La ministra de Educación defiende su ley para bajar las ratios: “Va a aumentar la calidad de la enseñanza”

La nueva ministra de Educación, Milagros Tolón, afronta este jueves su primera prueba con la votación en el pleno del Consejo Escolar del Estado del dictamen sobre el anteproyecto de ley del Gobierno para reducir las ratios de estudiantes por clase a 22 en infantil y primaria y a 25 en la ESO en los centros públicos y concertados, y blindar el máximo de horas lectivas del profesorado de la enseñanza pública, situándolas en 23 semanales en los colegios y 18 en los institutos. “La bajada de ratio va a aumentar la calidad de la enseñanza. Y la bajada de las horas lectivas reducirá la saturación a la que una ley del Partido Popular llevó al profesorado”, ha declarado Tolón antes del inicio de la sesión.

El Consejo Escolar del Estado es el máximo órgano consultivo oficial en materia de enseñanza, y está formado por más de un centenar de representantes de la comunidad educativa: profesorado, estudiantes, familias, consejos escolares autonómicos, y personas de reconocido prestigio del ámbito docente. Su dictamen no es vinculante para el Gobierno, pero sí preceptivo, necesario para que la tramitación de la norma pueda continuar. La permanente del Consejo Escolar avaló la ley en diciembre, y ahora dicho visto bueno se somete al pleno.

Además del dictamen en sí, se votan también las enmiendas presentadas al anteproyecto de ley, que pueden agruparse en dos grandes categorías: 1) las que piden ir más lejos, ampliando la bajada de ratios a más etapas educativas, defendidas por los sindicatos docentes, 2) las que reclaman que la norma cuente con dotación presupuestaria específica, planteadas por la junta de consejos escolares autonómicos, que actúa en este caso como correa de transmisión de los gobiernos de los territorios gobernados por el PP, los cuales no quieren asumir la factura de la rebaja de ratios y horas lectivas impulsadas por el Gobierno. Tolón ha asegurado que el ministerio está abierto “a escuchar” las propuestas de la comunidad educativa.

Bajada en más etapas

El anteproyecto de ley contempla reducir el número de estudiantes por clase de 25 a 22 en primaria y de 30 a 25 en la ESO. En seis meses desde que entre en vigor la ley, además, señala el texto, el Gobierno deberá aprobar un decreto concretando descensos en el segundo ciclo de Educación Infantil (el 3-6), Bachillerato y FP Básica, si bien la norma no especifica su alcance. Fuentes del ministerio apuntaron en su día que esta fórmula en dos fases fue adoptada para facilitar que el anteproyecto pueda salir adelante en el Congreso, donde el Gobierno cuenta con una mayoría inestable.

El calendario de implantación prevé que la reducción de la ratio se aplique de forma escalonada, empezando por el primer nivel de cada etapa y extendiéndose cada curso al superior. La implantación comenzará en 2027 en infantil y primaria, en 2028 en la ESO y la FP Básica, y en 2029 en Bachillerato. Para el curso 2031, tiene que estar implementada en todos los niveles, por lo que en primaria debería ir a un ritmo mayor al de nivel por curso.

Los centros que, por falta de espacio, no puedan aplicar reducciones de ratio, recibirán en todo caso la dotación de profesorado que le correspondería para llevarla a cabo, para que puedan reducir la relación de estudiantes por docente mediante otras fórmulas, como la codocencia (dos profesores juntos en el aula).

No es fácil que las enmiendas al dictamen salgan adelante, ya que tienen que ser aprobadas por dos tercios de la composición del pleno (y nunca asisten todos los miembros). Las que parecen contar con más posibilidades son las presentadas por los sindicatos de enseñanza, que reclaman, entre otras cosas, que la bajada de las ratios se extienda al primer ciclo de infantil y a la FP de grado medio, la enseñanza con mayor tasa de abandono; en torno a un tercio del alumnado matriculado no termina los estudios.

Tanto las ratios como las horas lectivas fijadas en la ley serán las máximas, según prevé la norma, y podrán ser reducidas por los ejecutivos autonómicos.