sistema de asilo era previsible: aunque no hubiera refugio, había permiso. A partir de junio, el tratamiento será el de cualquier otro extranjero.