Zulos a precio de oro y sueldos en negro: la angustia de dos familias a las puertas de la regularización

Pamela (nombre ficticio) toma un café manchado en una terraza de Prosperidad, en Madrid, y contesta sin parar con notas de voz a sus familiares. La última vez que fue entrevistada por este diario fue a solo unas calles de ahí, mientras mostraba el lugar donde vivía con su marido: un zulo sin ventanas ni apenas oxígeno, donde ni siquiera podía ponerse de pie, un bar convertido en vivienda donde sobrevivían seis personas a cambio de unos 1.800 euros. Han pasado casi dos años desde que salieran de Bogotá (Colombia), ella unos cuantos más desde que lo hiciera desde Caracas (Venezuela). Aunque si se para a pensarlo, siente que más bien ha pasado una vida. “¿De verdad es cierto eso que dicen las noticias?“, pregunta.

A 10 minutos de ahí, Diana —también nombre ficticio— sale de trabajar de un restaurante en el barrio de la Concepción. Acaba de cumplir 22 años, cuando voló de Lima (Perú) a Madrid en diciembre de 2022 con su abuela, su madre y sus dos hermanas pequeñas, y acabó en un sótano de 40 metros con 20 personas, ni siquiera podía imaginarse bajo un techo, ahora estudia Derecho por las tardes. Las dos acaban de enterarse de una regularización extraordinaria del Gobierno a migrantes como ellas. Y como cualquiera en su situación, piensan dos veces antes de alegrarse: quienes viven en las sombras no están acostumbrados a las buenas noticias.

Este país no se lo puso fácil, coinciden. Sin un papel que las reconociera como ciudadanas, alimentaron, como casi los cientos de miles que estima el Ejecutivo, la espiral de miseria y burocracia inevitable. No podían acreditar ingresos, de manera que se les hacía imposible encontrar una casa; no podían tener una casa, de manera que no podían empadronarse fácilmente; sortearon a las mafias que les pedían dinero para hacerlo. Sin empadronamiento, no podían ir al colegio, ni al médico, y Diana ni se planteaba estudiar una carrera. Sin un solo papel, no podían encontrar un trabajo; y sin trabajo, no hay comida. La única salida era el asilo. Y en ese punto se encontraban, renovando un trámite que no llegaba, sin ninguna seguridad de no tener que volver a empezar de cero en cualquier momento, hasta que este lunes sus móviles estaban a punto de estallar: “¿Es verdad esto de que nos van a dar los papeles, hija?“, le preguntaba a Diana su madre.

“Yo solo quiero que podamos vivir tranquilas. Que de comer ya me encargo yo”, apunta Diana este martes. Aunque tiene 22 años recién cumplidos es, junto a su madre, la otra cabeza de familia. Del sueldo de niñera de su madre y del de camarera de ella dependen su hermana de 19, la pequeña de 11, y sus dos abuelos. Al poco de llegar a Madrid, cuando estaban eligiendo el mejor banco del parque para pasar la noche después de haber intentado por todas las vías alquilar un piso en la capital, un hombre les hizo una oferta: entrar de noche a un sótano en Usera. Un lugar donde vivían hacinadas ya 13 personas e iban a ser 20, contando a dos niñas y dos bebés, por 2.500 euros. Y desde ese cuarto enmohecido donde dormían los siete de su familia amontonados, Diana y su madre arrancaron una lucha, a base de sudor y papeles, que les ha permitido recuperar la dignidad.

Pamela tiene 42 años y sabía bien lo que era el hambre y el miedo. Huyó de Caracas exactamente cuando al manifestante venezolano Neomar Alejandro Lander Armas lo mató una bomba lacrimógena que impactó en su pecho. Era junio de 2017. Llegó a Bogotá y desde allí ya se había planteado cruzar el infierno de la selva del Darién, por Panamá, para llegar a Estados Unidos. Cada día que cobraba poco, comían menos su hijo y su familia en su país. En Colombia conoció a su marido y decidió optar, cuando ya había reunido el dinero suficiente para pagarle a los coyotes el camino hacia el norte (unos 5.000 euros), por una opción menos peligrosa: volar a España. Él, de 37 años, aterrizó unos meses antes en Mallorca. Los dos terminaron en el desván más caro de Madrid: un hueco en el techo al que accedían por una escalera de madera por 450 euros, la bodega de un antiguo bar dividido en cuartos donde hasta el sofá tenía un precio, 250 euros al mes.

Este martes, unos minutos antes de esta entrevista, había ido a tramitar su tarjeta sanitaria. Consiguió empadronarse en un piso en el que no vive, como muchos otros en su situación, pero que a fuerza de mordidas, un contacto le proporcionó un domicilio en España. Es manicurista y él, barbero. Gracias al trámite de asilo, ella puede trabajar desde hace un año en una peluquería y cobra el salario mínimo. Su marido no ha podido acceder al trámite, porque los abogados le advirtieron de que se lo iban a denegar. De manera que, él cobra en negro cuando va bien; y cuando no, no cobra nada. Viven en un piso de tres habitaciones que comparten con otras dos parejas al sur de Madrid. Pagan 600 euros por una habitación. “A nosotros siempre nos cobran más, siempre pagamos más los que menos tenemos”, cuenta. Lo poco que consiguen ahorrar vuela a Lima, donde vive su hijo, a Venezuela, donde viven sus padres, y a Bogotá, donde están los otros dos hijos de él.

Diana no termina de creerse que después de más de dos años de golpes administrativos, donde casi los desahucian del único lugar en el que se sentían seguros, porque el que se lo alquilaba lo estaba subarrendando; de que la modificación del reglamento de extranjería las pillara justo a punto de conseguir el arraigo —y desde ese momento tenían que borrar los dos años que habían vivido en España, como solicitantes de asilo—; de que las amenazas de las que habían huido de su país alcanzaran a más miembros de su familia allí; de que el dinero no llegara para nada; de no poder pedir una beca, por no poder demostrar ingresos; de juntar algo de ahorros para poder pagar una universidad privada online y trabajar por las mañanas; de conseguir llegar a segundo de Derecho; de soñar con comprar algún día una casa, pero que fuera imposible sin tener un documento de identificación oficial. Después de todas las puertas que se cerraban, a Diana le cuesta mucho comprender por qué este martes justo se han abierto todas las compuertas: “Yo hasta que no sea abril y el papel esté metido, sigo con la angustia de que algo puede pasar. Necesito entenderlo, procesar la información. Estoy esperando la letra pequeña”.

Diana muestra una tarjeta roja, el único documento que le ha permitido a ella y a su familia tener algún tipo de regularidad en España. Una cartulina con una foto pegada, que su hermana metió por error en una lavadora y es el bien más preciado de cualquier migrante irregular en este país. Este papel caduca exactamente en abril, cuando debería comenzar un nuevo vía crucis para renovarlo por otro año. “Es imposible conseguir citas y es carísimo, hay mafias que se encargan de eso”, denuncia, se trata de una práctica que la policía ha tratado de frenar sin éxito. Se muestra escéptica ante esta nueva casualidad burocrática: en tres meses puede tener todo, o no tener nada.