Más de 100.000 funcionarios de EE UU superan el mes sin cobrar por el bloqueo del Departamento de Seguridad Nacional

Mientras Markwayne Mullin, un exluchador de artes marciales mixtas de Oklahoma, está a un paso de hacerse con las riendas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, la mayoría de las agencias que dependen de él están sin recursos desde el pasado 14 de febrero. Ese día se ordenó el cierre fiscal porque el Senado no logró aprobar una ley de asignación de fondos para la agencia. Desde entonces, más de 100.000 funcionarios esenciales de los servicios secretos, la agencia de seguridad en el transporte, seguridad aérea, los servicios de emergencia y la Guardia Nacional, entre otros, están trabajando sin cobrar.

La discrepancia entre republicanos y demócratas para aprobar una ley que establezca límites a las actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza tiene bloqueados los fondos del DHS desde hace 34 días. Sin esa ley, que busca equiparar el control sobre los controvertidos agentes migratorios con otras policías federales, los demócratas no desbloquearán la financiación del DHS. Tampoco se vislumbra un desenlace cerca.

Mullin ha superado este jueves el escrutinio del Comité de Seguridad Nacional del Senado, que ha enviado su nominación al pleno para su ratificación definitiva. Si lo logra, estará al frente del departamento que más críticas ha recibido en el último año debido a la agresiva política migratoria dictada por la Administración Trump, con deportaciones masivas y redadas indiscriminadas de migrantes.

La anterior responsable del departamento, Kristi Noem, fue despedida por Donald Trump hace unas semanas, por su papel en la crisis migratoria —acusó a dos ciudadanos estadounidenses muertos por disparos de la policía migratoria como “terroristas domésticos”— y las dudas sobre su gestión por gastarse más de 200 millones en campañas de publicidad para mejorar su imagen.

El bloqueo del DHS está empezando a tener consecuencias visibles para los ciudadanos a medida que se agotan los fondos de reserva y los funcionarios se quedan sin cobrar. Este departamento cuenta con unos 270.000 empleados públicos, pero más de la mitad han sido declarados no esenciales y han sido enviados a su casa sin sueldo hasta que se solucione el paréntesis presupuestario. Otros 100.000, calificados como imprescindibles, tienen que acudir a sus puestos de trabajo, pero también han dejado de cobrar conforme se han ido acabando los remanentes de esta administración. Las bajas laborales de estos empleados se están disparando y muchos servicios se están viendo afectados.

Colas en los aeropuertos

Los principales aeropuertos del país registran largas colas en los controles de seguridad y retrasos en los aviones por falta de personal. “Si esto continúa, no es exagerado sugerir que podríamos tener que cerrar literalmente aeropuertos, sobre todo los más pequeños”, aseguró el administrador adjunto interino de la Agencia de Seguridad en el Transporte (TSA), Adam Stahl, en la cadena conservadora Fox News.

Más del 10% de los agentes de los controles de seguridad de la TSA, y hasta el 30% en aeropuertos más grandes como el de Nueva York, no se presentaron a trabajar el pasado lunes, la tasa más alta desde el inicio del bloqueo presupuestario. Los empleados federales cobran por semanas o quincenas. La semana pasada fue la primera en la que no recibieron ni un dólar de salario, pero siguen teniendo que pagar el colegio de los hijos, la letra de la hipoteca o el crédito del coche y llevar comida a casa. Así que muchos se dan de baja para buscar ingresos extra hasta que se solucione el conflicto.

“De los más de 260.000 empleados del DHS, decenas de miles han sufrido dificultades económicas tras trabajar más de un mes sin cobrar”, señala la plataforma de sindicatos federales. “Estos trabajadores de primera línea se han preguntado si podrán pagar su hipoteca o comprar alimentos; un mes sin saber cuánto durará este cierre”, escribió Doreen Greenwald, presidenta del Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro, en una carta enviada al Congreso.

El paréntesis presupuestario podría alargarse hasta mediados de abril si no hay acuerdo antes del receso de dos semanas previsto por el Congreso con motivo de la Pascua. Y las vacaciones de Semana Santa amenazan con agravar la situación en los aeropuertos.

