Maduro se enfrenta a un calvario judicial mientras espera en la cárcel conocida como el “infierno en la tierra”

Nicolás Maduro ha pasado de dormir en la Casa de Los Pinos, un palacio bunkerizado en Caracas, a hacerlo en un catre metálico, arropado con un jergón de lana, en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn. Es una de las peores prisiones de Nueva York, conocida como el “infierno en la tierra”. Allí espera a ser juzgado por delitos de narcoterrorismo. El presidente derrocado de Venezuela fue capturado el pasado sábado junto a su esposa, Cilia Flores, por un comando de las fuerzas especiales estadounidenses, que trasladaron a ambos a Nueva York para ponerlos a disposición de la justicia. La fiscal general, Pam Bondi, publicó ese mismo día el nuevo escrito de acusación, en el que se le imputan cuatro delitos relacionados con el narcoterrorismo y posesión de ametralladoras. Se le acusa de conspirar y urdir un plan junto con altos funcionarios de su Gobierno para inundar Estados Unidos de cocaína.

Al líder del régimen chavista le espera un viacrucis judicial que se puede prolongar durante más de dos años. La pareja se enfrenta a graves penas, incluida la cadena perpetua. Sus abogados tratarán de anular la detención apelando al derecho internacional, defenderán su inmunidad diplomática, impugnarán pruebas y cuestionarán el procedimiento. El caso contra Maduro está llamado a ser uno de los juicios del siglo en Estados Unidos por su complejidad y su interés mediático.

El primer episodio del culebrón en que amenaza con convertirse el caso se produjo el pasado lunes. Entonces, el mandatario latinoamericano acudió fuertemente escoltado por agentes de policía y de la DEA, la agencia antidroga estadounidense, al palacio de justicia Daniel Patrick Moynihan, el inmueble que alberga el tribunal del distrito sur de Nueva York, para su primera vista.

Allí, en medio de una gran expectación, compareció ante el juez Alvin Hellerstein. Se trata de un magistrado de 92 años con sobrada experiencia en casos mediáticos. Maduro, de 63 años, se declaró inocente. Aparentemente relajado y tranquilo, sonriendo, proclamó a través de un traductor: “Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente. Sigo siendo presidente de mi país”. “Me capturaron en mi casa en Caracas, Venezuela”, manifestó. “Soy presidente de Venezuela y estoy aquí secuestrado”, insistió antes de ser interrumpido por el juez. Su esposa, visiblemente magullada y con algunas lesiones más graves tras su abrupta captura mientras trataban de huir a un refugio blindado durante el ataque del grupo de élite del ejército estadounidense, siguió esa misma línea: “Soy primera dama de la República de Venezuela”.

Estos breves testimonios constituyen la primera línea de defensa. Su abogado, un tenaz y duro jurista de Washington, apodado El Pitbull, es Barry Pollack, conocido por su habilidad para lograr la liberación de Julian Assange, el cofundador de Wikileaks, la plataforma responsable de la mayor filtración de archivos confidenciales de la historia reciente. Pollack, que ya ha empezado a cuestionar la idoneidad de algunos miembros de la Fiscalía, prevé comenzar su trabajo con dos líneas de defensa: la primera, que la captura de Maduro fue ilegal, porque vulnera la legislación internacional; y la segunda, que tiene inmunidad como presidente de Venezuela.

Durante la vista, Pollack ya planteó cuestiones sobre la “legalidad de su secuestro militar”, algo en lo que abundó Maduro, como línea de defensa. El mismo día, varios países protestaron en el Consejo de Seguridad de la ONU por la acción militar. “La operación estadounidense en Venezuela es claramente ilegal y será fundamental que la comunidad internacional la identifique como tal y que Estados Unidos sea considerado un infractor. De lo contrario, la credibilidad del ecosistema internacional se verá gravemente socavada”, declaró Marc Weller, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge.

La Administración de Trump defiende, sin embargo, que fue una operación policial que requirió de la intervención militar en un país extranjero. El secretario de Estado, Marco Rubio, arguyó: “En esencia, este fue un arresto de dos fugitivos acusados ​​de la justicia estadounidense, y el Departamento de Guerra apoyó al Departamento de Justicia en eso”.

Matthew C. Waxman, investigador senior del consejo de relaciones exteriores (CFR), un think tank estadounidense no partidista, asegura: “Una vez que esté bajo custodia estadounidense, la legalidad internacional de su detención no tendrá mucha importancia para procesarlo. Maduro seguirá planteando este asunto, pero dudo que logre algo al respecto”.

