Los venezolanos deportados a la cárcel de Bukele revelan torturas y violaciones: “Decían que solo saldríamos en una bolsa negra”

Las fotos de la dentadura de Luis sin una de sus piezas delanteras y la de la nariz de Daniel con el tabique visiblemente desviado son parte de las evidencias recogidas en el informe Llegaron al infierno, de Human Rights Watch, que se ha hecho público este miércoles. El documento revela la tortura y otros abusos contra venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, la mega cárcel de Nayib Bukele. También están las imágenes las cicatrices redondas en la mano de Mateo y en el pecho de Carlos, quienes recibieron disparos con perdigones de goma a corta distancia mientras estuvieron detenidos en celdas de esta prisión.

Las secuelas siguen a la vista casi cuatro meses después de que 252 migrantes venezolanos pasaran la peor parte de la pesadilla. La policía migratoria de Estados Unidos los detuvo en distintos momentos y ciudades y situaciones —redadas, en sus casas, al cruzar la frontera— y el 15 marzo de este año, el presidente Donald Trump decidió enviarlos a la prisión de El Salvador, invocando la Ley de Enemigos Extranjeros y acusándolos de ser pandilleros del Tren de Aragua. Vivieron el horror: raciones diarias de golpizas. Tras un acuerdo entre gobiernos, con mediación de la iglesia, el 18 de julio los terminaron enviando a Venezuela, un país que algunos de ellos habían dejado tiempo atrás, en algunos casos huyendo de la persecución política. A cambio de los venezolanos, el Gobierno de Nicolás Maduro entregó a Washington 10 estadounidenses presos.

HRW, que se ha apoyado en la ONG Cristosal, centros de investigación, documentos oficiales y especialistas forenses, reconstruye el sistema de tortura del Cecot a partir de los testimonios de los venezolanos que permanecieron cuatro meses y tres días en un lugar construido para que casi nadie pueda salir. En el informe se resguardan las identidades de las 40 víctimas que entrevistaron directamente y de decenas de familiares, amigos y abogados con los que hablaron para armar los casos de 130 de los 252 venezolanos que la Administración Trump envió a la prisión centroamericana. Se les cambiaron los nombres por miedo a represalias y porque varias de ellos han emprendido acciones legales contra los Gobiernos de Estados Unidos y El Salvador.

A Daniel le rompieron la nariz luego de que participara en las entrevistas que el personal de la Cruz Roja Internacional hizo a un grupo de los presos venezolanos el 7 de mayo. Lo golpearon con un bastón y le dieron un puñetazo en la nariz, que lo hizo sangrar profusamente. “Me siguieron pegando en el estómago y, cuando traté de agarrar aire, me empecé a ahogar con la sangre. Me quedó desviada la nariz de esos golpes”, refiere el informe.

No fue el único. “Luego de la entrevista, llegaron en la tarde a sacarnos de la celda a posición de requisa y nos dieron otra golpiza y nos decían que era por haberle contado a la Cruz Roja de las golpizas”, dijo Flavio. “A mí solo me golpearon esa misma tarde, pero a otros compañeros los estuvieron golpeando por toda la siguiente semana”. La tortura psicológica, sin embargo, fue lo que más le afectó, dijo este detenido. “Lo más difícil fue que los guardias nos decían que nunca saldríamos de ahí, que nuestras familias nos habían dado por muertos”. Una frase que repetían frecuentemente era que “la única manera de salir de acá [el Cecot] es en una bolsa negra”; es decir, muerto. Los 252 venezolanos pueden contarlo.

Las golpizas más duras

En las vísperas de las visitas, como las tres que hizo la Cruz Roja en mayo y junio o la de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en marzo, les entregaron ropa de cama, almohadas y productos de aseo personal para mejorar sus condiciones. Luego de que se iban los invitados, les quitaban los artículos y las golpizas se intensificaban. Dos o tres días antes de que finalmente los enviaran a Venezuela, también mejoraron el trato, pero también les dieron las últimas palizas.

Apenas bajaron del avión, comenzaron a golpearlos. “Un oficial me pegó con un bastón negro en la cara, en la boca exactamente, de eso me tumbaron un diente de adelante”, cuenta Luis. Otros agentes también le dieron puñetazos en las costillas y lo golpearon en la rodilla derecha con un palo. “La doctora que me vio después, como a la semana allí en la cárcel, me dijo que me habían roto el ligamento [de la rodilla]. No me dieron nada para el diente”, afirmó, según recoge el informe.

La investigación documentó violencia sexual. Un detenido dijo que cuatro guardias abusaron sexualmente de él cuando lo llevaron a una celda de aislamiento llamada “la isla”, en la que regularmente castigaban con más golpes, incomunicación y privación de agua y comida a quienes consideraban que incumplían las reglas. “Jugaron con sus bastones en mi cuerpo”, dijo Mario. “Me metían los bastones dentro de mis piernas y me los rozaban por mis partes íntimas”. Luego, lo obligaron a practicarle sexo oral a uno de los guardias, lo manosearon y lo llamaron “maricón”. Otro detenido, Nicolás, dijo que fue agredido sexualmente durante las golpizas. Los oficiales le agarraron los genitales e hicieron comentarios de naturaleza sexual. “Esto se lo hacían a varios”, dijo. “No creo que los demás te lo cuenten porque es muy íntimo y da vergüenza”.

