El Gobierno pacta la regularización con Podemos tras los acuerdos con ERC y PNV sin recuperar a Junts

Después del arranque de año con grandes pactos con ERC ―reforma de financiación― y PNV ―transferencias pendientes― le llegó el turno a Podemos. El sector socialista del Gobierno, con Félix Bolaños como negociador principal y contacto habitual de Podemos, entrega al partido de Ione Belarra un triunfo político importante con la regularización de hasta 500.000 inmigrantes, un asunto que viene coleando hace meses y que reclaman todos los grupos de izquierda. Podrán acogerse quienes acrediten estar en España antes del 31 de diciembre de 2025, carecer de antecedentes penales relevantes y haber permanecido en el país al menos cinco meses en el momento de la solicitud.

Se trata además de un gesto político muy fuerte en un momento en el que casi toda Europa, incluidos países en manos de socialdemócratas como el Reino Unido, y sobre todo EE UU con la política de Donald Trump, están lanzando el mensaje contrario, con medidas muy duras contra los inmigrantes. El discurso migratorio de Pedro Sánchez, el presidente, y Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda, ya era completamente diferente al de otros líderes europeos, pero ahora con ese paso se consolida el camino en el sentido contrario al de otros países.

Ante la evidencia de que la vía directa, la de la iniciativa legislativa popular que se tramita en el Congreso, es inviable porque el PP, presionado por Vox, se niega a aprobarla ―aunque sí votó a favor de su admisión a trámite porque se lo pidió Cáritas, muy a favor de esta regularización― y también Junts, apretado por Aliança Catalana, está en contra, el Gobierno ha optado por lograr un resultado similar pero a través de una modificación del reglamento de la Ley de Extranjería mediante un real decreto, que no necesita ser convalidado en el Congreso.

Podemos logra así una baza política con la que jugar en un momento decisivo para la batalla interna dentro del espacio a la izquierda del PSOE, en plena campaña de las elecciones de Aragón, donde la izquierda va dividida y hay un pulso entre los morados y la coalición IU-Sumar, que sí van juntos, para ver quién es más fuerte. El CIS señala que Podemos podría quedarse fuera del Parlamento aragonés, y este hito podría ayudar a la campaña de este partido.

El que queda más descolocado es Sumar, que reclamaba también esta regularización. Sin embargo, el PSOE necesitaba negociar alguna baza importante con Podemos porque sus cuatro votos son imprescindibles para todo. Este mismo martes lo son para sacar adelante los dos decretos clave que se someten a votación, el de las pensiones, que incluye un potente escudo social negociado con los grupos progresistas, y el de la prórroga del transporte gratuito. Aun así, los decretos pueden decaer si Junts no los apoya, pero sin Podemos tampoco salían, así que Bolaños ha negociado para garantizarse el voto de los morados. El año pasado, Junts ya tumbó un decreto muy similar y lo aprobó unas semanas después tras una negociación política.

El Gobierno completa así un enero de acuerdos, que estaba pensado ya desde el mes pasado, cuando empezaron muchas de estas conversaciones. En plena angustia por los escándalos de corrupción y de acoso sexual en el entorno del PSOE, Sánchez dio una instrucción muy clara a su equipo negociador, que ahora encabezan sobre todo Bolaños y María Jesús Montero, la vicepresidenta primera, más centrada en las cuestiones económicas: el arranque de 2026 debía incluir acuerdos con todos los grandes aliados del Gobierno para despejar la idea, que se instaló con fuerza en diciembre, de que el Gobierno no tenía mayoría y estaba a punto de caer. Sánchez sabe que no tendrá Presupuestos, pero quiere poder al menos sacar adelante las demás iniciativas importantes.

El año comenzó así con un pacto muy relevante con ERC, el de la financiación autonómica, que servía también para dar estabilidad política a la Generalitat de Salvador Illa, la joya de la corona de los socialistas en este momento después de La Moncloa. El PSOE esperaba que, a cambio, ERC apoyara los Presupuestos de Illa. Pero el caos de Rodalíes, las cercanías catalanas, ha complicado estos planes y ahora ERC está exigiendo dimisiones ―el Gobierno ha entregado dos de alto nivel en Renfe y Adif― y esos acuerdos de Presupuestos son más complejos mientras no se arregle la situación.

Después llegó el acuerdo con el PNV, que se sellará precisamente este martes en una reunión en La Moncloa entre Sánchez y el lehendakari, Imanol Pradales, con transferencias muy relevantes que implican también a Trabajo y a Seguridad Social y que llevaban meses negociándose. Con ello se ha garantizado consolidar el apoyo del PNV en el Congreso, aunque los nacionalistas vascos son veteranos negociadores que tramitan los asuntos uno a uno. Ahora llega este pacto relevante con Podemos, pero falta reencauzar la relación con Junts, que este martes puede dar de nuevo un golpe al Gobierno.

Sánchez ya lanzó varios gestos en diciembre para acercarse a Junts, y hay otros en preparación, esto es la publicación de las balanzas fiscales, pero el grupo de Carles Puigdemont está muy cerrado y en muchas cuestiones, como la inmigración o temas de vivienda o de impuestos, se han acercado mucho al PP y Vox. Ellos reclaman además recuperar la transferencia de la competencia de inmigración a la Generalitat que precisamente tumbó Podemos, porque el texto era demasiado anti inmigrantes, según su visión.

Lo que se aprueba este martes en el Consejo de Ministros, según fuentes del Ejecutivo, no es una reforma en sí del reglamento con el detalle de la regularización, que vendrá más adelante, sino simplemente la tramitación urgente de ese proceso mediante un real decreto. Es el inicio del proceso, que al ser urgente puede seguir adelante y acelerar sin esperar a todos los informes preceptivos.

La regularización extraordinaria fue presentada por distintos colectivos en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) admitida a trámite en el Congreso en abril de 2024, pero llevaba más de año y medio bloqueada por la falta de acuerdo de los grupos. El pasado octubre, Sumar, con quien los de Belarra mantienen una fuerte pugna electoral, reclamó al PSOE que aprobara en el Gobierno esa regularización antes de que acabase el mes, pero el acuerdo nunca llegó.

El precedente es la regularización masiva impulsada en 2005 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que afectó entonces a más de 500.000 inmigrantes. Su Gobierno había reformado un año antes la ley de extranjería para permitir ese trámite, que en ese caso contó con el consenso de todas las fuerzas políticas, agentes sociales y ONG, aunque tampoco fue necesario su paso por las Cortes.