La policía desata una campaña de acoso contra los activistas que protegen a los migrantes en Estados Unidos

A las 9.30 de la mañana del 7 de enero, Renee Good, de 37 años, poeta y madre de tres hijos, murió tras recibir varios disparos de un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Good, ciudadana estadounidense, que participaba en las protestas contra un operativo de la policía migratoria en Minneapolis, estaba al volante de su coche y comenzaba a arrancar cuando el agente disparó contra el parabrisas y luego a quemarropa por la ventanilla, hasta matarla. Semanas después, su muerte sigue presente en las redes de activistas que, por todo el país, se han ido organizando para vigilar y documentar las redadas del ICE.

Desde entonces, atestiguar los operativos, hacer sonar silbatos cuando los policías llegan a un barrio —para alertar a los migrantes y que puedan huir— o grabar a los funcionarios públicos mientras estos ejecutan la agenda migratoria de Donald Trump ha convertido a estos grupos, según denuncian sus responsables, en diana de amenazas y víctimas del acoso policial, que los acusa de obstrucción criminal.

La narrativa se instaló desde el primer momento. El Departamento de Seguridad Nacional defendió al agente que mató a Good y afirmó que había actuado en defensa propia contra el supuesto “terrorismo doméstico” de la mujer, que, según las autoridades, aceleró para retirarse del lugar tras ser increpada por varios agentes. Ese argumento lo han replicado republicanos de todo el país a partir de entonces, a pesar de que una pormenorizada investigación periodística del New York Times, con vídeos del momento del tiroteo, acreditaba que Good no intentó atropellar al policía.

“Grupos organizados están obstruyendo la aplicación de las leyes de inmigración en todo el país, poniendo en riesgo a los oficiales y a los civiles que respetan la ley. Estos criminales deben ser arrestados”, publicó en la red social X el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, el 14 de enero. Su mensaje fue en respuesta a un incidente ocurrido en San Antonio, donde un vehículo chocó contra coches del ICE. También fue una equiparación más de estas redes de activistas con delincuentes.

Activistas en todo el país están trabajando bajo presión, según testimonios recogidos por EL PAÍS. En Minnesota se han documentado arrestos, uso de gas pimienta y amenazas contra los observadores. En Arizona, California y Texas, las organizaciones reportan actitudes muy agresivas de los agentes, hostigamiento telefónico y un ambiente de intimidación creciente.

Jorge Mario Cabrera es el director de comunicaciones de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) en Los Ángeles (California). Su organización opera una línea telefónica informativa desde hace 31 años y una red de respuesta rápida desde 2001. En estos días, ambas líneas están prácticamente congestionadas siempre. “Están atacando nuestras líneas telefónicas de información”, asegura Cabrera. “Hemos visto un aumento en llamadas para simplemente molestar, hostigar”.

Las llamadas llegan por docenas: personas que buscan saturar la línea para que las familias inmigrantes no puedan denunciar ni pedir ayuda, según interpretan los activistas. Utilizan bots o números anónimos.

La organización cuenta con más de mil observadores capacitados. Siguiendo un protocolo, se mantienen a distancia de los agentes y documentan desde espacios públicos, sin interferir en los operativos policiales. “Nuestro enfoque es hablar con los vecinos, con las familias afectadas, con los negocios, buscar evidencia de lo que pasó y registrarlo”, prosigue Cabrera.

Desde la muerte de Good, la organización ha ajustado su estrategia. “Hemos vuelto a capacitar a nuestra gente para asegurarnos de que conozcan sus derechos y los riesgos”, dice el responsable. “Aunque los derechos constitucionales continúan vigentes, es posible que no sean respetados por los agentes federales de inmigración”.

Según Cabrera, en las últimas semanas los oficiales del ICE “han sido mucho más agresivos en contra de cualquiera que esté observando”. “Hemos visto incidentes donde han tirado teléfonos y han empujado a la gente que está alrededor. También palabras fuertes y voluntarios o representantes de organizaciones locales que han sido detenidos temporalmente”.

El 17 de diciembre, tres semanas antes de que Renee Good fuera asesinada, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Minnesota presentó una demanda federal donde detallaba un patrón sistemático de violaciones constitucionales por parte del ICE contra ciudadanos que observaban los operativos migratorios. En respuesta, un mes después, una jueza federal emitió un mandamiento preliminar que prohibía a los agentes de ICE en Minneapolis tomar represalias, arrestar o apuntar con municiones no letales a cualquiera que participe en protestas pacíficas. Sin embargo, un tribunal de apelación suspendió esa orden esta semana. Hace apenas unos días, la organización Whistleblower publicó un memorando interno del ICE en el que autorizan a sus agentes a usar la fuerza para entrar en una vivienda basándose únicamente en una orden administrativa, no en una orden judicial, incumpliendo la Constitución.

