Una jueza bloquea por tercera vez el intento de Trump de restringir las visitas del Congreso a centros de detención del ICE

Una jueza federal en Washington dio un nuevo revés al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) al bloquear la más reciente política que exigía a los miembros del Congreso notificar con siete días de anticipación cualquier visita a centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La decisión marca la tercera ocasión en que la corte interviene para frenar intentos de la Administración del presidente Donald Trump de limitar las inspecciones de legisladores sin previo aviso.

La jueza Jia M. Cobb, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, concluyó el lunes que la política impulsada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, probablemente es ilegal. El requisito obligaba a los legisladores a avisar con una semana de anticipación antes de ingresar a instalaciones de detención migratoria.

Cobb sostuvo que el Congreso ha sido claro al prohibir que se utilicen fondos asignados anualmente para impedir o restringir el acceso de los legisladores a instalaciones del DHS con fines de supervisión. En su fallo, enfatizó: “El poder del dinero recae en el Congreso, e incluso una agencia con grandes recursos económicos debe cumplir con las restricciones del Congreso sobre los usos permitidos de los fondos asignados”.

La jueza consideró “altamente probable” que la Administración utilizara fondos restringidos para crear y aplicar la política de negociación previa. Rechazó el argumento del Departamento de Justicia, que afirmó que la medida sería financiada exclusivamente con recursos de la “gran y hermosa” reforma fiscal de Trump, aprobada el año pasado. Según el Gobierno, cualquier gasto relacionado con la política podría contabilizarse posteriormente como proveniente de ese paquete presupuestario.

Sin embargo, Cobb calificó esos argumentos como “poco convincentes” y determinó que el lenguaje de supervisión incluido en las leyes de asignaciones anuales es “sin duda de gran alcance” y “se extiende a los gastos más incidentales, pero no obstante necesarios, que hacen posible la creación y la aplicación de la política de notificación”. Es decir, la prohibición de usar fondos para limitar las visitas del Congreso no solo aplica a gastos directos, sino también a costos indirectos pero necesarios para crear y aplicar la política, como los salarios y recursos de funcionarios del DHS y del personal de la oficina de relaciones congresionales del ICE que coordina las visitas de los legisladores.

La decisión bloquea la aplicación del requisito de notificación contra cualquier miembro del Congreso mientras continúa el litigio presentado por 13 demócratas de la Cámara de Representantes. Los legisladores demandaron después de que una versión anterior de la política fuera restablecida en enero, apenas un día después de que un agente del ICE disparara y matara a la ciudadana estadounidense Renee Good en Minneapolis.

Tres días después del tiroteo, tres congresistas demócratas en Minnesota —Ilhan Omar, Kelly Morrison y Angie Craig— fueron impedidas de ingresar a una instalación del ICE cerca de Minneapolis. Según los abogados demandantes, el DHS no reveló la nueva versión de la política hasta después de que las legisladoras fueran rechazadas.

En su fallo más reciente, Cobb reconoció que los demandantes están frustrados por los repetidos intentos del Gobierno de volver a imponer el requisito de notificación previa y afirmó: “Los demandados deben cumplir con los términos de la orden judicial y actuar de conformidad con los principios jurídicos establecidos en este dictamen”.

La jueza también puso en duda el argumento de la Administración de que la medida era necesaria por razones de seguridad. Señaló que el Gobierno no presentó “ejemplos concretos de problemas de seguridad que plantean las visitas del Congreso sin previo aviso”. Además, determinó que los legisladores han demostrado una “necesidad significativa de información en tiempo real y sobre el terreno acerca de las condiciones en las instalaciones, la situación de los detenidos y las prácticas de los demandados”.

El fallo llega en medio de un creciente escrutinio sobre las operaciones migratorias y las condiciones en los centros de detención. La controversia también coincide con un cierre parcial del Gobierno que afecta la financiación del DHS. Sin embargo, Cobb afirmó que esa situación no cambia su decisión y que el departamento sigue obligado a cumplir las restricciones presupuestarias que garantizan el acceso del Congreso a las instalaciones.

Por su parte, la Administración notificó su intención de apelar. En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional defendió la política como “una medida de sentido común para asegurar la seguridad del personal, las fuerzas del orden, visitantes y detenidos”.