Un jefe de policía de Florida aliado de Trump pide una vía para regularizar a los migrantes sin antecedentes

Uno de los jefes de policía más conocidos y de línea dura de Florida ha dicho este martes que el Congreso debería buscar una manera de que los migrantes que entraron de forma irregular al país y se han integrado a la sociedad puedan quedarse. Grady Judd, sheriff del condado Polk, al este de Tampa, en el centro de la península, dijo que planea solicitar orientación más precisa a la Administración de Donald Trump sobre qué migrantes deben ser la prioridad en la ofensiva de deportaciones del Gobierno federal.

“Tiene que haber un camino a seguir para las personas que están en este país, que entraron ilegalmente, pero no tienen historial criminal, trabajan y están contribuyendo a la sociedad”, afirmó Judd, un firme aliado de Trump y del gobernador Ron DeSantis, que lidera el Consejo Estatal de Aplicación de las Leyes de Inmigración, compuesto por ocho jefes de policía nombrados por los líderes republicanos del Estado.

Judd hizo las declaraciones en una conferencia de prensa, tras reportes de que en una reunión del Consejo el lunes algunos alguaciles habrían sugerido un cambio de postura. “Cualquier insinuación de que no estamos apoyando al presidente o al Gobierno es absolutamente falsa”, se apresuró a aclarar. “Lo que está haciendo Trump en materia de inmigración es correcto, y lo que está haciendo el gobernador DeSantis es correcto”.

No obstante, las declaraciones apuntan a un pragmatismo que cuestiona tanto lo que es viable como lo que es justo en la política migratoria de Trump, en un momento en que la Casa Blanca ha pedido en privado a los legisladores republicanos moderar el discurso sobre las deportaciones masivas, de acuerdo a numerosos reportes en medios nacionales. En Florida, uno de los bastiones de la agenda antiinmigrante de Trump, el debate evidencia la tensión entre la línea dura y la realidad sobre el terreno.

Florida ha promovido una estrecha colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha construido centros de detención con nombres tenebrosos y ha presionado para que las agencias policiales locales suscriban acuerdos 287(g) con el Gobierno federal. DeSantis creó el Consejo el año pasado para asesorar en la materia y trasladar a las autoridades federales lo que ocurre en la práctica.

Y eso es precisamente lo que Judd asegura que está haciendo. El Consejo no tiene capacidad para dictar políticas, sino que solo puede ofrecer retroalimentación basada en lo que ven en el terreno, explicó. Según informaciones de medios locales, durante la reunión del lunes, los jefes policiales coincidieron en la necesidad de definir con mayor claridad las prioridades de deportaciones y debatieron las tensiones entre el objetivo político de las expulsiones masivas y la realidad que enfrentan quienes las ejecutan. Judd planteó solicitar orientación adicional al presidente Trump para establecer criterios más precisos, especialmente en relación con los migrantes sin antecedentes penales.

“El 100% de los miembros presentes [en la reunión del lunes] coincidió en que debemos encontrar un camino a seguir para quienes están haciendo las cosas bien”, dijo Judd el martes. El problema de fondo, aseguró, es la falta de acción legislativa. “El Congreso tiene que hacer su trabajo”, dijo, y señaló que el sistema migratorio actual, con pocas vías legales de entrada, ha contribuido a la situación.

Los recursos policiales deberían concentrarse en quienes cometen delitos o representan una amenaza, mientras que otros casos requieren un tratamiento distinto. “No hay una sola respuesta para todas las situaciones”, dijo. “Estamos proporcionando ideas. Qué hacer con ellas es decisión de ellos, no nuestra”. Según el alguacil, el 76% de las detenciones migratorias solicitadas por su oficina están vinculadas a cargos criminales, mientras que el resto corresponde en su mayoría a arrestos colaterales.

Judd evitó utilizar términos como “amnistía” y presentó sus observaciones como una cuestión de sentido común. “No estoy usando ninguna palabra excepto ‘un camino a seguir’”, remarcó. Los migrantes sin antecedentes penales “están aportando valor económico, social y cultural. [Son] personas con las que uno se sienta en la iglesia los domingos”. “No podemos sacar a 10 o 18 millones de personas del país. Tenemos que establecer prioridades”, agregó.

Judd descartó la tensión política que podría generar su postura dentro de su propio partido. “No me preocupa ningún riesgo político. Hago lo correcto para la gente”, afirmó. “Esto no es una epifanía. Es sentido común sobre lo que está pasando”.

La oficina del fiscal general de Florida, James Uthmeier, una figura clave en la implementación de la agenda migratoria del Estado, respondió a una solicitud de comentarios: “Si las personas están aquí ilegalmente, entonces están violando la ley, y vamos a hacerla cumplir”.

Uno de los miembros del Consejo, el alguacil T.K. Waters, de Jacksonville, no estuvo presente en la reunión del lunes. En un correo electrónico a EL PAÍS, Waters dijo que no participó en la llamada y no comparte ni respalda “los comentarios realizados por otros”.

Judd subrayó que la entrada irregular sigue siendo una violación de la ley, pero sugirió que algunos podrían “pagar una multa”. “Hay personas que necesitan irse, pero hay otras que no”, añadió.

Aun así, el alguacil insistió en que no se trata de un cambio de rumbo y defendió el papel de las agencias federales. “Nuestra cooperación con el ICE no podría ser mejor”, afirmó. “El ICE está haciendo un trabajo extraordinario en circunstancias muy complicadas”. “Tenemos una oportunidad de hacer lo correcto. Y eso empieza por reconocer que no todos los casos son iguales”, agregó.