El Gobierno reducirá por ley la ratio en las aulas a las que asisten los alumnos desfavorecidos

El Ministerio de Educación quiere reducir por ley, a partir del curso que viene, la ratio de alumnos por aula en los centros educativos a los que asiste el alumnado desfavorecido, según ha trasladado este martes a los sindicatos de enseñanza en la reunión más importante que han mantenido desde que a principios de año se abriera la negociación para la reforma del profesorado. Educación descarta una bajada general del número de estudiantes por clase y opta por aplicar lo que describe como un criterio de “equidad”, según fuentes asistentes al encuentro que se está desarrollando esta mañana. Una de las consecuencias de ello es que el alumnado, y el profesorado, de la enseñanza pública será el principal beneficiario de la medida, dado que matricula a la inmensa mayor parte del alumnado vulnerable. En concreto, según un informe publicado la semana pasada por CC OO, al 80% del alumnado en desventaja socioeducativa, 12,5 puntos más de lo que le correspondería en función de su peso en el conjunto de la red educativa.

La medida se articulará a través de dos líneas. Por un lado, una bajada de ratio vinculada a la presencia de alumnado con necesidades educativas especiales, y por otro, orientándola a centros cuyo alumnado sea más vulnerable. Es decir, a colegios e institutos públicos con alta complejidad socioeconómica o con bajos índices de éxito escolar. Con tal fin, se creará un índice de situación de vulnerabilidad socioeducativa elaborado por el ministerio con el objetivo de detectar aquellos centros concretos donde más necesaria resulte la bajada de las ratios. El descenso se concentrará, además, en aquellos cursos que, en opinión del ministerio, se consideran cruciales para reducir el fracaso escolar, como en 5º y 6º de Primaria, 1º y 2º de la ESO, y FP Básica, o donde la ratio es ahora más alta, como Bachillerato.

El ministerio ha señalado que su propuesta no está cerrada, sino que comienza ahora una negociación con los sindicatos previa a la elaboración de un anteproyecto de ley. Para su aprobación el Gobierno necesitará, además, reunir apoyos de otros grupos en el Congreso. Hasta ahora, legalmente, las ratios máximas se sitúan en 25 estudiantes en Infantil y Primaria, 30 en la ESO, y 35 en Bachillerato, si bien, en la práctica, debido al descenso de la natalidad, muchas comunidades han aprobado bajadas en los últimos cursos. En Primaria lo han hecho 12 de las 17, según cálculos del STES. La ley que el Gobierno quiere aprobar incluirá también la bajada de las horas lectivas (en el aula) del profesorado, que quedarían en 18 en secundaria y 23 en primaria, como estaban antes de los recortes aplicados en 2012 por el Gobierno del PP.

Críticas de los sindicatos

La respuesta de los sindicatos, que tienen en la bajada de las ratios una de sus grandes reivindicaciones, va a depender de los detalles. Aunque la música suena bien para buena parte de ellos, la clave estará a cuántos centros educativos puede alcanzar en concreto la medida y con qué intensidad. De entrada, CC OO, STES, y UGT han reprochado la tardanza del ministerio a la hora de poner sobre la mesa una propuesta concreta, y han lamentado que se queda “corta”. Entre otras razones porque solo se vayan a tener en cuenta a la hora de bajar las ratios (aparte de las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica), las necesidades educativas especiales (lo que normalmente quiere decir discapacidad o trastornos como el TEA), y no todas las necesidades de apoyo educativo, que incluyen otras dificultades de aprendizaje, como la dislexia y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH).

Educación no ha ofrecido una estimación sobre cuántos centros o estudiantes se verán beneficiados, quizá porque todavía debe abordarlo con las comunidades autónomas, que son las que contratan al profesorado y, por tanto, las que se verán afectadas en sus presupuestos por la medida, a menos que el ministerio cree una vía específica para ayudar a financiarla. En todo caso, el documento presentado por el ministerio plantea que la bajada de ratio se podría realizar en dos fases. Primero reduciéndola en un número concreto de centros en función, entre otros criterios, de “las disponibilidades presupuestarias iniciales”. Y en un segundo momento, ampliando el descenso a todos aquellos colegios e institutos que cumplan los criterios de vulnerabilidad socioeducativa.

