Maduro comparece por segunda vez ante el juez en Nueva York acusado de “narcoterrorismo”

El depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, regresan este jueves al tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York para una segunda audiencia tras su captura en enero, como parte de un proceso que se prevé largo y tortuoso y en el que sus abogados denuncian el “bloqueo ilegal” de los fondos venezolanos precisos para pagar su minuta, lo que privaría a la pareja de elegir libremente a sus letrados.

Maduro y Flores comparecerán ante el veterano juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años, acusados de cuatro cargos de narcoterrorismo y posesión de armas de los que ya se declararon “no culpables” en la primera audiencia, en enero. En la vista oral de este jueves —prevista inicialmente para el pasado día 17— se espera que se empiece a debatir la validez de las pruebas sobre las que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha fundamentado el caso, pero también se definan las líneas y alegatos de los abogados.

La audiencia será clave para determinar si el juez Hellerstein acepta las peticiones de la defensa y la fiscalía o si el calendario procesal sigue su curso hacia un juicio que los expertos pronostican que no empezará hasta dentro de uno o dos años, cuando el juez tendría 94 años. Según The New York Times, el magistrado fue visto quedándose dormido durante una vista el año pasado, lo que suscita dudas sobre su capacidad para conducir un proceso que se prevé largo y de extrema complejidad técnica. Uno de los nudos gordianos será si se puede juzgar a un mandatario sacado por la fuerza de su país, es decir, si a Maduro le asiste o no la legalidad internacional.

La defensa presentó el jueves una nueva moción ante el tribunal en la que insiste en que se desestimen los cargos de narcoterrorismo y cuestionan directamente los argumentos del Gobierno de EE UU. Maduro y Flores alegan no tener recursos propios para pagar su defensa privada y denuncian que se les impide usar fondos del Estado venezolano al no ser reconocido ya como jefe de Estado.

La moción, firmada por Barry Pollack, representante legal de Maduro, y Mark Donnelly, abogado de Flores, sostiene que el bloqueo de fondos impuesto por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE UU, que el 9 de febrero revocó una licencia inicial para liberar el pago, vulnera la Sexta enmienda de la Constitución de EE UU, y ello “interfiere directamente con el derecho de la pareja a elegir al abogado de su preferencia”. “El Gobierno de Venezuela tiene la obligación de pagar los honorarios del señor Maduro”, insiste Pollack.

Además, el caso dio una nueva vuelta de tuerca el lunes, cuando el Gobierno de Estados Unidos, a través del fiscal encargado del caso, Jay Clayton, pidió al juez Hellerstein una orden de protección, o confidencialidad, sobre el material probatorio para que no comparta con la defensa algunas evidencias. Los abogados de Maduro y Flores la aceptaron en su mayor parte… excepto un párrafo clave: el número 13, que les impide compartir las pruebas con los otros cuatro coacusados en el caso, todos prófugos de la justicia estadounidense. Se trata del ministro del Interior, Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, Nicolás Maduro Guerra —hijo del presidente— y Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero y presunto líder de la organización criminal Tren de Aragua.

Cuatro coacusados, en libertad

Ninguno ha pisado jamás un tribunal estadounidense. Maduro Guerra se ha manifestado esta semana en Caracas, mediante un vídeo en la red social X, para decir que su padre “está muy bien”, con “mucho ánimo” y “fuerza” pese a las duras condiciones de reclusión en la cárcel de Brooklyn donde está preso desde principios de enero. “Vamos a ver a un presidente delgado, atleta, está haciendo ejercicio todos los días”, dijo el diputado. Sobre Cilia Flores, destacó que está “firme y alerta”.

El argumento de la fiscalía para pedir la máxima reserva sobre pruebas del caso es contundente: estos cuatro coacusados, que se encuentran en libertad en el extranjero, podrían identificar a los testigos y, “a través del aparato del Estado venezolano”, arrestarlos, amenazarlos o causarles mayor daño. En su carta a Hellerstein la fiscalía cita como precedente el caso de militares venezolanos detenidos en 2006 para encubrir un cargamento de cocaína vinculado a Maduro y Cabello. Los oficiales habrían sido arrestados para desviar el foco de atención del caso.

Si el juez Hellerstein aprueba la orden de protección, el tribunal de Nueva York controlaría qué información llega — y cuál no llega — a figuras que siguen ejerciendo poder en Venezuela. Pero si la rechaza, los abogados de Maduro y Flores podrían compartir libremente los documentos del caso con Cabello, Rodríguez Chacín, Maduro Guerra y Guerrero Flores sin que el tribunal pueda sancionarlo. La defensa tiene la intención de recurrir la solicitud del fiscal, como muy tarde, el 30 de marzo, lo que podría provocar una nueva demora. Los tribunales suelen dictar órdenes de protección como un “medio para proteger la identidad de los testigos”.

En su carta al juez, Clayton, en su día presidente del regulador bursátil estadounidense (SEC, en sus siglas inglesas), subraya que el riesgo de daño a testigos y destrucción de pruebas “resulta particularmente apremiante en el presente caso, no solo porque los individuos no detenidos han recurrido históricamente a la violencia contra testigos y otras personas, sino también porque lo han hecho bajo el amparo del poder estatal, y podrían volver a hacerlo contra los testigos o sus familiares (…), quienes podrían ser injustificadamente arrestados y detenidos sin que el Gobierno o este tribunal dispongan de recurso alguno” para impedirlo.

Cada uno de los coacusados es objeto de una orden de detención vigente emitida por el Tribunal. “Cabello Rondón, Rodríguez Chacín y Maduro Guerra son figuras políticas destacadas en Venezuela, con estrechos vínculos con las fuerzas militares y de seguridad venezolanas, y cuentan con cientos de miles —o incluso millones— de seguidores en línea”, explica el fiscal al juez. Cabello tiene 2,6 millones en X y más de un millón en Instagram, por ejemplo. También se les imputa haber traficado cantidades masivas de cocaína hacia Estados Unidos y —en el caso de Cabello Rondón y Rodríguez Chacín— en asociación con organizaciones terroristas extranjeras.

Estados Unidos emprendió la persecución legal de Maduro en marzo de 2020, cuando acusó al presidente de Venezuela de narcotráfico y ofreció 15 millones de dólares por información que condujera. “Es hora de llamar a este régimen por lo que es”, dijo entonces —en el último año de la primera presidencia de Donald Trump— el fiscal general, William Barr, al anunciar unos cargos que afectaron también a otros destacados miembros del Gobierno venezolano, entre ellos Diosdado Cabello, Hugo El Pollo Carvajal, extraditado a EE UU y que el año pasado se declaró culpable de los delitos que se le imputan; el recientemente destituido Vladímir Padrino y el ministro de Industria Tareck El Aissami.

Cuando este jueves vuelva a sentarse ante el juez, Maduro lo hará por cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos, y un cuarto delito de posesión de esas armas. Flores, por su parte, está acusada de otros cuatro cargos relacionados: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas. En su primera comparecencia ante el juez, Maduro, además de declararse “no culpable”, se presentó como “prisionero de guerra”.