La sentencia del Tribunal de Derechos Humanos rompe la expectativa judicial europea del independentismo

El independentismo catalán cimentó parte de su relato durante el procés denunciando “represión” por parte de la justicia española y vaticinando que los tribunales europeos corregirían, más pronto que tarde, los reveses judiciales de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo. Ese argumento se debilita tras conocerse el veredicto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), según el cual España no violó los derechos políticos de los políticos independentistas por dictar prisión preventiva tras los hechos acontecidos en 2017. La sentencia hecha pública este jueves rechaza los argumentos de Oriol Junqueras, Jordi Turull y Jordi Sànchez, que demandaron al Estado español ante el tribunal de Estrasburgo por vulneración de sus derechos políticos y su libertad de expresión al mantenerlos en prisión preventiva, hecho que les impidió participar en procesos políticos en Cataluña tras el referéndum independentista del 1-O, pese a que habían sido elegidos para cargos institucionales.

La sentencia del TEDH llega cuando falta una semana para que el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea haga públicas, el próximo 13 de noviembre, sus primeras conclusiones sobre las dudas de los tribunales españoles respecto a la aplicación de la Ley de Amnistía y su compatibilidad con el Derecho comunitario.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha manifestado su respeto por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que avala al Tribunal Supremo, pero admite que no la comparte, ya que sigue manteniendo que se vulneraron sus derechos políticos y que su encarcelamiento fue una decisión política. En declaraciones hechas desde el Parlament, Turull quiso subrayar este jueves que el veredicto no cambia su percepción de los hechos que desencadenó su intento de ser investido president de la Generalitat durante la vorágine del desafío separatista: “Mantenemos que mi encarcelamiento, en pleno debate de investidura, respondió a criterios políticos para descabezar, como ya dijo alguien, el movimiento independentista. Nosotros persistiremos hasta que veamos ganados nuestros derechos”, recalca.

Turull está convencido de que si no hubiera optado al debate de investidura para ser presidente de la Generalitat en el contexto de entonces, “seguramente las cosas habrían ido de otra manera”.

“En ese momento ya se dijo por parte del Gobierno aquello de que ninguno de los líderes del procés independentista debía poder seguir en política”, señaló. En su opinión, la sentencia del TEDH responde a un trabajo de la Abogacía del Estado después de haber “decorado y afinado muy jurídicamente lo que fue una decisión política”. Tras desear que esto no le pase a nadie, más allá de colores políticos, ha dejado claro que lo volvería a hacer: “Evidentemente”, añadió.

Por su parte, Esquerra Republicana defiende que “el proceso judicial en el ámbito internacional en defensa de los derechos políticos de los independentistas sigue abierto y mantiene su lucha antirrepresiva en todos los frentes”. El partido reaccionó a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con una nota donde insiste con que la detención preventiva que sufrieron los líderes independentistas buscaba coartar sus derechos políticos. ERC ha recordado que esa misma argumentación sí ha sido validada en otras causas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU y el grupo de detenciones arbitrarias.

Para el partido que lidera Junqueras, “la discusión judicial sigue pendiente de resolverse” y, por tanto, esperará a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, informa Camilo S. Baquero.

El argumentario del independentismo catalán ya sufrió otro palo este junio, cuando trascendió que la Comisión Europea había enviado un informe crítico con la Ley de Amnistía al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Si bien no ve que esta norma afecte a fondos europeos, el informe —relativo a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas— afirma que “no parece que la ley de amnistía responda efectivamente a un objetivo de interés general reconocido por la Unión”, lo que entra en contradicción con el contenido del proyecto de sentencia que el Tribunal Constitucional ha preparado para su deliberación.