El chavismo resiste a Trump y radicaliza su proyecto de ‘Estado revolucionario’

Aunque lejos del esplendor del pasado, los mandos chavistas incrustados en el Estado venezolano enfrentan el asedio estadounidense de esta hora con la mira puesta en un solo objetivo: garantizar su continuidad en el poder, incluso en un eventual escenario bélico. En el Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro y sus colaboradores no solo esperan salir airosos del grave trance que les ha hecho pasar de Donald Trump, sino que además laboran apuradamente para hacer realidad un sueño largamente anhelado. Se trata de hacer irreversible la revolución bolivariana, radicalizando sus fundamentos.

El objetivo estratégico atiende a un principio vigente desde los tiempos de Hugo Chávez. En estos 25 años, después de cada nuevo careo con la oposición para imponer al país su proyecto político, el régimen venezolano ejecuta un nuevo giro de tuerca y profundiza sus objetivos para estabilizarse en el poder.

Para alcanzar esta meta, la nomenclatura oficialista aprieta el puño frente a la disidencia, achica los espacios del debate público —arrestando a nuevos dirigentes opositores— y trabaja en la consolidación de una nueva arquitectura de gobierno. La última liberación presos políticos anunciada por el Gobierno —99 en total— le permite ganar tiempo y ofrecer buena voluntad, pero no contradice en absoluto la decisión de radicalizar la revolución.

El propósito de todo este esfuerzo consiste en terminar de darle forma al Estado Comunal, el punto de llegada, el fin ulterior del proceso revolucionario bolivariano. Un marco jurídico que, en palabras de Nicolás Maduro, debe trascender “el viejo modelo burgués”, para abrirle paso a “la democracia directa”; “el modelo popular de autogestión.”

El estado revolucionario invierte ahora más tiempo y más dinero en la reestructuración y el fortalecimiento de las comunas, organizaciones celulares que, teóricamente, plantan a la militancia bolivariana cuadra por cuadra, garantizando el control territorial y el desarrollo económico del país. Maduro asegura que en Venezuela hay 5.300 comunas en proceso de consolidación.

Las comunas están galvanizadas con presencia militar, a través de las Unidades Comunales de Defensa Integral, uno de los diagramas organizativos de la coalición cívico-militar en el poder ante el desafío planteado por la Casa Blanca. El Gobierno procura que ambos mundos, el civil y el militar, trabajen de forma conjunta. El ministerio de la Defensa, plenamente acoplado a la estrategia, ya ha distribuido su armamento antiaéreo más letal en los rincones de la geografía nacional.

El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) acaba de celebrar una plenaria extraordinaria en la cual acordó pasar “a una fase armada de la revolución”, afincado en el principio maoísta de la “guerra popular prolongada”, si llegara a materializarse alguna agresión contra el país. En cadena nacional de radio y televisión, Maduro ha encargado personalmente al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, que apure definitivamente el alistamiento y el apresto operativo de los trabajadores de la administración pública, ordenando “repartir armas y estar listos para la defensa nacional en cada fábrica del país”.

Maduro —un dirigente sindical de extrema izquierda en su juventud— también ha decretado el inicio de una “constituyente sindical”: la reorganización y el nuevo marco legal de todos los círculos laborales existentes en el país, para forzar los niveles de compromiso adecuados con el estado revolucionario, neutralizando con la coacción cualquier amago disidente.

El Gobierno quiere ir más allá: el presidente ha pedido a todas las corrientes civiles que le apoyan (en la narrativa oficial, “los movimientos sociales”) a reunirse en una asamblea plenaria en el mes de enero, para intercambiar proposiciones para una Reforma Constitucional. El proyecto había sido anunciado a comienzos de 2025 y ahora regresa al foco de la opinión pública. Un proceso, de acuerdo a Maduro, “que nos permita perfeccionar nuestra democracia, con un modelo participativo, inclusivo, no solamente representativo”.

