Los juristas consideran la captura de Maduro una violación del derecho internacional

La operación militar llevada a cabo por Estados Unidos para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha mostrado a una potencia occidental tratando de controlar a un miembro del denominado Sur Global (países en desarrollo y emergentes no occidentales) y es considerada por los expertos una violación del derecho internacional. El uso de la fuerza ordenado por el presidente Donald Trump contra un país que no había atacado a EE UU, supone la vulneración de sus normas principales. Trump ha ordenado “un acto ilegal que está prohibido por la Carta de Naciones Unidas, un tratado vinculante para los Estados miembros de la ONU”, según William Schabas, experto canadiense en derecho penal internacional. Pero hay más, la detención de Maduro, un jefe de Estado en activo, en estas condiciones, le parece “un secuestro que podría considerarse un crimen de guerra”.

En tal caso, cree que encajaría en la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional (TPI), puesto que ha sucedido en el territorio de un Estado miembro de esta corte. Schabas, que imparte clases en el Reino Unido y en la universidad neerlandesa de Leiden, sostiene que la suerte de Maduro “es un acto de guerra, no una operación militar, porque el objetivo es recuperar el petróleo que Venezuela les ha robado, y cambiar el Gobierno, según el propio Estados Unidos”. En conversación telefónica, recuerda que llevamos 80 años sin una guerra mundial, “en parte porque hay un marco legal que prohíbe el uso de la fuerza para resolver conflictos”.

Nicolás Maduro, de 64 años, es presidente venezolano desde 2013, y este 31 de diciembre -apenas tres días antes de su captura- afirmó que Venezuela derribó el año pasado 39 aeronaves supuestamente vinculadas al narcotráfico. En un mensaje difundido a través de su canal de Telegram, sostuvo que habían neutralizado en total 430 aeronaves. El presidente Trump, que había ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares (42,6 millones de euros) a cambio de información que condujera a su detención, le señala como cabeza de una organización criminal llamada Cartel de los Soles. Maduro niega cualquier vínculo, y está acusado además, junto con su esposa, Cilia, de conspiración narcoterrorista, de introducir cocaína en Estados Unidos y de tráfico de armas.

A la vista de acciones como esta, Schabas subraya que el problema no son las leyes internacionales, sino el hecho de que están muy cerca de la política. “Es un marco legal que forma parte de un entorno político, y por eso vemos reacciones inmediatas cuando el presidente [ruso, Vladímir] Putin invade Ucrania, y tibias cuando Estados Unidos entra así en Venezuela”.

En este contexto, el mismo experto recuerda que el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU (TIJ), que resuelve litigios entre Estados, es una institución repelida por EE UU, “ya que solo acepta su competencia en unos pocos casos aislados”. Cree que la Asamblea General de Naciones Unidas podría pedir al TIJ una opinión consultiva sobre la legalidad del uso de la fuerza, “pero es posible que este tribunal decline intervenir por considerar que se le pide que resuelva un problema político”. Lo que realmente se necesita, asegura, es “la voluntad política de resolver la situación, y no parece que la tengamos”. Aquí, otro experto, Asier Garrido Muñoz, exletrado del TIJ, apunta que “sus jueces tampoco conocieron la situación de Panamá”, tras la invasión ordenada en 1989 por el entonces presidente estadounidense, George Bush. O la posterior entrega de Manuel Antonio Noriega, que lideraba un régimen dictatorial y fue juzgado por un tribunal estadounidense.

Al margen de la captura del presidente Maduro, la situación interna de Venezuela no es desconocida para otra instancia judicial: el Tribunal Penal Internacional (TPI). Su fiscalía tiene abierta una investigación relativa a presuntos crímenes contra la humanidad cometidos en el país desde al menos 2014. En particular, sobre las detenciones de civiles. La fiscalía sigue vigilando de cerca los acontecimientos actuales, y en unas “líneas generales de respuesta basadas en las preguntas recibidas” desde la captura de Maduro, subraya que no confirma por lo general si ha recibido comunicaciones sobre situaciones o incidentes específicos. Del mismo modo, no hace comentarios sobre dichas comunicaciones, de haberlas recibido. El TPI es la única instancia permanente para juzgar el genocidio, y los crímenes de guerra y contra la humanidad, además del crimen de agresión por la fuerza militar, y Garrido Muñoz explica que este último solo se puede abordar, “si ambos países son miembros del Estatuto de Roma, el texto fundacional del TPI”. Venezuela lo es, pero no así Estados Unidos. “Lo que está haciendo ahora el segundo es sembrar los vientos que traerán tempestades en el futuro”, asevera.

Para Schabas, las explicaciones del presidente Trump acerca del operativo militar son “pretextos”, y lo único que tiene sentido en todo esto es “el deseo estadounidense de hacerse con el petróleo venezolano”. Es más, asegura que la historia de América Latina “es la de Estados Unidos tratando de saquear sus recursos y apartar a otros países en sus planes”. “Y Venezuela ha resistido a las sanciones, impuestas también por Europa, y lo de ahora es la lección que la Administración Trump ha querido darles”. En su opinión, descartado de entrada el Consejo de Seguridad de la ONU por el poder de veto estadounidense, “la Asamblea General podría emitir una resolución condenando la operación, y ahí, sin vetos posibles, el Sur Global podría conseguir que se aprobara una condena contra Estados Unidos”.

De todos modos, le parece que hay poderosos países occidentales “que son aliados estadounidenses, o miembros de la OTAN, y podrían votar en contra o abstenerse, a no ser que la opinión pública les fuerce a ello”. Pone como ejemplo de esa posible actitud las palabras del presidente francés, Emmanuel Macron, que ha declarado que el asalto puede interpretarse como “algo positivo para los venezolanos”. Ante ese enfoque se pregunta: “¿Así es como reacciona un miembro permanente del Consejo de Seguridad ante un caso de agresión?”. Y añade: “Necesitamos voluntad política para frenar este tipo de cosas, y decir que son intolerables, pero la oposición contra Trump a escala global no es lo bastante robusta”. El problema no es la ley, para este estudioso, sino las instituciones que la aplican, porque “Naciones Unidas debe regirse por las normas internacionales”.