Un juez ordena al Gobierno de Trump regresar a los venezolanos deportados a El Salvador

Un juez federal ha ordenado al Gobierno de Donald Trump que regrese a los migrantes venezolanos que fueron deportados a la prisión de máxima seguridad conocida como Cecot (Centro para el Confinamiento de Terroristas) de El Salvador el año pasado, y se encuentren en un país que no sea Venezuela. En marzo, el mismo juez federal de distrito, James Boasberg, autor del fallo actual, ordenó que los aviones que llevaban a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, regresaran a Estados Unidos, pero la Administración no hizo caso y los aviones aterrizaron en suelo salvadoreño. El magistrado quiere ahora que el Gobierno enmiende su error al haber deportado a los migrantes sin haberles permitido defenderse como parte del proceso debido.

“Nuestro punto de partida es la constatación previa del Tribunal de que se les negó el debido proceso a los deportados”, escribió Boasberg. “En este contexto, y consciente de la flagrancia de las violaciones por parte del Gobierno de los derechos al debido proceso de los deportados que llevaron a los demandantes a esta situación, el tribunal se niega a permitir que se desmoronen en el atolladero sin solución que proponen los demandados”, escribió.

El juez obliga a la Administración de Trump a pagar por el viaje de los deportados que quieran regresar para remediar el daño cometido, porque “esta situación nunca se habría presentado si el Gobierno simplemente hubiera reconocido a los demandantes sus derechos constitucionales antes de deportarlos inicialmente”. El Gobierno debe presentar un informe de situación antes del 13 de marzo, explicando cómo y cuándo transportará a los venezolanos que buscan regresar a Estados Unidos desde un tercer país.

La deportación ocurrió el 15 de marzo de 2025, y el Gobierno se apoyó en una ley que sólo se ha aplicado en tiempos de guerra, la Ley de Enemigos Extranjeros, de 1798, argumentado que los detenidos pertenecían a las pandillas criminales latinoamericanas Tren de Aragua y el MS-13 y que estas supuestamente estaban “invadiendo”Estados Unidos. Nunca ofreció pruebas ni de la pertenencia ni de la “invasión”. Más tarde, la Administración mostró tatuajes de los acusados, muchos de ellos populares en sus países, como su justificación de considerarlos pandilleros.

Boasberg acusó al Gobierno de desacato por no cumplir sus órdenes de regresar los aviones antes de que llegaran a El Salvador, pero las autoridades se defendieron asegurando no haberlas recibido a tiempo. Un ex alto funcionario del Departamento de Justicia declaró después que se desobedecieron las órdenes a propósito, contradiciendo la versión oficial inicial.

Después de pasar casi cuatro meses encerrados en la cárcel salvadoreña, conocida por la violación sistemática de los derechos humanos, los presos fueron trasladados a Venezuela en verano por un acuerdo alcanzado con Estados Unidos de intercambio de prisioneros. El juez Boasberg excluye de la obligación de facilitar el retorno a los que se encuentran en ese país “entendiendo que la situación en Venezuela sigue siendo inestable” y que podría afectar a las relaciones exteriores de EE UU.

No obstante, extiende a todos la oportunidad de presentar un recurso de habeas corpus y la posibilidad de defenderse de las acusaciones de pertenecer al grupo criminal desde el extranjero.

El juez entiende que no serán muchos los que regresen. “No se pudo saber cuántos de los 137 aún se encuentran en Venezuela y cuántos desean proceder con el hábeas corpus”. Boasberg recrimina al Gobierno no haber presentado opciones para remediar el daño cometido, como él mismo ordenó en diciembre pasado. “Aparentemente, no interesado en participar en este proceso, las respuestas del Gobierno básicamente le dijeron al Tribunal que se callara”, apunta y remite a la decisión que el Tribunal Supremo publicó sobre el caso de Kilmar Abrego García, que entiende como análogo al de los venezolanos. El salvadoreño también fue uno de los deportados al Cecot y el primero que la Administración reconoció haber deportado por error, pues contaba con una orden judicial que impedía su expulsión. El Alto tribunal dio la razón a la jueza de distrito de Maryland, que halló ilegal su expulsión e instó al Gobierno que “facilitara” su regreso.

El Gobierno de Trump hizo caso omiso de la orden, pero acabó retornado a Abrego García para enfrentar cargos penales en junio. El salvadoreño, después de varios meses detenido y de un largo periplo judicial, fue liberado bajo fianza. Boasberg incluyó en su fallo la declaración de la jueza del Supremo Sonia Sotomayor, quien dijo sobre el caso del salvadoreño que “el remedio adecuado es brindarle a Ábrego García todo el proceso al que habría tenido derecho de no haber sido deportado ilegalmente a El Salvador. Esto significa que el Gobierno debe cumplir con su obligación de brindarle a Ábrego García el debido proceso legal, incluyendo la notificación y la oportunidad de ser escuchado, en cualquier procedimiento futuro”. Sobre la logística de las audiencias para los deportados que pidan un habeas corpus desde el exterior, el juez dice que se determinará más tarde.