HRW señala que “las golpizas y otros abusos parecen formar parte de una práctica diseñada para someter, humillar y disciplinar a los detenidos mediante la imposición de graves sufrimientos físicos y psicológicos”. Los investigadores advierten de que, según los testimonios, los guardias de seguridad iban con uniforme gris y negro, siempre estuvieron con las caras tapadas y se llaman entre sí con sobrenombres como Satán, Tigre, El Cuervo, Vegeta o Pantera y tenían total autoridad para tratar a los prisioneros como lo hicieron. “La brutalidad y la naturaleza repetitiva de los abusos también parecen indicar que los guardias y la policía antimotines actuaban con la convicción de que sus superiores apoyaban o, como mínimo, toleraban sus actos abusivos”, dice el informe.

Limbo en tres países

El Cecot —de acuerdo con HRW— no cumple con varios de los parámetros del derecho internacional de los derechos humanos y de las llamadas reglas Mandela que garantizan el trato digno a los reclusos. Abierta por Nakib Bukele en enero de 2023, en medio del régimen de excepción, se ha convertido en una maquinaria de tortura que es parte del aparato institucional del presidente salvadoreño. Hay antecedentes de graves violaciones de derechos humanos cometidas en esta cárcel. “Estados Unidos envió a los 252 venezolanos al Cecot a pesar de informes creíbles que indican que se cometen torturas y otros abusos en las prisiones de El Salvador. Esto viola el principio de no devolución, establecido en la Convención contra la Tortura, entre otros”, denuncia la organización.

Casi todo en el proceso es irregular. Los Gobiernos de Estados Unidos y El Salvador rechazaron dar a conocer información sobre el paradero de los 252, o sobre cuál era su destino, hasta el punto de que sus acciones -o su falta de acción- representa un delito de desaparición forzosa bajo el Derecho Internacional, denuncia el informe. Ese delito se produce cuando un Gobierno detiene a una persona y rechaza dar información sobre dónde se encuentra o qué va a ser de ella, dejándola sin protección legal y causando un sufrimiento adicional a las familias. La detención de los migrantes venezolanos en el Cecot tampoco tenía ninguna base legal, lo que la convierte en arbitraria según el derecho internacional humanitario, denuncia HRW.

Una vez internados en el Cecot, los venezolanos no pudieron comunicarse con sus familiares ni sus abogados. Ni San Salvador ni Washington publicaron jamás una lista oficial con los nombres de los afectados, ni confirmaron las oficiosas que circularon. Las autoridades migratorias de Estados Unidos aseguraron a los integrantes del grupo que los devolverían a Venezuela. A ninguno de los entrevistados le informaron de que su verdadero destino era El Salvador.

Para las familias, comenzaba una particular versión del infierno, sin conocer dónde se encontraban los suyos y con la burocracia convertida en instrumento de tortura psicológica. Los nombres habían desaparecido del sistema informático con la localización de los detenidos, poco después del traslado y, aparentemente, “antes de lo que es práctica habitual del ICE”. Los abogados estadounidenses de algunos de ellos denuncian que las autoridades de inmigración nunca les informaron del traslado de sus clientes.

Las familias se encontraron atrapadas en un sistema en el que, cuando conseguían hablar con alguien para pedir información en las oficinas de ICE o los centros de detención, las respuestas de los funcionarios eran desesperantes: o el nombre de su ser querido no aparecía en el sistema, o su paradero era desconocido, o no podían facilitarles información. En el mejor de los casos, se les confirmaba que su familiar había sido deportado, aunque no se les revelaba a dónde. A algunos, la única solución que se les sugería era contactar con “la embajada de Venezuela en Estados Unidos”, aunque esta lleva cerrada años.

Los intentos de contactar por correo electrónico con el comisionado presidencial salvadoreño para los derechos humanos, Andrés Guzmán Caballero, solo encontraron como respuesta un mensaje automático: su solicitud había sido trasladada a las “instituciones competentes”. Después de eso, silencio administrativo.

HWR resalta que los tribunales salvadoreños también se negaron a proporcionar información sobre el paradero de los venezolanos. Entre marzo y julio, Cristosal ayudó a presentar 76 peticiones de habeas corpus ante la Corte Suprema, sin obtener respuesta. A finales de marzo, la Dirección General de Centros Penales de El Salvador respondió a esta organización que la lista de personas afectadas por esta medida había sido declarada reservada por siete años y por eso no podían informar sus nombres. Al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, El Salvador aseguró que no habían detenido a los venezolanos, sino que más bien habían “facilitado el uso de la infraestructura penitenciaria salvadoreña para la custodia de personas detenidas en el ámbito del sistema judicial y de cumplimiento de la ley de ese otro Estado”, es decir, Estados Unidos.

Con la excarcelación, ha pasado solo una parte de la pesadilla para estos hombres. “Estoy en alerta todo el tiempo porque cada vez que escuchaba el sonido de las llaves y de las esposas, significaba que ya venían a pegarnos”, dijo Daniel a HRW. Los detenidos aseguraron que han quedado afectados psicológicamente por lo vivido. En Venezuela, les hicieron revisiones médicas, entrevistas en medios oficiales y comprobaron sus antecedentes antes de llevarlos a sus casas. No han recibido apoyo psicológico para sobrellevar el trauma que sigue. El informe señala que dos detenidos afirmaron que agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) fueron a sus casas tras su regreso. “Vivo con miedo”, dijeron varios de los entrevistados. De acuerdo con el informe, los agentes dijeron que las visitas formaban “parte de un proceso de monitoreo”. Les pidieron que grabaran videos sobre su detención en Estados Unidos, el trato que recibieron y les preguntaron, entre otras cosas, si tenían conexiones con agencias estadounidenses que buscaban “desestabilizar al Gobierno”.