Los salvadoreños deportados por Trump a la megacárcel de Bukele luchan contra el olvido un año después

El 15 de marzo, Herbert Sigarán cumplió 51 años. Pero en su casa de Dallas nadie celebró. Su esposa, Karla, le consultó unos días antes si quería por lo menos un pastel. Él contestó sin ganas, pero categórico. “No, no. Yo no quiero nada. Yo lo único que quiero es saber de mi hijo. Ya va a ser un año desde que se lo llevaron”.

Su hijo es Brandon Sigarán, deportado por el Gobierno de Donald Trump el 15 de marzo de 2025 a El Salvador junto con más de 250 venezolanos, todos acusados sin pruebas de ser pandilleros. Fueron enviados pese a una orden judicial de emergencia emitida cuando ya estaban volando, en lo que se convirtió en el primer gran escándalo de la política migratoria implementada por el republicano en su segundo mandato. Una vez en el país centroamericano, fueron inmediatamente internados en la cárcel de máxima seguridad del presidente Nayib Bukele, conocida como el Cecot (Centro de Confinamiento del Terrorismo). Durante semanas no se supo nada de ellos y fueron declarados víctimas de una instancia de desaparición forzada masiva por Human Rights Watch.

En julio, todos los venezolanos fueron trasladados a Venezuela tras una negociación de canje de prisioneros entre Caracas y Washington. Parecía que la historia había llegado a su fin. Pero no para todos. Desde entonces, las familias de por lo menos cinco salvadoreños han presentado solicitudes, recursos, habeas corpus, y hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha ordenado medidas cautelares a su favor. No ha habido caso. Esos cinco salvadoreños que llegaron a El Salvador en los mismos vuelos hace un año siguen perdidos en las cárceles de Bukele, sin contacto con sus familiares ni sus abogados.

Los dos centenares de venezolanos han podido recomenzar sus vidas en su tierra o en otros países. Incluso, si quisieran, pueden volver a Estados Unidos para limpiar sus nombres, de acuerdo a una orden de un juez. Pero entre ellos no hay apetito para el recuerdo, solo para el porvenir: todos los contactados declinaron hacer parte de este reportaje.

Otro de los salvadoreños que voló junto con los venezolanos, Kilmar Abrego García, se ha vuelto un símbolo de la crueldad y el desprecio de las leyes del Gobierno estadounidense actual. Tras una campaña mediática y política enorme en junio, fue devuelto a Estados Unidos y desde entonces lucha por su derecho a vivir en el país en el que ha hecho su vida desde que tiene 13 años, donde nacieron sus hijos y su esposa.

En cambio, Brandon Sigarán, William Martínez, José Osmín Santos, Irving Quintanilla y Elmer Escobar González siguen, en la práctica, desaparecidos, tal como declaró Human Rights Watch a los venezolanos que compartieron avión con ellos hace un año. “No hemos tenido ninguna noticia nueva. El abogado Kelvi nos dijo que iba a hacer unos documentos para mandarlos a la Fiscalía de El Salvador, a diferentes organizaciones, para que ellos nos escucharan. Porque literalmente no sabemos nada”, dice Karla Sigarán por teléfono desde Texas, atrapada en un presente eterno definido por la incertidumbre.

Como los Sigarán y los demás, la familia de Elmer Escobar ha agotado todas las avenidas oficiales y no oficiales para dar con su paradero y poder hablar con él. Su tío, Josue González, recuerda cuando primero desapareció del sistema del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. A mediados de marzo, asegura, el buscador del ICE lo ubicaba en Guantánamo, en la isla de Cuba, hasta que de un día para otro su nombre dejó de existir en el sistema. Pasaron semanas sin saber de él hasta que lo reconocieron en un video que publicó el presidente Bukele en X que mostraba la llegada de los deportados al Cecot. Y confirmaron su destino unos días más tarde, cuando, para marcar la visita del mandatario salvadoreño a Washington, la Casa Blanca publicó una lista de algunos de “los criminales de sangre fría deportados a El Salvador”. Allí estaba el nombre de Elmer de nuevo, caracterizado como un agresor sexual convicto.

