Un año de terror del ICE, el brazo ejecutor antiinmigrante de Trump

Ventanas de autos destrozadas y personas sacadas a la fuerza de sus vehículos. Individuos derribados e inmovilizados contra el suelo. Pistolas apuntadas contra civiles desarmados. Ciudadanos y migrantes por igual, baleados y asesinados en sus coches. Manifestantes rociados directamente en el rostro con gas pimienta o asfixiados con gases lacrimógenos. Cualquiera que se atreva a hablar inglés con acento o que tenga la piel morena es obligado a demostrar su ciudadanía al azar. Son escenas que se han vuelto cotidianas en los Estados Unidos de Donald Trump, un país cuyas ciudades, sobre todo aquellas gobernadas por los demócratas, han sido sitiadas por agentes de inmigración que patrullan barrios de mayoría latina y acechan en los tribunales en busca de migrantes que apresar y deportar.

En el primer año de la segunda presidencia del republicano, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE son sus temidas y ya mundialmente reconocibles siglas en inglés) se ha convertido en el principal brazo ejecutor de su ofensiva antiinmigrante, que suma más de medio millón de deportaciones en 12 meses. La agencia ha sido descrita como una fuerza paramilitar y que, según el propio Gobierno, opera con “inmunidad absoluta”.

En Minneapolis, último blanco de la Administración Trump, ha salido a la luz el rostro más violento de la agencia. A la ciudad más poblada del Estado de Minnesota han llegado desde la primera semana de enero unos 3.000 agentes federales en poco más de una semana, para lo que el director interino del ICE, Todd Lyons, ha denominado “la mayor operación de inmigración jamás realizada”. ¿El resultado? Una ciudad aterrorizada, con negocios cerrados, clases presenciales canceladas y familias refugiadas en sus hogares.

Como la de Saúl, que prefiere no dar su apellido porque su madre recibió recientemente una orden de deportación y se encuentra escondida en su casa en la vecina ciudad de St. Paul. “Los agentes están chinga y chinga todos los días. Todos estamos espantados, mis padres no quieren salir. Estamos viviendo bajo ese miedo de que lleguen a la casa y tumben la puerta para llevarse a mi mamá”, asegura mientras protesta a las afueras del edificio federal donde el ICE mantiene la base central de su operativo migratorio en Minneapolis.

Va envuelto con una bandera mexicana y con su pasaporte estadounidense en su bolsillo por si le toca tener que mostrarlo. Saúl, de 26 años, nació en Minnesota de padres que emigraron de México hace más de dos décadas. “Nunca pensé que me pasaría esto, que alguien me juzgue por mi color de piel. Pensé que era algo que se había quedado en el pasado, pero ahora me ha tocado vivirlo en carne propia”, dice, en referencia al perfilamiento racial que los agentes usan para detener a personas sin órdenes judiciales.

Los agentes, enmascarados y armados, se mueven en autos sin distintivos y descienden en cualquier lugar sin previo aviso. Aun así, los locales han aprendido a reconocer sus vehículos y a intentar advertir de su presencia siempre que pueden: saben que las camionetas con vidrios polarizados que no respetan las leyes de tránsito suelen ser de ellos y empiezan a sonar sus silbatos o las bocinas de sus propios carros. Pero poco les disuade de su misión: agarran al migrante que buscaban y cargan con quien se les ponga delante, da igual si la persona les suplica y grita que tiene permiso legal para estar en el país o que es ciudadano estadounidense.

Las protestas en contra de la presencia de los agentes en Minneapolis han sido diarias y la agitación en las calles solo han crecido con cada día que el Gobierno de Trump se niega a poner fin a lo que los funcionarios locales y estatales denuncian como un “invasión federal”. Ahora, la tensión ha alcanzado un punto de ebullición del cual será difícil retornar: tras dos tiroteos por parte de los agentes, con uno de ellos acabando con la vida de una mujer de 37 años, el presidente ha amenazado con aplicar la Ley de Insurrección, que le permitirá enviar al ejército estadounidense a la ciudad para aplacar las manifestaciones.

“Pondré fin rápidamente a la farsa que está teniendo lugar en ese Estado que en su día fue grande”, aseguró el republicano el pasado jueves. A su juicio, los agentes del ICE desplegados en la ciudad, incluido el que mató a tiros a Renee Good el 7 de enero, son todos unos “patriotas” que “solo intentan hacer su trabajo”.

Inmunidad o impunidad

Es algo que funcionarios de la Administración republicana han repetido incesantemente durante los últimos 12 meses. Con cada nuevo incidente en que los agentes son señalados por uso excesivo de la fuerza o violencia, Kristi Noem, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, del cual el ICE es dependiente, defiende sus acciones. “Cada una de las acciones que llevan a cabo nuestros agentes del ICE se ajusta a la ley y sigue los protocolos que hemos utilizado durante años”, dijo la alta funcionaria el jueves. Noem insistió en que las verdaderas víctimas son los oficiales.

“La retórica de odio y la resistencia contra los hombres y mujeres que simplemente están tratando de hacer su trabajo deben terminar. Los agentes federales del orden público se enfrentan a un aumento de más del 1.300% en las agresiones en su contra mientras ponen sus vidas en riesgo para arrestar a criminales e infractores de la ley”, señalaba el departamento en un comunicado esta semana después de que un migrante fuera herido de bala en un segundo tiroteo en Minneapolis.

