Una legión de invisibles recobró la libertad: “Gracias a la regularización de 2005 soy un ciudadano más”

“La cocina es un buen lugar para esconderte cuando no tienes papeles”, dice Hanan el Bergui, que era una muchachita de apenas 18 abriles cuando se colocó de pinche en Barcelona, hace ya 23 años de eso, oculta de los comensales que disfrutaban y reían frente a sus platos. En 2005, cerca de 600.000 personas vivían en la clandestinidad, como Hanan, de la casa al trabajo, silenciosos en el metro, nerviosos en la panadería, huidizos como ratones cuando andaban por la calle, el bar ni pisarlo, los cumpleaños, en casa. Entonces llegó la regularización de Zapatero, así la llaman, porque fue aquel presidente el que sacó a la luz las vidas atemorizadas de aquellos trabajadores que esperaban sin atreverse a protestar su documento de residencia y un contrato en regla. Algunos de ellos recuerdan hoy, cuando el Gobierno acaba de anunciar la nueva legalidad para medio millón de personas, cómo fue su paso del miedo a la libertad.

Las migraciones, por más que ahora se manifiesten con insoportable crueldad, son un fenómeno muy antiguo, siempre en los márgenes de la ley y desordenado, razón por la cual varios gobiernos españoles se han visto en la necesidad de poner el contador a cero para dar carta de naturaleza a una realidad subterránea que empezaba a desbordarse. Felipe González inició en 1986 la primera regularización, el popular José María Aznar anunció otras tres y José Luis Rodríguez Zapatero la de 2005, en la que exigía un contrato laboral. Ese detalle tampoco ofrecía muchas garantías de derecho, que se lo pregunten a Hanan, que hoy se ríe cuando recuerda los 4.000 euros que tuvo que pagar a una amiga de su madre que tenía una empresa de construcción por el dichoso contrato, su visado hacia la ciudadanía.

La actual regularización es más abierta, apenas requiere cinco meses de estancia en España anteriores al 31 de diciembre de 2025 y un expediente delictivo sin manchas graves. Se espera que sean muchos más de los 500.000 que ha previsto el Gobierno los que cumplan los requisitos establecidos, puesto que algunos centros de análisis, como Funcas, calculan que los irregulares rondan hoy los 840.000, escondidos en sus trabajos. “El método es sencillo, aunque laborioso, se toma la cifra oficial de población y se restan los permisos de residencia, de estudios, de asilo; hay que hacerlo país por país de origen”, explica la socióloga de la UNED María Miyar, directora de Estudios Sociales de Funcas.

La alegría con la que reciben hoy los migrantes la nueva regulación es similar a la que experimentaron aquellos otros de 2005 y los anteriores. “Lo de Zapatero fue para mí la felicidad. Llevaba tres años en España por entonces y tenía miedo, se escuchaba que la policía te podía expulsar, escuchabas cada historia… Yo apenas cogía el metro y el bus y a casa, salía al súper y poco más, no podía ni ver casi a quien hoy es mi marido, él lo pasó muy mal, trabajaba en la construcción y allí comía. Algunos jefes le hicieron papeles falsos para poder trabajar”, dice por teléfono la rumana Ilina Neghina Versoiu, de 45 años. Cuando llegó no sabía hablar español y hoy lo domina. Ha pasado los exámenes para conseguir la nacionalidad, después de estudiar la Constitución y otros documentos. Le preguntaron algo sobre los vinos españoles. “Yo puse cualquier cosa, si yo no bebo, qué iba a saber”, se ríe. Como el de tantas otras, el refugio de Ilina en sus primeros años fue el trabajo como interna en una casa, lejos de la policía. Hoy vive en Madrid, tiene un hijo de 16 años y un DNI. Sus padres, que también fueron migrantes, disfrutan en Rumania de una pensión española ganada por su trabajo y sus cotizaciones. Ella sabe que no va a volver: “Me gusta España, no sé si soy una más, pero por lo menos la mitad sí, ¿no? Mitad rumana, mitad española”.

Los migrantes que vuelven a sus países son alrededor del 30% y suelen hacerlo al poco de llegar si la cosa no va bien, explica María Miyar. Y es más fácil si son de países cercanos. “Vienen por poco tiempo para ganar dinero y volver, después se casan y prefieren que sus hijos nazcan en el sistema sanitario español, que estudien en los colegios españoles, después tienen nietos…”, dice la socióloga. La vida va pasando hasta que al final, algunos entierran la nostalgia por un deseo: que les lleven a su país cuando mueran. “Algún día volveré a ver a la familia, pero a vivir, ya creo que no”, dice también la ecuatoriana Nubia Recalde, que crio a sus hijos en una habitación alquilada en Madrid y también estuvo de interna hasta que le tocó “la lotería de la regularización de Zapatero. Fue como caída del cielo”.

