El caso de Mame: el limbo de un migrante mayor de edad para estar tutelado, pero menor para acceder a la regularización

El caso de Mame, un muchacho senegalés que vive en Asturias, ilustra el limbo en el que pueden quedar muchos migrantes que están entre la minoría y la mayoría de edad según qué papel lo diga. Ese limbo es más bien un purgatorio que trae de cabeza al chico y a toda la red de solidaridad que ha ido generando en su periplo por España, unas veces acogido en centros y otras durmiendo en la calle. Con esa complicada adolescencia y juventud alcanzarán la vida adulta miles de muchachos migrantes que arriban a las costas españolas sin identificación. Mame llegó hace dos años en un cayuco a Canarias y tras recalar en Extremadura y Cataluña, hoy duerme hospedado por un amigo en Luarca (Asturias). Los abogados luchan por que el pasaporte que consiguió en este tiempo, donde se declaran sus 17 años, le dé acceso a la tutela de la comunidad asturiana. Si no lo lograra, tampoco podrá solicitar la regularización anunciada por el Gobierno para más de medio millón de migrantes, porque para eso se necesita ser mayor de edad o bien tener padres en España que lo soliciten por él. Ahora, Mame no tiene ni una cosa ni la otra.

¿Cuántos chicos en esa línea entre los 17 y los 18, o entre los 16 y los 18, están ahora mismo en España? Es difícil saber porque a muchos de ellos, aun con papeles que acreditan ser menores, les siguen efectuando las polémicas pruebas biométricas, que les miden las muñecas, o la mandíbula, y que revelan una edad más que cuestionable, según los expertos. En todo caso, esas mediciones, que tomaron modelos fisonómicos de los jóvenes estadounidenses de hace décadas, no deben efectuarse, por el bien de menor, si se dispone de otros papeles que acrediten la edad, dice la ley. Mame llegó sin papeles de ninguna clase, así que le dieron por mayor y lo trasladaron a Extremadura a un centro de adultos del que más tarde fue expulsado. Sus pasos le llevaron a Cataluña, donde ante la policía el chico repetía que era menor, pero ahí la Fiscalía le hizo las pruebas óseas y lo declaró mayor, con la consiguiente expulsión del centro de menores que le habían adjudicado en un primer momento. Como tenía un amigo en Luarca, su particular purgatorio lo llevó hacia Asturias. Otra vez dijo ser menor y lo admitieron en un centro de Loriana. En todo este tiempo, unos dos años, nunca fue empadronado siquiera. Pero los voluntarios de las redes de acogida que han ido acompañando su caso consiguieron que llegara desde Senegal su partida de nacimiento y que finalmente se le expidiera en España su pasaporte y algún otro documento acreditativo. No ha sido suficiente. “En Asturias han solicitado nuevas pruebas a la Fiscalía, que sin efectuar mediciones, ha valorado el historial que traía de Lleida y otros y le han declarado mayor de edad”, cuenta Luisa Pérez, voluntaria en el Principado de Asturias Acoge. Por ello, ha sido expulsado del centro de menores y ahora los abogados luchan por revertir esa situación.

“Tienen pasaporte, y eso es lo que cuenta, no es una partida de nacimiento arrugada, es un documento reconocido internacionalmente, y si la policía no lo considera auténtico, que lo lleve ante un juez”, reta la activista jurídica Laia Costa Gay, que ha pasado 20 años como abogada en tribunales. “Pero no, los someten a pruebas y más pruebas que no tienen validez científica”, critica.

A las comunidades autónomas donde llegan los menores sin familia les corresponde ejercer su tutela. O a otras donde hayan sido trasladados para aliviar la carga de algunas, como Canarias, que tienen más menores de los que pueden atender con sus recursos. Una vez en los centros de acogida, estos tienen la obligación de regularizar a los chicos, con su permiso de residencia, que les permitirá trabajar cuando cumplan la edad establecida para ello, los 16 en España. Pero muchos cumplen los 18 y salen de los centros sin tener papeles en regla, algo de lo que se vienen quejando sistemáticamente las organizaciones de ayuda a la migración. De un día para otro, algunos de estos muchachos se quedan en la calle buscándose la vida como pueden, denuncian las familias que colaboran con ellos. “Antes, la ley daba a las comunidades nueve meses para hacer esos trámites, ahora solo son tres, incluso si no tienen pasaporte para demostrar su minoría de edad”, explica la abogada. En ese tiempo que pasan tutelados, se les deben proporcionar estudios o cierta formación, también en idiomas, que les conduzca a una integración al salir, tanto laboral como social. Pero eso es en el mejor de los mundos, no siempre ocurre, y tampoco es igual en unas comunidades y otras, se queja Costa Gay.

El asunto de los menores no acompañados no hace más que complicarse. El traslado de cientos de ellos a otras comunidades para aliviar el peso de Canarias, Ceuta y Melilla, ha chocado con múltiples inconvenientes: algunos de los menores se resistían a marchar porque estaban arraigados en las islas; otros casos se han llevado a tribunales porque las comunidades no querían ejercer la solidaridad que les correspondía por decreto y todavía hoy se dan casos de manifestaciones vecinales como la de Cartes, en Cantabria, donde trataron de impedir que los muchachos se instalaran allí. La alcaldesa, Lorena Cueto, socialista, consideró un “castigo” el traslado a su pueblo de esos muchachos y amenazó con cortar el agua y la luz del alojamiento previsto para ellos por la Administración cántabra, de distinto signo político. La novedad que ahora denuncian las asociaciones de ayuda a los migrantes es que en algunas de las comunidades a las que han sido trasladados, les vuelven a hacer pruebas biométricas para ver si son o no menores de edad. Si no lo son, nadie tiene la obligación de ocuparse de ellos. “En algunos casos, incluso teniendo documentos con su edad”, denuncia una voluntaria que no quiere dar su nombre. Y lo certifica Costa Gay. El caso de Mame ilustra las dificultades de estos chicos, a los que el pasaporte no les sirve de mucho. “La vulneración de sus derechos es continua”, critica la jurista. “Es una doble vulnerabilidad, además si las comunidades no hacen los trámites a los que están obligadas saldrán con 18 años sin tener papeles. Si tienen el pasaporte en el que indique que han alcanzado la mayoría de edad, por lo menos podrán acogerse a la regularización, espero. La regularización es buena, son las comunidades”, critica, “las que no están haciendo su papel”.

Pero esas pruebas que efectúan a chicos como Mame, les puede meter en el mismo limbo donde ahora naufraga el senegalés. La prueba ósea servirá así para echarles del centro de menores, y el pasaporte con la minoría de edad no servirá para optar a la regularización. ¿Cuántos muchachos habrá en esa situación? Dado el caos administrativo en determinadas comunidades, es difícil saberlo. Las cifras en estos casos son endiabladas. Los abogados esperan ahora que el decreto de regularización del Gobierno quede redactado en su detalle y publicado en el BOE. Entonces se tendrán las condiciones para demostrar con qué papeles se puede solicitar el permiso de trabajo y residencia. Si en lugar del pasaporte tomaran en cuenta los documentos de la Fiscalía y de la Consejería de Bienestar de Asturias, que dicen que Mame es mayor de edad, al menos el joven podría acceder a esas nuevas ventajas para trabajar en España, pero Luisa Pérez, de Asturias Acoge, no tiene tantas esperanzas: “Ojalá, pero no creo que eso sirva, será el pasaporte”.