El Gobierno de Trump no solo defiende las tácticas violentas empleadas por los funcionarios de inmigración, sino que las justifica. Desde dentro de la propia agencia, se sabe que los agentes han sido ordenados a tomar “medidas decisivas” si son amenazados. Es lo que la Casa Blanca sostiene que hizo el agente Jonathan Ross cuando disparó a Good: según el relato oficial, la mujer, ciudadana estadounidense y madre de tres, intentó atropellar a Ross, aunque los vídeos del momento muestran lo contrario, que ella intentó girar su vehículo para alejarse de él.

Mientras el FBI investiga el tiroteo por su cuenta, después de que el Departamento de Justicia se negara a permitir que las autoridades de Minneapolis participaran en la pesquisa, desde Washington señalan que Ross “está protegido por la inmunidad absoluta”. Así lo dijo el vicepresidente del país, J. D. Vance, un día después de la muerte de Good.

Esta semana, el Departamento de Seguridad Nacional reiteró esa afirmación al republicar un vídeo de una entrevista que Stephen Miller, jefe adjunto de Gabinete de la Casa Blanca y autor intelectual de la ofensiva antiinmigrante del Gobierno de Trump, dio a la cadena Fox en octubre. En la grabación, Miller se refiere a los agentes y asegura: “Tienen inmunidad para desempeñar sus funciones, y nadie —ni ningún funcionario municipal, ni ningún funcionario estatal, ni ningún extranjero ilegal, ni ningún agitador izquierdista o insurrecto nacional— puede impedir que cumplan con sus obligaciones y deberes legales”.

La realidad es que los agentes del ICE no están totalmente protegidos contra el enjuiciamiento. Sin embargo, expertos señalan que la aseveración del Gobierno de que sí tienen inmunidad solo los envalentonará y reforzará la percepción de que actúan con impunidad.

“Kristi Noem ha intentado claramente indicar al ICE que pueden actuar con impunidad, provocar y agravar enfrentamientos e incluso ejecutar a quien les plazca”, afirmó el miércoles el representante por Misisipi Bennie Thompson, el principal demócrata del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. “Ha desatado al ICE y a otros agentes federales sobre las comunidades estadounidenses, no para protegerlas, sino para atacarlas y sembrar el miedo, la violencia y el caos”, añadió y pidió la destitución de la secretaria, algo que ha cobrado apoyo entre las filas demócratas en el Capitolio.

Abolición del ICE

Desde el verano pasado, el Gobierno ha enviado a miles de agentes de inmigración a varias ciudades demócratas: Los Ángeles, Washington D. C., Charlotte (Carolina del Norte), Portland (Oregón), Chicago, Nueva Orleans… hasta llegar a las Ciudades Gemelas, como se le conoce al área de Minneapolis y St. Paul. Los enormes operativos han sido posibles debido a que el ICE cuenta hoy con el mayor presupuesto para una agencia en la historia de Estados Unidos, por encima del dinero destinado al FBI, la DEA y otras entidades federales. Aprobada en julio pasado como parte de la reforma fiscal de Trump, la partida de fondos supera los 100.000 millones de dólares hasta 2029.

De ese presupuesto, 30.000 millones están destinados a contratar y entrenar a miles de agentes para localizar, detener y deportar a migrantes. Para ello, el Departamento de Seguridad Nacional lanzó una histórica campaña de reclutamiento que le ha permitido ampliar rápidamente sus filas: hasta principios de enero, unos 12.000 nuevos agentes habían sido contratados, un incremento del 120% en su plantilla en unos cuatro meses. En total, el ICE cuenta ya con 22.000 oficiales, según sus propios datos.

Otra gran parte del presupuesto —45.000 millones de dólares en cuatro años, dos tercios del total— se utilizará para retener a migrantes en la red de centros de detención operada por el ICE, lugares en los que abundan las denuncias por los abusos de los derechos humanos de los detenidos y las pésimas condiciones en las que son mantenidos. El año 2025 cerró con la mayor cantidad de muertes en dos décadas en estos centros: 32, de acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Nacional. En lo que va de 2026, al menos cuatro migrantes han fallecido bajo custodia del ICE.

Con la expansión sin precedentes de la policía migratoria también han aumentado los llamamientos para abolirla o, como mínimo, reformarla. De hecho, por primera vez, ahora hay más adultos estadounidenses que apoyan el desmantelamiento del ICE que los que se oponen a ella, según una reciente encuesta de The Economist y la empresa de análisis de datos YouGov.

El apoyo a esta idea surge después de que durante meses varios sondeos mostraran que el respaldo a las políticas migratorias de la Administración Trump ha estado cayendo. Una encuesta de la CNN publicada el miércoles reveló que el 51% de los estadounidenses cree que la agencia migratoria está haciendo que las ciudades sean menos seguras.

Algunos políticos del ala más progresista del Partido Demócrata se han unido a los llamamientos para abolir el ICE: Shri Thanedar, representante por Michigan, tiene previsto presentar un proyecto de ley que desmantelaría la agencia federal. Sin embargo, mientras ambos partidos negocian la financiación del Departamento de Seguridad Nacional para el año fiscal 2026 ante la posibilidad de un nuevo cierre del Gobierno federal el 30 de enero, el establishment demócrata ha optado por exigir que el ICE rinde cuentas y sea supervisado.

Mientras, a 1.500 kilómetros del Capitolio, en las calles de Minneapolis, el reclamo es claro: “Fuera ICE”. Caída la noche, y en medio del gélido frío ártico, Genesis Kark y su esposo se suman a la protesta que lleva todo el día frente al edificio federal de Minneapolis Bishop Henry Whipple. Cargan con cajas de pizza y galletas para repartir entre los manifestantes. “Se han cometido atrocidades en la última semana”, señala Kark, de 26 años y nativa de Minnesota. Y advierte: “No queremos al ICE en nuestra ciudad y continuaremos haciéndoles saber”.