Más profesores

La propuesta de Educación parte de la premisa de que bajar ratios es, en general, positivo para todo el alumnado. Pero que dado que es una medida costosa, porque requiere la contratación de más profesorado e incluso puede precisar en algunos casos más espacio físico (como demostró la pandemia), es justo centrarlo en el alumnado que más lo necesita, y el entorno socioeconómico y cultural en el que crecen los estudiantes es el factor que más influye en su rendimiento.

La investigación educativa ha demostrado, además, que la reducción de las ratios (especialmente si es potente) mejora los resultados sobre todo del alumnado desfavorecido. Es decir, que emplear los recursos para reducir el número de estudiantes en las clases de alumnado vulnerable no solo aumenta la equidad, sino que también más eficiente.

Una bajada general, por ley, de las ratios máximas se aplicaría, además, a toda la red, incluida a la enseñanza concertada, que, pese a estar financiada con fondos públicos, matricula a menos alumnado vulnerable del que le correspondería si el reparto fuera equitativo, según muestran regularmente los indicadores. Parte de los colegios concertados, además, no son partidarios de las bajadas de ratios, porque debido al perfil de su alumnado no lo necesitan tanto, y, en cambio, puede suponerles un aumento de costes.

Los datos de Educación muestran que, en la práctica, la ratio media en Primaria se sitúa en 20,9 alumnos por clase, en la ESO en 24,4 y en Bachillerato, en 25,3. Se trata en todo caso de información un poco antigua (del curso 2021-2022) y que esconde realidades muy dispares no solo entre comunidades autónomas más o menos pobladas, sino también dentro de los propios territorios. Los centros privados suelen tener, además, ratios más altas que los públicos, ha indicado el ministerio.

Una negociación lenta

En enero de 2022, el Ministerio de Educación presentó el documento 24 propuestas para la reforma del profesorado. Buscó con ello cumplir una previsión contenida en la ley educativa, la Lomloe, que establecía que el Gobierno debía presentar “una propuesta normativa que regule, entre otros aspectos, la formación inicial y permanente, el acceso y el desarrollo profesional docente”. A principios de este año, el ministerio abrió con los sindicatos de enseñanza la negociación para abordar dicha reforma.

El ritmo ha sido, sin embargo, muy lento, y el de este martes es el primer documento que Educación ha presentado a los sindicatos, circunscrito a horario lectivo del profesorado y ratios. La idea del Gobierno, como adelantó la semana pasada el presidente Pedro Sánchez, es aprobar las nuevas medidas mediante una ley. En concreto, según ha indicado este martes Educación, una reforma de la ley 4/2019. La tramitación podría empezar, según el ministerio, el mes que viene.

Ello permitiría, por un lado, blindar los cambios, e impedir que las comunidades autónomas las contradijeran como sucedió con la ley impulsada por el ministerio en 2019, que se limitó a recomendar a los Ejecutivos autonómicos que limitaran a 23 horas las horas de clase del profesorado en los colegios de infantil y primaria, y a 18 las de los docentes en los institutos de secundaria. Al mismo tiempo, sin embargo, su tramitación a partir de un anteproyecto de ley requerirá tiempo y también que el Gobierno logre el apoyo de sus socios, con la dificultad añadida de que los partidos nacionalistas suelen mostrarse renuentes a aprobar normativa educativa que establezca límites cerrados con carácter estatal. Es decir, que existe el riesgo de que no dé tiempo a aprobar la nueva ley antes del fin de la legislatura (como ya sucedió la legislatura pasada con la Ley de Enseñanzas Artísticas), o de que no reúna los apoyos suficientes para salir adelante en el Congreso, algo, que, sin embargo, podría acabar teniendo un coste para las formaciones políticas que se opongan a la norma.