Denver autoriza que la policía local arreste a agentes del ICE por uso excesivo de la fuerza y ordena que se proteja a los manifestantes

La resistencia ante las políticas migratorias de Donald Trump continúa. El alcalde de Denver, Colorado, el demócrata Mike Johnston, ha firmado una orden ejecutiva que prohíbe a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) operar en propiedades municipales y autoriza a la policía local a proteger a manifestantes pacíficos, e incluso a detener a agentes federales en casos de uso excesivo de la fuerza.

La orden establece que los agentes del ICE no podrán utilizar instalaciones municipales —incluidos estacionamientos, parques y otros espacios públicos— para coordinar operativos de inmigración sin una orden judicial u otro mandato legal válido. Además, instruye al Departamento de Policía de Denver y al sheriff a intervenir si presencian acciones que puedan provocar lesiones graves o la muerte de una persona durante un operativo migratorio.

“Si vemos a cualquier agente del ICE usando fuerza excesiva contra un residente de Denver, intervendremos para detenerlo y retirarlo de la situación”, declaró Johnston durante una conferencia de prensa. El alcalde afirmó que la ciudad exigirá a los agentes federales el mismo estándar que aplica para sus propios oficiales.

La decisión llega tras meses de tensión por la intensificación de la política migratoria de la Administración Trump y después de la muerte de los dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis durante un operativo federal, Renee Good y Alex Pretti. Esos hechos provocaron protestas e intensificaron las críticas de defensores de derechos civiles, que denuncian violaciones al debido proceso y a la libertad de expresión.

El jefe de policía local, Ron Thomas, señaló que la prioridad será evitar confrontaciones. “No buscamos crear hostilidad ni conflicto”, afirmó, aunque recordó que todos los oficiales —incluidos los federales— tienen la obligación legal de intervenir ante el uso ilegal o excesivo de la fuerza. Thomas explicó que el departamento ha desarrollado escenarios de simulación para prevenir enfrentamientos.

La orden también reafirma políticas locales que limitan la cooperación con autoridades migratorias federales. Las agencias municipales no compartirán bases de datos ni celebrarán acuerdos tecnológicos con el Departamento de Seguridad Nacional a menos que la ley lo exija explícitamente. Asimismo, se mantiene la prohibición de operativos migratorios en escuelas, iglesias, hospitales, bibliotecas y estadios, y se prohíbe el perfilamiento racial. El Concejo Municipal, además, estudia una ordenanza que prohibiría a los agentes federales usar máscaras y exigiría que muestren nombre y número de placa, con excepciones para operaciones encubiertas o tácticas especiales.

El contexto político le añade peso a la medida. Durante la campaña de 2024, Trump aseguró falsamente que Aurora, ciudad vecina de Denver, había sido tomada por pandillas venezolanas y prometió una intervención que, dijo, sería una “historia sangrienta”. Aunque el área metropolitana no ha experimentado un despliegue de esa magnitud, los arrestos migratorios en la región de Denver han aumentado más de 200% durante el segundo mandato del presidente, según investigadores de la Universidad de Colorado.

Denver ya enfrentó demandas federales por supuesta interferencia en la aplicación de leyes migratorias. Sin embargo, Johnston defendió que su ciudad seguirá siendo “acogedora”, al tiempo que insistió en que no puede impedir que las autoridades federales actúen dentro de su jurisdicción cuando cuentan con respaldo legal. En audiencias anteriores en el Capitolio, el alcalde había adoptado un tono más moderado y recordó que Denver ha cooperado con ICE en el pasado.

Para Johnston, el objetivo es enviar un mensaje claro a los residentes, especialmente a las comunidades latina y africana oriental que han expresado temor ante posibles redadas masivas. “Queremos ser nosotros quienes vigilemos nuestra propia ciudad”, afirmó el alcalde.