Una jueza prohíbe al ICE volver a detener al salvadoreño Kilmar Abrego García

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés) no puede volver a detener a Kilmar Abrego García, en libertad desde diciembre, según ha dictado este martes la jueza federal que lleva el caso. El salvadoreño de 30 años se convirtió en un símbolo del debate migratorio después de que fuera deportado por error a su país natal en marzo de 2025. Desde que fue retornado a Estados Unidos, en junio pasado, ha sido objeto de una persecución judicial por la Administración de Donald Trump, que le ha acusado sin pruebas de ser un miembro de la pandilla criminal MS-13.

De acuerdo con la decisión de la magistrada de Maryland Paula Xinis, las autoridades migratorias no pueden volver a ponerlo bajo custodia porque ha expirado un período de detención de 90 días, el cual está estipulado para las órdenes de deportación, y el Gobierno no tiene un plan viable para expulsarlo del país.

En los meses siguientes a su regreso a EE UU, el Gobierno ha querido deportar a Abrego García a un tercer país africano, intentando varias opciones, como Uganda, Ghana y Liberia, pero sin concretar ninguna. La jueza Xinis ordenó su libertad en diciembre pasado alegando que la vaguedad de los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional confirmaba que no tenían planes claros de su deportación.

El Gobierno “profirió amenazas vacías una tras otra de expulsarlo a países africanos sin ninguna posibilidad real de éxito”, escribió Xinis, en Maryland, en su orden del martes. “A partir de esto, el tribunal concluye fácilmente que no hay ‘buenas razones para creer’ que la expulsión sea probable en un futuro razonablemente previsible”.

En su orden del martes, Xinis reiteró además que el Gobierno ha “ignorado deliberadamente, y sin motivo alguno, al único país que ha ofrecido constantemente aceptar a Abrego García como refugiado, y al cual él acepta ir”, que es Costa Rica.

El abogado del salvadoreño, Simon Sandoval-Moshenberg, argumentó ante el tribunal que la detención migratoria no debe ser un castigo y que los migrantes solo pueden ser detenidos como una forma de facilitar su deportación; no pueden ser retenidos indefinidamente sin un plan de deportación viable. “Desde que la jueza Xinis ordenó la liberación de Abrego García a mediados de diciembre, el Gobierno ha intentado una y otra vez que lo vuelvan a detener”, escribió Sandoval-Moshenberg en un correo electrónico a la agencia AP. “En su decisión de hoy, [Xinis] reconoció que si el Gobierno realmente estuviera intentando expulsar a Abrego García de Estados Unidos, lo habrían enviado a Costa Rica mucho antes”.

Tras su liberación en diciembre, Abrego García volvió a su casa familiar en Maryland, donde vivía con su mujer, que es ciudadana estadounidense, y sus tres hijos (dos de ellos de una relación anterior de su esposa).

La jueza Xinis fue la primera en determinar que la expulsión de Abrego García fue injusta, pues contaba con una protección judicial que prohibía su deportación a El Salvador. De allí había huido cuando tenía 16 años por las amenazas que recibió de la banda criminal Barrio 18. En 2019 un juez le concedió la protección porque entendió que Abrego García sufriría represalias si regresaba. En El Salvador, fue encerrado en la cárcel del Cecot (Centro de Confinamiento del Terrorismo), donde asegura que fue torturado. Abrego García fue uno de los salvadoreños que fueron deportados junto a más de 200 venezolanos al país centroamericano el 15 de marzo de 2025, a pesar de que un juez ordenó el regreso de los aviones en los que viajaban. El Gobierno desobedeció las órdenes y ha sido acusado de desacato.

Además de su caso de deportación, la Administración de Trump le abrió un caso nada más llegar a Estados Unidos sobre tráfico de personas, por lo que fue encarcelado en Tennessee. La fiscalía usa como prueba el vídeo de una parada de tráfico en 2022, en el que parece Abrego García conduciendo un vehículo en el que viajaban otras nueve personas y que el Gobierno asegura que eran miembros del MS-13.

El juez federal de distrito Waverly Crenshaw, que lleva el caso, ha planteado la idea de que el tratamiento dado al salvadoreño no responde a criterios legales, sino vengativos, una teoría que ha sustentado la defensa.