Lejos de una concepción humanista, la presencia legal de los migrantes se defiende a menudo desde una visión económica, de bienestar para todos. Estos días se ha calculado que la regularización aportará a España un beneficio fiscal neto de 4.000 euros, entre las cotizaciones a la Seguridad Social y el IRPF, por cada uno que emerja a la legalidad laboral. Y aunque no se requiere ahora contrato, como en 2005, si se espera que aumenten de inmediato las afiliaciones laborales, mejor para las estadísticas. Les interesa cotizar y acceder así al paro, a una pensión de jubilación y otras ayudas. De trabajar en negro a tener un contrato pasó Clara Carrión, ecuatoriana de 59 años, con aquella regularización de 2005. “He podido trabajar, ahorrar, enviar dinero a mi país, incluso comprarme un pequeño piso en el Nou Barris de Barcelona”, cuenta. “Y gracias a que he cotizado, ahora tengo una ayuda. Me dieron la invalidez total y recibo unos 750 euros mensuales”. La mujer desarrolló una artrosis que le obligó a someterse a varias operaciones y, al final, a dejar el trabajo de forma anticipada.

Los migrantes también enferman. Es verdad que llegan jóvenes y saludables, una condición que suele argumentarse contra quienes solo ven en ellos un gasto para la sanidad española, como dice la ultraderecha y la no tan ultraderecha. “Pero también es cierto que envejecen aquí, con los achaques propios de la edad y de unos trabajos más duros y las consecuencias de infancias difíciles, por lo que puede esperarse que su gasto sanitario sea mayor con el tiempo”, explica Miyar. Ellos, efectivamente, hacen aquellos trabajos que los españoles ya desechan, la dureza del asfaltado a 40 grados en verano, la del campo y la pesca, la de la construcción, aquellos empleos que robaron esperanza de vida a los españoles durante tanto tiempo. En el año 2000, algo más de la mitad de la población española, un 53,6%, tenía, como mucho, estudios de secundaria obligatoria, mientras que en 2024 eran solo el 26%. Los migrantes ocupan esos huecos del mercado que no requieren cualificación, por tanto, sus sueldos nunca serán tan altos, porque “la productividad de esos oficios no es mucha”, explica la socióloga, que advierte además de un peligro de la regularización: si tienen contrato pueden dejar de ser rentables para el empleador.

A la luz de otros informes académicos, sin embargo, se muestra más optimista Ferran Elias, doctor en Economía y profesor de la Universidad de Girona: “Cuando se reduce la informalidad laboral, los salarios de todo el mundo aumentan, porque disminuye esa competencia a la baja, ese es un efecto positivo de estas regularizaciones”, sostiene quien es autor, junto a sus colegas Joan Monras y Javier Vázquez-Grenno, del estudio titulado Los efectos de dar permisos a los inmigrantes no documentados. Ferran Elias ve más ventajas que gastos: “Ellos son jóvenes y sanos y aunque irregulares, con solo estar empadronados ya tenían acceso a la sanidad y a las escuelas”, dice.

Electricista y fontanero de 55 años, Amadou Samb ya piensa en su jubilación. Feliz por la regularización actual del presidente Pedro Sánchez, expresa el deseo de otros miles de paisanos: “Me gusta que haya más gente que cotice para pagarme la pensión. Me quedan siete años”, bromea, lejos ya el recuerdo de aquel muchacho que salió de Senegal y vivió en Italia antes de instalarse en Barcelona. Eran aquellos años de la mayoría absoluta de Aznar, que mira con nostalgia: “Había trabajo para todos y poca inmigración”, cuenta. “Espero que la economía de España siga yendo bien”.

Cuando uno de los barcos en los que trabajaba atracó en la costa española, en 1998, Shahzad Bhatti decidió bajarse y ya no volvió a subir. Tenía 20 años y formó parte de la primera hornada de pakistaníes afincados en Barcelona, la mayoría desde la región punjabí del Gujrat. “Un amigo me encontró una habitación y estuve allí tres meses, hasta que me puse a repartir bombonas de butano con los camiones”, una labor que antes como ahora, denuncia, pertenece a la economía sumergida y por la que solo recibía “las propinas de la gente”. Dos años después de su llegada, el Gobierno de Aznar aprobó la regularización del año 2000. Se convirtió en mozo de almacén con contrato y después pasó a una empresa de mecánica de barcos. Casado y con tres hijos que “hablan catalán perfectamente”, a los 47 años es propietario de dos franquicias de supermercados, un Condis y un Suma. Shahzad aplaude esta nueva regularización, 26 años después: “Es buena para todos, no solo para los inmigrantes, también para España. Cuando hay gente legal, se pagan impuestos y Seguridad Social. Y también disminuye la delincuencia: la gente que no tiene papeles y no trabaja, es más fácil que delinca”, sostiene el hombre, que constata “la alegría” entre los migrantes” ante esta nueva medida excepcional.