Josué asegura que eso es mentira. Sí, su sobrino —que había llegado a Estados Unidos con 13 años y era un dreamer, como se les conoce a los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, una especie de amnistía parcial de la época de Obama para indocumentados que hubiesen entrado al país siendo menores de edad— fue acusado de agresión sexual en septiembre de 2024, reconoce, pero califica esa denuncia como un intento de extorsión. Aunque Elmer estuvo detenido durante meses, con una fianza de 250.000 dólares que nunca pudo pagar, la denunciante decidió reiterar su acusación y el fiscal, desprovisto de pruebas, le ofreció una salida supuestamente más rápida que llevar el caso hasta el final: declararse culpable de abuso de sustancias y salir libre. Elmer aceptó, pero nunca obtuvo la libertad. En cuanto salió de la custodia de la justicia ordinaria, pasó a manos del ICE.

Entre abril y los meses del verano, las historias que cuentan las familias de todos son casi idénticas. Tíos, primos, amigos y abogados en El Salvador recorrieron las cárceles del país buscándolos. Fueron también a oficinas de la fiscalía y al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia. Pero solo encontraron silencio y, uno a uno, los abogados que habían accedido a apoyarles declinaron continuar, atemorizados por posibles represalias por parte del Gobierno de Bukele.

Pero las familias se sostenían, apoyadas en la tenue esperanza que les daba haber reconocido a sus hijos, sobrinos o hermanos en otra foto publicada por Bukele. En esta, se retrataba a Kilmar Abrego García merendando con otros presos en el penal de Santa Ana, una cárcel de menor seguridad, en la que los internos tienen la posibilidad de salir por unas horas y trabajar, siempre vigilados y sin poder hablar con civiles, pintando escuelas o arreglando calles. Cuando Kilmar regresó a Estados Unidos, le confirmó a la madre de William Martínez que él había estado con él, primero en el Cecot y luego en Santa Ana.

Fue así que por ese entonces las familias se percataron de que había otras en la misma situación y crearon un chat grupal en el que comparten información y se apoyan mutuamente. En ese momento entró en escena el abogado Kelvi Zambrano, venezolano radicado en Estados Unidos, que tomó sus casos pro bono. Con su ayuda, pasaron a instancias internacionales y presentaron una solicitud de medidas cautelares ante la CIDH.

Para finales de noviembre lograron lo que hasta ese momento parecía una quimera: el Gobierno de El Salvador admitió que cuatro de los desaparecidos estaban en su sistema penitenciario. Tres estaban en Santa Ana. Solo Brandon Sigarán seguía internado en el Cecot. Pero nada más. No compartieron de qué estaban acusados ni sus condenas. Tampoco les permitieron contactar con sus familias ni con un abogado. No estaban desaparecidos, pero su situación apenas cambió.

Ahora, 12 meses después del comienzo de la pesadilla, las herramientas legales a disposición están prácticamente acabadas. Solo queda una, asegura el abogado Zambrano. Presentarán inminentemente ante la CIDH una “petición para determinar la responsabilidad del Estado de El Salvador en la violación de derechos humanos”.

Karla Sigarán se aferra a ese último paso porque ya no le queda nada más a lo que aferrarse. El último año ha desmoronado la vida que tenía antes. Su esposo está deprimido y no sale de casa; su otro hijo recientemente se convirtió en padre, pero ni eso le alivia el recuerdo del momento cuando arrestaron a su hermano Brandon y lo vio por última vez; y ella perdió su trabajo de oficina hace unos meses porque, distraída permanentemente, había dejado de rendir. Aunque el mundo ha seguido, ellos no pueden, ni quieren, olvidar.