En Houston (Texas), Stephaniee Padilla, fundadora de Immigrant Youth Texas (IYT), ha visto cómo crece el miedo entre los niños, que, como evidencia la detención esta semana de un menor de cinco años en Minneapolis, tampoco están a salvo de los arrestos. “Muchos están preocupados de que se lleven a sus padres, de que la escuela no sea segura, de si hablar podría poner en riesgo a sus familias”, explica la activista, cuya organización se enfoca en dar apoyo a menores migrantes.

La publicación del republicano Greg Abbott no la sorprendió. “Entendíamos los riesgos de este trabajo desde el principio. Sabíamos que abogar por los niños inmigrantes, especialmente durante períodos de intensificación de las medidas de control, implicaría presiones legales y políticas. Esa realidad nunca nos ha disuadido y ahora tampoco lo hace”, afirma.

Entendíamos los riesgos de este trabajo desde el principio.

Stephaniee Padilla, fundadora de Immigrant Youth Texas

Desde el 7 de enero se han sumado voluntarios a IYT casi al mismo ritmo al que otros la abandonaban. “Algunos han dado un paso atrás por miedo, lo cual es comprensible, pero muchos otros se han unido porque se niegan a dejar que los niños enfrenten este momento solos”, señala Padilla.

En San Antonio, la ciudad texana que provocó el tuit de Abbott, Alex Svehla se desempeña como coordinador principal del Movimiento 50501, una red ciudadana nacional que organiza manifestaciones contra las políticas de la Administración Trump. La organización también ha convocado protestas por el asesinato de Good. “Está claro que el gobernador y otros no respetan nuestros derechos de la Primera Enmienda. Aunque estas amenazas a menudo son solo un farol, las monitoreamos y tratamos de prepararnos en caso de que se lleven a cabo”, afirma Svelha.

El activista añade que, a raíz de lo ocurrido en Minnesota, ha visto “un aumento del sentido de urgencia” entre los voluntarios. “Antes del 7 de enero, en su mayoría nos manteníamos al margen de las intervenciones del ICE, pero ahora planeamos involucrarnos directamente con recursos, ayuda mutua y asistencia a través de la línea directa”, apunta.

Raquel Terán, quien fue legisladora y presidenta del Partido Demócrata en Arizona, lleva años documentando abusos migratorios en un Estado que vivió una guerra contra los migrantes hace más de una década. “A través de los años hemos trabajado para documentar los abusos de poder de personajes como el alguacil del Condado de Maricopa, que usó las mismas tácticas que ahorita está usando el Gobierno federal”, explica.

Se refiere a Joe Arpaio, el sheriff que entre 2005 y 2017 ordenó redadas masivas y creó campos de detención en carpas bajo el sol del desierto. Arpaio fue condenado por desacato tras desobedecer una orden judicial que le prohibía realizar detenciones basadas en perfilamiento racial.

Para ella, lo que está ocurriendo resulta familiar y aterrador a la vez. La diferencia es que ahora el aparato de represión es federal, no solo estatal o local. A pesar de las amenazas, sin embargo, los activistas continúan trabajando.

“Esta semana tuvimos una [sesión de] capacitación donde asistieron más de 600 personas”, cuenta Terán. “No digo que no exista el miedo, pero creo que nuestra comunidad siempre ha demostrado solidaridad. Es importante asegurar que estemos capacitando, dando herramientas, recordando cuáles son nuestros derechos. La gente que está trabajando en las organizaciones tiene todo el derecho de documentar el abuso que está sucediendo con la inmigración”, asevera.

Aunque todos trabajan por el mismo fin, hay diferentes tipos de redes de voluntarios. Cada Estado se organiza de forma independiente, pero mantienen comunicación constante y comparten estrategias de trabajo entre sí, explica Jorge Mario Cabrera, de CHIRLA. “Hay redes locales que no colaboran con nadie, hay redes que se enfocan en perseguir a los agentes del ICE hasta que se van de la comunidad. Hay redes que se enfocan en confrontarlos, y otras que se enfocan en hacer silbatos y avisar a los vecinos con megáfonos”.

CHIRLA, por ejemplo, se centra “en las personas afectadas, no en los operativos o los agentes”. Si ven violaciones de derechos civiles o uso excesivo de fuerza, lo documentan. Pero su prioridad es asegurar que las familias afectadas tengan información y apoyo. “Nuestro trabajo se ha convertido en algo necesario, pero sumamente delicado”, remarca Cabrera.

“Los voluntarios entienden que existen riesgos”, dice Alex Svehla desde San Antonio. “Llevamos más de un año trabajando como grupo y hasta ahora nadie ha sido lastimado ni arrestado. Planeamos seguir demostrando que somos una organización pacífica y no violenta. Nunca habrá planes de renunciar mientras nuestra comunidad nos necesite”.