Una jueza frena a la Administración Trump y restituye las visitas no anunciadas del Congreso a los centros del ICE

Una jueza federal ha vuelto a frenar a la Administración Trump al ordenar, por segunda vez, que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) permita a los miembros del Congreso realizar visitas sin previo aviso a los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La decisión, emitida el lunes por la jueza del Tribunal de Distrito Jia M. Cobb, bloquea temporalmente la exigencia de avisar con siete días de antelación para inspeccionar estas instalaciones, y refuerza el derecho del legislativo a supervisar las condiciones en las que se mantiene a miles de personas bajo custodia federal.

El fallo responde a una demanda presentada por más de una docena de congresistas demócratas, entre ellos representantes de Minnesota, Colorado, Texas, Nueva York y California, que denunciaron haber sido expulsados o directamente impedidos de entrar en centros de detención tras intentar hacer visitas no anunciadas. El caso se ha convertido en uno de los principales frentes legales contra la ofensiva migratoria del Gobierno, en un momento marcado por el aumento de detenciones, protestas ciudadanas y denuncias de abusos en las instalaciones federales.

La orden de la jueza Cobb es temporal. Tendrá validez de un periodo inicial de 14 días mientras el caso avanza.

Uno de los episodios que detonó el litigio ocurrió el 10 de enero en el edificio federal Bishop Henry Whipple, a las afueras de Minneapolis, Minnesota. Las representantes Ilhan Omar, Angie Craig y Kelly Morrison lograron ingresar brevemente al recinto, pero fueron obligadas a abandonarlo poco después. El edificio, diseñado originalmente para retenciones de corta duración vinculadas a audiencias migratorias, se había transformado en un punto central de la operación del ICE en el Estado. Personas detenidas allí describieron celdas saturadas, falta de alimentos adecuados y atención médica insuficiente.

Morrison afirmó posteriormente que lo que vio durante una visita reciente no correspondía a lo que se esperaría de Estados Unidos. Según explicó, su oficina había recibido múltiples denuncias sobre condiciones “crueles, inseguras y posiblemente ilegales”, incluidos testimonios de mujeres que relataron experiencias que describió como “angustiantes”. “Todo lo que observé muestra una operación caótica, desorganizada y peligrosa”, dijo.

La Administración Trump, a través de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había reinstaurado en enero una política que obligaba a los legisladores a notificar sus visitas con una semana de antelación. El DHS defendió la medida alegando razones de seguridad y orden interno. Sin embargo, la jueza Cobb consideró que la política probablemente viola la ley, al apoyarse en fondos que el propio Congreso había prohibido utilizar para limitar el acceso legislativo. La magistrada ya había bloqueado una versión anterior de la norma en diciembre y señaló que la supervisión sin aviso previo es clave para evaluar centros cuya población puede aumentar o disminuir de forma abrupta.

El alcance del fallo es nacional. En Estados Unidos existen cerca de 200 instalaciones que albergan personas bajo custodia del ICE, incluidas cárceles locales utilizadas para detención migratoria. En Colorado, el centro de Aurora fue uno de los escenarios citados en la demanda. El congresista demócrata Jason Crow denunció haber sido rechazado en julio de 2025 cuando intentó inspeccionar la instalación. “¿Por qué necesitan siete días para prepararse? ¿Qué están intentando ocultar?“, cuestionó.

Las críticas a las condiciones en Aurora han sido respaldadas por activistas como Jeanette Vizguerra, quien pasó nueve meses detenida en el centro antes de ser liberada en diciembre. Vizguerra describió habitaciones con decenas de personas compartiendo apenas tres duchas y tres inodoros, además del uso prolongado de las mismas mantas durante semanas. Las autoridades sanitarias del condado de Adams confirmaron en enero una investigación abierta por denuncias de brotes de enfermedades no tratadas y atención médica deficiente.

En Texas, la controversia se intensificó con la apertura del centro Camp East Montana, en El Paso, considerado el más grande del país, con capacidad para hasta 5.000 detenidos. Desde agosto de 2025, al menos dos personas han muerto allí y en total se han registrado seis muertes en centros del ICE en lo que va de 2026. La muerte de Gerardo Lunas Campos, un inmigrante cubano de 55, fue clasificada como homicidio por el forense del condado de El Paso.