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Racismo, desinformación y 18 menores extranjeros en el limbo: la alcaldesa socialista de Cartes ordena paralizar un centro de acogida

Un pueblo de Cantabria rechaza un espacio para jóvenes migrantes asignado por el Gobierno regional (PP) en el reparto acordado entre comunidades y el Ejecutivo central

La señora que despotrica por la calle principal de Cartes (Cantabria, 6.500 habitantes) resume la reacción general ante el centro de menores extranjeros no acompañados que se ha creado en el pueblo: menciona a Franco y que entonces había casas abiertas, teme por la seguridad de sus nietas, amenaza con “poner dinamita y a tomar por culo” si pasa algo y alude al politiqueo del PP regional colándole a un Ayuntamiento socialista algo tan comprometedor. Unos hablan, otros actúan. Órdago de la alcaldesa, Lorena Cueto: paralizar el centro y amenazar con cortar el agua y la luz. En medio están los dos menores no acompañados que habían llegado este martes al municipio, de los 18 previstos en total. Las protestas, en forma de manifestaciones estos días tras un Pleno bronco el viernes donde se abordó la cuestión, contrastan con la parte del vecindario que clama por la integración y defiende a los menores del racismo gratuito. “Hay que darles una oportunidad”, “no hay que criminalizar a nadie”, creen algunos.

El conflicto ha estallado en lo político este martes tras varios días caldeándose en la calle y en las redes sociales. La regidora, sostenida por una abrumadora mayoría socialista en las últimas elecciones, ha ordenado a la entidad que coordina la acogida de los jóvenes migrantes, de origen subsahariano, que paralice el funcionamiento del inmueble. Este ha sido recientemente adquirido por el Gobierno de Cantabria (PP), con competencias en la distribución de su cupo de menores extranjeros no acompañados arribados a España, que están a cargo del Ejecutivo central.

La consejera de Inclusión Social de la región, Begoña Gómez del Río, ha censurado la “absoluta falta de lealtad institucional” que ha existido, porque esta medida radical no le había sido notificada en conversaciones recientes. Ya ha anunciado que recurrirán la paralización sobre el centro gestionado por la Fundación Cuin. La alto cargo ha criticado la “imposición” del Gobierno de Pedro Sánchez, socialista como la alcaldesa, con quien no ha conversado y con quien EL PAÍS tampoco ha podido contactar.

Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, liderado por Sira Rego (Izquierda Unida), han reprobado esta actitud: “Identificar la llegada de niños y niñas a un ayuntamiento como un ‘castigo’ o amenazar con cierres o cortes de agua es un lenguaje absolutamente intolerable para un servidor o servidora pública. Los derechos tienen que estar por encima de debates electoralistas o estrategias cortoplacistas”. Asimismo, lamentan la “deslealtad” de que determinadas comunidades autónomas no informen de dónde se instalarán los centros, algo que esperan “no sea una estrategia para azuzar un clima de odio”.

Clima de odio. La tensión se nota en las calles de Cartes, llenas de rumores y exclamaciones de rechazo entre algunas apelaciones a la concordia. José Luis, de 64 años y que prefiere no dar su apellido para no ser identificado, ha venido “de otro pueblo” y merodea por la casa donde esa mañana han entrado dos menores “a ver si veíamos algún negro asomado por la ventana”. “Hemos venido a grabar unos vídeos”, asegura junto a un amigo, antes de afirmar que “si tuviese una hija adolescente y fuera de aquí, también hubiera ido al Pleno a berrear por su seguridad”, soltar tópicos sobre “el chándal del PSG” y cargar contra medidas “woke” y las tasas de criminalidad de los extranjeros, es decir, lo que para otros son los cimientos del manual de la desinformación y el racismo.

Clara Simal, de 30 años, pone cara rara al pasar al lado. Esta vecina vive enfrente del inmueble donde serán instalados los 18 jóvenes y niega problema alguno con su llegada, si es que se da. “La gente es muy racista, migrar no es un delito, está lleno de conspiraciones de si es un castigo del PP regional por ser del PSOE, hay mucho desconocimiento e ignorancia, confío en que la mayoría del pueblo no sea así”, expone, con dos preguntas: “¿Cómo se van a integrar así? ¿Qué pensará la barrendera del pueblo, que lleva hiyab?”.

Fuentes del ministerio explican que los migrantes irán al colegio o al instituto que les corresponda, incorporándolos a una formación reglada, con educadores sociales y personal a su cargo en su nuevo hogar. No estarán “tocándose los huevos”, como exclamaba la señora que pasaba por una calle aledaña, ni “las 24 horas tomando el sol”, como cree Rosendo Ruiz, de 85 años, según le han contado: “Que yo sepa no irán a clase”.

Un señor con una cruz al pecho gruñe al ver a la prensa: “A ver si los expulsáis. Nos está jodiendo Sánchez”. Luego añade que no es de Cartes. Sí reside aquí el colombiano Julián Montes, de 42 años, con dos hijos, uno de ellos pequeño. Montes cierra la puerta de casa para expresarse, pues no quiere que el niño escuche cosas que no es capaz de asimilar. Para él, y más voces en Cartes, el problema es que en la casa elegida, de tres habitaciones, no caben los migrantes, si bien por los ventanales se ven varias literas y, según una vecina conocedora de los vendedores del inmueble, hay un “espacio diáfano” en la buhardilla para alojarlos. El sudamericano critica que a ellos les hicieron muchos exámenes o pruebas para garantizar su integración y que con los subsaharianos no hay tanto rigor. “No decimos que sean delincuentes, pero este no es un lugar apto para integrarlos, tienen problemas psicológicos de tanto sufrir y sufrir y no es fácil”, apunta. Afirma que es distinto al caso de su hijo de 18 años, que ha vivido en Washington y Nueva York “y es diferente psicológicamente a los que entran así”.

Este martes hubo concentración frente al Ayuntamiento, como el lunes, o ante la nueva vivienda de acogida. Se prevé para el sábado, azuzada por Vox, cuyos cargos han visitado Cartes con proclamas racistas y han instado a “devolverlos con sus familias”, aunque muchos no tengan.

Una vecina, que prefiere decir solo su nombre, Laura, de 40 años, dice: “Hay que darles una oportunidad, no quiero criminalizar a nadie. He criado a mis hijos adolescentes en valores y como buenas personas, estoy decepcionada con el pueblo, no esperaba tanto racismo”. Amelia González, de 73, pasea junto a la casa en cuestión y pide al resto que tenga corazón. “En algún lado tienen que estar, los pobres”, sostiene González. María Pérez, de 35, está segura de que todo esto “son miedos de televisión”. Ángel Neila, de 62, comenta que “hace 40 años hubo alarmismo con unos árabes que fundaron una mezquita”, pero luego no ha habido problemas de convivencia. “Sus hijos van con mi nieta al colegio y no pasa nada. Hay mucho tonto y mucha crispación”, aclara. Cuatro chavalas adolescentes que pasean por la calle dicen que su opinión es la de sus padres: “Que no sabemos quiénes son y que tengamos cuidado”.

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