El ICE insta a sus agentes a que entren a la fuerza en las viviendas sin una orden judicial

La Administración de Donald Trump está autorizando a los agentes migratorios a que allanen residencias para llevar a cabo sus detenciones sin una orden judicial. Así lo recoge un memorando interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) del que se ha hecho eco Whistleblower Aid, una organización legal sin fines de lucro que ayuda a los trabajadores que denuncian irregularidades, citando dos funcionarios anónimos que tuvieron acceso al documento. El memorando, que también vio la agencia AP, autoriza a los agentes del ICE a usar la fuerza para entrar en una residencia basándose únicamente en una orden administrativa, no en una orden judicial. Whistleblower Aid afirma que los dos funcionarios federales están “revelando una directiva política secreta y aparentemente inconstitucional”.

Una orden de detención administrativa es diferente de una orden de arresto judicial. La primera se emite después de que un juez de inmigración haya ordenado la deportación de una persona; la orden judicial está basada en la existencia de pruebas suficientes de que se ha cometido un delito. Whistleblower Aid denuncia que el funcionario de inmigración que firma el formulario no es un “magistrado neutral e imparcial”, ya que trabajan para la agencia que ejecuta la orden. Además, el Gobierno de Trump ha despedido en los últimos meses a los jueces de inmigración que no le son afines y puesto en su lugar a abogados militares.

Las directrices del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirman las versiones de algunos detenidos y de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, que han denunciado el ingreso de los agentes por la fuerza en las casas sin una autorización judicial. Una de las reglas que estos grupos enseñan a los migrantes para hacer valer sus derechos en las operaciones del ICE es que no abran la puerta ni dejen entrar a nadie sin que les muestre una orden judicial.

El memorando establece que los agentes deben primero llamar a la puerta e identificarse, explicando el motivo de su presencia en la residencia. Deben dar a las personas que se encuentran dentro una “oportunidad razonable para actuar conforme a la ley” y, si no funciona, pueden usar la fuerza para entrar. “Si el extranjero se niega a permitir el acceso, los agentes del ICE solo deberán usar la fuerza necesaria y razonable para ingresar a la residencia, previa notificación de su autoridad y de su intención de entrar”, dice el documento. Se establece un horario limitado, pero muy amplio, entre las 6 am y las 10 pm para entrar en las viviendas.

El uso desmedido de la fuerza para entrar en los domicilios de las personas sin una orden judicial representa un drástico cambio con respecto a anteriores administraciones. Todas las operaciones de las fuerzas del orden, incluidas las realizadas por ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), se rigen por la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege a todas las personas en el país contra registros e incautaciones irrazonables.

El documento no se ha distribuido a todos los empleados del ICE, pero sí a algunos altos cargos y se está utilizando para entrenar a los nuevos agentes. La agencia lleva meses reclutando personal porque no da abasto para cumplir las órdenes de Trump de acelerar las detenciones para lograr la mayor deportación de la historia. Estos agentes reciben formación en el Centro Federal de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley en Brunswick, Georgia.

El memorando, firmado por el director interino del ICE, Todd Lyons, y con fecha del 12 de mayo de 2025, dice lo siguiente: “Si bien el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos no ha dependido históricamente solo de las órdenes administrativas para arrestar a extranjeros sujetos a órdenes de deportación definitivas en su lugar de residencia, la Oficina del Asesor Jurídico General del DHS ha determinado recientemente que la Constitución de Estados Unidos, la Ley de Inmigración y Nacionalidad y las regulaciones de inmigración no prohíben el uso de órdenes administrativas para este fin”.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, declaró que todas las personas a las que el departamento ha notificado una orden administrativa ya han tenido “un debido proceso completo y una orden de expulsión definitiva”. En un correo electrónico enviado a AP afirmó que los agentes que emiten esas órdenes de arresto también han encontrado motivos suficientes para la detención de la persona. Añadió que el Tribunal Supremo y el Congreso han “reconocido la legalidad de las órdenes administrativas en casos de control de la inmigración”, sin dar más detalles.

El senador demócrata por Connecticut Richard Blumenthal, que dirige una investigación en curso sobre el trato que reciben los ciudadanos estadounidenses por parte de los agentes federales de inmigración, criticó el memorando. “Todos los estadounidenses deberían estar aterrorizados por esta política secreta del ICE que autoriza a sus agentes a derribar la puerta y entrar por la fuerza en sus hogares. Se trata de una política ilegal y moralmente abominable que ejemplifica el tipo de abusos peligrosos y vergonzosos que estamos presenciando en Estados Unidos”, dijo en un comunicado.