No es fácil ver a gente feliz por poder pagar impuestos, pero ahora puede que haya más de medio millón con esa rara característica. Trabajan como mulas, tienen hijos, compran casas, montan empresas, cotizan y cobran pensiones. ¿No es ese el ideal de familia que preconizan tantos? Pues aún hay pegas, que se acercan más al racismo y la xenofobia que a la realidad. Y qué pasa con el efecto llamada, se pregunta la derecha. No hay datos que indiquen que eso ocurra, responde Ferran Elias. Entre otras cosas, porque estas regularizaciones son espaciadas en el tiempo y tienen unos plazos muy marcados. Nadie que no haya llegado antes del 31 de diciembre de 2025 podrá tener ahora sus papeles por esa vía. ¿Lo sabían antes? Amadou Sam sí: salió de muy joven de Senegal y vivió en Italia, pero estaba deslumbrado por Barcelona. Trabajó primero en Endesa y luego montó su propia empresa. Interesado en la política y la actualidad, vio que podía abrirse una nueva regularización (la segunda de José María Aznar, en 2001) y puso rumbo a Cataluña. Hoy se alegra de que otros tengan la misma posibilidad. “Todo país necesita la inmigración para crecer”. “Si trabajas en negro, no aportas nada al Estado”.

Es posible que otros hayan barruntado también esta nueva posibilidad de regularización, dado que se venía hablando de ello desde 2024, cuando una Iniciativa Legislativa Popular llegó al Congreso con 700.000 firmas. Con los parabienes entonces del PP, el asunto se fue atascando y ahora ha sido Podemos quien ha arrancado este acuerdo al presidente socialista, trufado entre otras negociaciones políticas. Acuciado por asuntos electorales, el PP se ha manifestado en contra, pero no se necesitarán sus votos porque la medida se hará efectiva mediante un decreto. En todo caso, como recuerdan en organizaciones de ayuda a los migrantes, como ACCEM o CEAR, las personas que tienen una pésima vida en sus países seguirán llegando, con o sin papeles, porque nadie puede frenar el impulso de dar a sus hijos un mundo mejor, desde la sala de parto, si hace falta.

A pesar de que las regularizaciones han sido varias en el tiempo y de distinto color político, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha acusado al Gobierno de poner “alfombra roja a la ilegalidad” y de “alterar el censo” con un objetivo “electoralista”. ¿Pensaba la rumana María Cocoranu, aquel 2005, cuando abrazó los papeles que la sacaron de la invisibilidad clandestina, en votar? “A mí me tocó la lotería, yo lo último que pensaba era en votar”, dice. Y si tuviera que hacerlo, qué ideología le despierta más simpatías: “Ah, yo al PP, claro”, dice de inmediato. Las regularizaciones han dejado un poso de agradecimiento político en algunos de ellos que aún hoy declaran su fidelidad por aquellos partidos, tanto del PP como del PSOE. Pero como nadie les obliga ni a votar ni a hacerlo por un partido concreto, cuando se acerquen a las urnas se comportarán como cualquier vecino, en libertad. “Ni pensé en votar en aquellos años ni lo pienso mucho ahora que tengo la nacionalidad”, declara Ilina, ya nacionalizada española. “No me interesa mucho la política, la de Rumanía, menos aún”.

Las críticas de la derecha no nublan la alegría de los migrantes de todas las ideologías que un día corrieron la mejor de las suertes. Clara Carrión piensa en las empleadas del hogar que están ahora como estuvo ella: “Siempre con la inseguridad de quedarte sin trabajar, buscando siempre. Ahora ellas también podrán cotizar y, si hace falta, cobrar el paro”. Yassin Azar, marroquí de 43 años que llegó a los 20 y le tocó dormir en la calle por falta de apoyos, es hoy un experimentado asesor en asuntos de extranjería que presta su ayuda a los que no tienen documentos. Sus hijas han ido a la universidad. “Gracias a la regularización [de 2005] pude crear una familia y ahora soy un ciudadano más”.

Cuando cayó aquella “lotería”, Hanan pudo trabajar de cara al público en aquel restaurante y “cobrar más”. Algunas cosas se quedaron por el camino, no pudo acabar el bachillerato, aunque le faltaba solo un trimestre, pero la vida ha seguido su curso. Dice: “Vine sola y ahora tengo tres hijos, estoy casada y… ¡acabo de conseguir la nacionalidad española!”. Su mente no se despega de las compañeras que están como ella estuvo antes: trabajando en negro y esperando una oportunidad para abrir las puertas de la cocina.