Hacía un “Estado revolucionario”

Esta reforma puede establecer nuevas reglamentaciones para la organización de elecciones; otorgarle rango constitucional a la organización comunal (puesto que no lo tiene); lesionar la autonomía regional y el pluralismo político; y aumentar la incumbencia de las Fuerzas Armadas en los objetivos políticos del actual Gobierno.

La reforma le daría toques definitivos al “Estado revolucionario”. Traería consigo nuevas disposiciones para el fortalecimiento del llamado Poder Popular, la plataforma de gobierno sobre la cual se asientan las comunas. Se supone que, a través del Poder Popular, las comunas recibirían los ingresos del fisco nacional para asumir la gestión y ejecución directa de proyectos locales de desarrollo, fortaleciendo, en teoría, el acceso de las mayorías nacionales a los recursos del país. En este diagrama, el peso en la gestión de las comunas —instancias controladas desde el Poder Ejecutivo, que puede orientar la asignación de los recursos a su conveniencia— tendría igual o mayor poder que las instancias formales de gobierno.

Desde hace casi dos años, el gobierno de Maduro trabajen un sistema que consolide proyectos comunales a través de la denominada Consulta Popular Nacional. En este proceso, el Estado pide a los vecinos organizados territorialmente que presenten sus proyectos para ser autogestionados —escuelas, diques preventivos, asfaltado, zonas comerciales, infraestructura mediana—, y elegirlos en votaciones. Ya se han organizado cuatro consultas.

Tanto Nicolás Maduro como Diosdado Cabello, el número dos del régimen, han alentado a la militancia chavista comunal desplegada en las calles —“patriotas cooperantes” se les suele llamar”— a informar a las autoridades sobre aquello que sucede en su entorno, a ubicar a los amigos y a los enemigos y a identificar a los sospechosos a través de una aplicación creada en el gobierno llamada Venapp.

Todo este proceso coincide con la presión política y militar de Estados Unidos. El régimen chavista, ya sin paciencia para escuchar críticas o cuestionamientos a su legitimidad, presiona como nunca antes a los medios de comunicación, impone la censura y aprueba instrumentos legales que contemplan penas de prisión de hasta 30 años por justificar, matizar o apoyar cualquier medida coercitiva contra el país.

Se pena incluso pasar en diagonal por algún postulado hecho por María Corina Machado o Edmundo González Urrutia, los líderes opositores. Al mismo tiempo, continúa arrestando dirigentes políticos, como le sucedió a Melquíades Pulido García, del partido Vente Venezuela; al analista político Nicmer Evans; o saJosé Elías Torres y William Lizardo, dos dirigentes de la opositora Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTV.

Este esfuerzo organizativo del gobierno de Maduro no es nuevo. El oficialismo se ha pasado años intentando consolidar, con resultados insuficientes, el Poder Popular y el Estado comunal como una realidad irreversible en su relación con el poder. El Ministerio de Comunas lleva, de hecho, más de diez años de existencia.

Estas modalidades colectivistas de gestión, que alguna vez generaron ilusión en las zonas empobrecidas del país, y en las cuales se ha invertido muchísimo dinero sin resultados demasiado relevantes, ahora son vistas con desconfianza y desinterés por la gran mayoría del país, de acuerdo a lo que informan varios análisis cualitativos de sondeos demoscópicos de 2024 y 2025.

Con el control de los mecanismos convocantes del Estado, la dirigencia chavista hace todo lo que puede para darle legitimidad a sus acciones invocando una consulta popular “verdadera” y no “burguesa”. El Gobierno no ha perdido la esperanza de volver a enamorar a las mayorías nacionales cuando mejoren las condiciones políticas. En caso de un conflicto armado, de una agresión parcial o de una intervención militar que no pueda neutralizar al adversario, “no tendrían que ser demasiados para ocasionar por cuenta propia un enorme daño”, tal como afirmara el escritor y analista político, Moisés Naím.