Educación bajará las ratios a 22 alumnos en primaria y a 25 en la ESO en toda España

El Ministerio de Educación quiere bajar por ley la ratio de estudiantes por clase a un máximo de 22 en educación primaria (ahora son 25) y a 25 en la ESO (en lugar de los 30 actuales). El alumnado con necesidades educativas especiales (básicamente, chavales con discapacidad y con trastorno del espectro autista) contará, además, doble a efectos de la ratio de estudiantes por aula en toda España. Educación se lo ha propuesto este jueves a los principales sindicatos de enseñanza en la segunda reunión específica sobre el tema, convocada en la sede del ministerio. Una vez pactado con ellos, la intención del Ejecutivo es llevar el proyecto de ley al Congreso, donde necesitará recabar apoyos para aprobarlo.

El documento presentado por el Gobierno también prevé un descenso de ratios en educación infantil, bachillerato y FP Básica, aunque no concreta de cuánto sería. El descenso en los colegios de infantil y primaria empezará a aplicarse en septiembre de 2027. En la ES0, en septiembre de 2028. Y en bachillerato, en 2029. Su aplicación, como suele hacerse en este tipo de reformas, será progresiva, empezando por los primeros cursos de cada etapa. Si bien, dado que tiene que estar aplicándose plenamente en septiembre de 2031, en primaria, que cuenta con seis cursos, tendrá que ir un poco más rápido que a curso por año.

El cambio consistente en que el alumnado con necesidades educativas especiales cuente doble a efectos de ratio empezará a aplicarse, en cambio, en septiembre de 2026.

Bajar más las ratios en los centros con más alumnado vulnerable

La primera propuesta del ministerio, que puso sobre la mesa en septiembre, contemplaba reducir las ratios en los centros que matriculan a un elevado número de estudiantes en situación de vulnerabilidad socioeconómica. En esta segunda propuesta, este tratamiento diferenciado también se dará a los centros educativos que matriculen a un número alto de estudiantes con necesidad específica de apoyo educativo.

Esta es una categoría oficial amplia, que abarca no solo a los estudiantes con discapacidad o trastorno del espectro autista, sino también los que presentan dislexia, discalculia, trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), desconocimiento del idioma del aula, situación de desventaja socioeducativa u otras dificultades para el aprendizaje.

Llevar rápido el proyecto de ley al Congreso

Educación pretende, si hay acuerdo con los sindicatos, llevar el anteproyecto de ley al Congreso antes de que acabe el año, con el objetivo de que las primeras medidas, que incluyen la reducción del número de horas de clase que los docentes deben dar a la semana a 18 horas en los centros educativos de secundaria y 23 en los colegios de infantil y primaria, entren en vigor el curso que viene. Para aprobar la ley, el Gobierno tendrá que recabar los apoyos necesarios en el Parlamento.

El documento, que está escrito en formato articulado, es decir, como borrador de dicha futura norma, incluye en su disposición adicional tercera que “en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley” se cambiará de forma reglamentaria (por decreto, sin necesidad de pasar por las Cortes) la ratio de estudiantes en educación, infantil, bachillerato y FP Básica y se establecerá el sistema para tratar de forma diferente a aquellos centros educativos que matriculan a una proporción alta de alumnado vulnerable.

Dicho decreto incluirá, en concreto, “los indicadores de referencia para la determinación de aquellos centros educativos en los que, por escolarizar a un elevado número de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, por estar ubicados en zonas de especial complejidad social o para mejorar las tasas de éxito, promoción, titulación y reducir las de abandono escolar, se requiera la adopción de medidas concretas que faciliten una atención específica del alumnado, que podrán incidir en una mayor adaptación tanto de las ratios máximas establecidas como de los medios”.

El hecho de que la medida entre en vigor de forma progresiva hasta completarse en 2031, unido al descenso de alumnado como consecuencia de la caída de la natalidad, hace que la medida no vaya a tener un fuerte impacto presupuestario en las comunidades autónomas, que son las que deben financiarla. Parte de ellas ya han ido llegando a acuerdos con los sindicatos para bajar las ratios, si bien 13 de las 17 tienen hoy ratios superiores a las que prevé el borrador de la ley presentado por el ministerio (aunque, de ellas, cuatro en primaria y otras dos en la ESO tienen en marcha reducciones progresivas, que se irán implementando en el conjunto de cada etapa en los próximos cursos).

Por el lado positivo, en cambio, en caso de aprobarse se tratará del primer descenso por ley de las ratios desde la LOGSE, la ley educativa aprobada en los años noventa. Impedirá a las comunidades que ya las han bajado volver a aumentarlas por su cuenta en caso, por ejemplo, de crisis económica. Y hará que el descenso de alumnado previsto como consecuencia de la bajada de la natalidad no pueda traducirse simplemente en la reducción del número de docentes.

Los sindicatos aún ven lejos el acuerdo

Los sindicatos han recibido, en general, de forma positiva el nuevo planteamiento del ministerio, que los ha convocado a una nueva reunión la semana que viene, pero todavía no ven cerca el acuerdo. “La propuesta ha mejorado un poco, pero las posturas siguen alejadas, tienen que mejorar mucho más”, ha manifestado Héctor Adsuar, de CC OO. La medida “se implantará muy poco a poco, y es low cost”, ha señalado Fernando Villalba, de STES. Mientras CSIF ha manifestado su intención de intentar mejorar las ratios máximas propuestas en las negociaciones con las comunidades autónomas.

El primer borrador del ministerio se refería de forma genérica a la posibilidad de bajar las ratios en todo el sistema. Y, si se optaba por dicha opción, proponía concentrar el descenso en aquellos cursos que se consideran más cruciales a la hora de determinar el éxito educativo, por coincidir por ejemplo con el cambio de etapa entre primaria y la ESO, o en los que el número de estudiantes por clase es ahora muy elevado. En concreto, proponía hacerlo en 5º y 6º de Primaria, 1º y 2º de la ESO, la FP Básica, y en Bachillerato.

El Gobierno ―que abrió formalmente la negociación de la reforma del profesorado con los sindicatos a principios de año, dentro de la cual se incluye la cuestión de las ratios― pidió a los sindicatos en aquella reunión de septiembre que le diesen su opinión formal sobre aquella propuesta, y que formulasen los cambios que considerasen, comprometiéndose a tratar de incorporarlo al proyecto de ley.