“Es bastante obvio que, para obtener la inmunidad, es necesario ser un jefe de Estado reconocido diplomáticamente”, ha explicado Dick Gregorie, un fiscal federal de Miami, al canal de noticias CNN. Maduro es considerado un presidente ilegítimo por las autoridades estadounidenses tras no demostrar su victoria en los comicios de 2024. Las actas electorales que reunió la oposición dieron como ganador a Edmundo González Urrutia, impulsado por la líder opositora, María Corina Machado, que había sido inhabilitada.

Existe, además, un precedente que puede dar la razón a la Casa Blanca, el del dictador panameño Manuel Antonio Noriega, arrestado en 1990 y también, como Maduro, un 3 de enero, y procesado en un juzgado de Miami, acusado de narcotráfico. Ambos casos guardan muchos paralelismos. Los abogados de Noriega también trataron de apelar infructuosamente al derecho internacional. El dictador panameño fue condenado a 40 años de prisión, aunque fue extraditado a Francia para cumplir allí los últimos años de su condena.

Gregorie trabajó en la acusación formal del caso de Noriega. Recuerda que una de las estrategias de la defensa, que intuye que se replicará en el caso de Maduro, consiste en reclamar que se hagan públicas las pruebas y su relación de alto nivel con Washington. La información clasificada amenazará con dilatar el proceso durante meses.

El juez Hellerstein ha convocado la próxima vista para mediados de marzo. Se espera que entonces se empiece a debatir la validez de las pruebas sobre las que el Departamento de Justicia ha fundamentado el caso. Algunos analistas plantean que la Administración ha podido recopilar posibles evidencias y testimonios incriminatorios de otros procesos judiciales. Los sobrinos de Cilia Flores, la mujer de Maduro, han sido procesados por narcotráfico en Estados Unidos. El mismo delito por el que ha sido condenado el antiguo jefe de los servicios de inteligencia del régimen chavista, Hugo Armando El Pollo Carvajal, quien se declaró culpable tras decidir colaborar con la justicia estadounidense. Fue procesado en el mismo juzgado de Nueva York donde ha recaído el caso de Maduro.

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Así fue el recorrido de Nicolás Maduro a la prisión en EE UU

El político que comenzó conduciendo un autobús en Venezuela se enfrenta a cuatro delitos. La Fiscalía le imputa conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína [a EE UU] y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para lograr esas armas. Los casos de conspiración suelen ser más difíciles por la complejidad de presentar pruebas, frente a otro tipo de delitos que son más evidentes. Habrá que ver si el caso llega finalmente a juicio y si no se produce una negociación para un acuerdo inculpatorio a cambio de rebajar la pena, y una extradición a otro país, como ocurrió con Noriega.

El escrito de acusación del Departamento de Justicia incluye detalles precisos. Sostiene que Maduro usó la Embajada de Venezuela en México para gestionar el retorno de los beneficios de la venta de cocaína. La acusación más detallada describe que entre 2006 y 2008, Maduro vendió pasaportes diplomáticos a delincuentes para que pudieran trasladar a Caracas desde México los beneficios del narcotráfico. Asegura que los acusados se asociaron con “traficantes de narcóticos y grupos narcoterroristas para despachar cocaína procesada desde Venezuela hacia Estados Unidos a través de Honduras, Guatemala y México”, usando a los mexicanos por su control de las rutas y sus conocimientos para contrabandear la droga por la frontera.

En la vista oral de marzo se espera que también empiecen a quedar claras las líneas de defensa de los abogados.

La cárcel en la que está Maduro es conocida como “el infierno en la tierra”, la droga corre a sus anchas, suelen producirse reyertas entre reclusos y son abundantes las quejas de los internos por las condiciones del lugar, con frecuentes cortes de luz y suciedad. Comparte prisión con otros 1.300 reclusos, en un centro hacinado. Los defensores suelen quejarse de los peligros que corren los presos en esa cárcel, con unas condiciones que califican como inhumanas. Por cuestiones de seguridad, Maduro está en un módulo, aislado de los presos comunes.

“Hasta que los tribunales estadounidenses determinen la legalidad del allanamiento [del lugar donde estaba Maduro], las críticas de que fue ilegal son opiniones, no hechos. Un beneficio adicional de enjuiciar a Maduro es que estos argumentos se escucharán en los tribunales. Dada la gravedad y la naturaleza constitucional de muchas cuestiones legales en juego, el caso terminará en el Tribunal Supremo. Ese proceso podría tardar años”, sostiene Mark F. Cancian, analista del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).