Los principales ejecutivos de las grandes aerolíneas estadounidenses como American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines, JetBlue Airways, Alaska Air y otras aerolíneas han enviado una carta a la Casa Blanca en la que advierten de que el cierre del gobierno está ejerciendo una presión cada vez mayor sobre las operaciones aeroportuarias y el personal que las mantiene en funcionamiento. Han instado al Congreso a “ponerse de acuerdo de inmediato para financiar el Departamento de Seguridad Nacional”.

Además, el cierre del DHS se produce en un momento crítico, en plena guerra con Irán, con un aumento de las amenazas internas. “En un momento en que nuestra nación enfrenta riesgos de seguridad extremos, es fundamental financiar a la agencia y a los dedicados empleados federales que velan por nuestra seguridad”, declaró esta semana Craig Carter, presidente nacional de la Asociación de Gerentes Federales.

Intercambio de propuestas

Tras el bloqueo del DHS está la postura inflexible de republicanos y demócratas para pactar la reforma de la ley migratoria que imponga límites a las actuaciones del ICE. La Casa Blanca se ha involucrado desde el principio para tratar de desbloquear la situación, pero también se ha esforzado para culpar a los demócratas del desaguisado que está provocando el cierre del DHS. Al mismo tiempo, estos acusan a los republicanos de patrocinar unas agencias responsables de la muerte de Renée Good el 7 de enero y de Alex Pretti el 24 de enero, mientras se manifestaban pacíficamente en Minneapolis contra los excesos de la política migratoria de Trump. Los dos sucesos generaron una ola de indignación por todo el país, lo que llevó a los demócratas a imponer controles para evitar abusos de estas agencias migratorias.

Desde mediados de febrero, la Casa Blanca y los demócratas se han estado intercambiando propuestas, pero sin lograr avances significativos. “Que el ICE pueda usar máscaras, sacar a la gente de sus autos y tirarlos al suelo, gasear a bebés y disparar a personas a plena luz del día sin rendir cuentas. Eso no ayuda a reducir las filas en el aeropuerto”, dijo la senadora demócrata Elizabeth Warren a la CNN.

Los dos partidos han intensificado las negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo antes de las vacaciones de primavera y en medio del nombramiento de Mullin. Los republicanos han filtrado esta semana la carta con la última propuesta de reforma del ICE que parece contener algunas de las reclamaciones de los demócratas. Se muestran partidarios de ampliar el uso de cámaras corporales en operaciones migratorias (excepto en aquellas que sean encubiertas) y aumentar la supervisión del Congreso mediante conservación de grabaciones y transparencia. También de limitar las acciones de control migratorio civil en lugares sensibles (como hospitales y escuelas), con excepciones para seguridad nacional y emergencias, según las propuestas incluidas en la carta firmada por el zar de la frontera, Tom Homan, y el director de la Oficina de Asuntos Legislativos, James Braid.

La propuesta también recoge el cumplimiento y ampliación de la supervisión del Congreso sobre centros de detención del DHS, incluyendo informes obligatorios del Inspector General; exigir identificación visible de los agentes y que se identifiquen verbalmente cuando se les solicite y mantener la práctica de no deportar ni detener ciudadanos estadounidenses, salvo cuando infrinjan la ley.

Culpas mutuas

“Tienen que tomarlo en serio”, dijo el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer. “Los temas clave, como las órdenes de allanamiento para entrar en una casa, la identidad de los policías y la prohibición de usar máscaras, no han cedido en esos puntos; tienen que tomarlo en serio”.

Aunque los demócratas admiten que se han producido avances, quieren que se reflejen en una ley, para garantizar que estas medidas no se puedan revocar por parte de la Casa Blanca. “Por lo que sé, parece totalmente insuficiente”, declaró el senador demócrata Richard Blumenthal. “No ofrece las reformas que exige el pueblo estadounidense”.

Esta semana, los demócratas del Congreso han enviado una nueva contrapropuesta a la Casa Blanca. Mientras analiza la propuesta, la Administración de Trump ha emitido este jueves un comunicado en el que responsabiliza a los demócratas del colapso. “Los demócratas han tergiversado las negociaciones en la prensa, no han respondido, han prolongado el sufrimiento de los estadounidenses que trabajan arduamente, se han jactado de estar muy tranquilos con respecto a este peligroso cierre y ahora admiten abiertamente que están perjudicando a la gente”, señala la nota.