De un fraude tributario a un fiscal general en el banquillo: el camino hacia un juicio inédito al que se llega sin prueba de cargo
La vista comienza este lunes en el Tribunal Supremo tras una polémica instrucción. EL PAÍS reconstruye el proceso desde su origen, en mayo de 2022, cuando la Agencia Tributaria detecta una declaración fiscal sospechosa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, se sentará mañana en el banquillo de los acusados. En realidad lo hará en estrados junto a su abogado, pero igualmente como acusado. Será una imagen inédita, una excepcionalidad histórica. El Tribunal Supremo ha decidido llevar hasta sus últimas consecuencias una instrucción extraordinariamente controvertida en un proceso extremadamente polémico contra una de las más altas instituciones del Estado. El supuesto delito cometido: una revelación de secretos, la presunta filtración de un documento a los medios de comunicación.
García Ortiz será juzgado en la Sala Penal, una imponente estancia con las paredes forradas de seda roja de Damasco y estrados de madera de caoba traída de Cuba. Al fondo, un gran Cristo crucificado de Alonso Cano. Esta sala ha sido escenario de vistas muy mediáticas como la que en 1997 condenó a la Mesa Nacional de Herri Batasuna o, más recientemente, el juicio contra el diputado de Podemos Alberto Rodríguez, condenado por dar una patada a un policía durante una manifestación. Pero ninguna ha tenido la carga simbólica de este, el primer juicio de la democracia contra un fiscal general del Estado. Esta anomalía se va a percibir cada jornada en detalles como que el acusado llegará en coche oficial, con escolta y podrá entrar todos los días al tribunal por la puerta destinada a los magistrados y autoridades, o que durante el juicio vestirá su toga de fiscal general y se sentará junto a su defensa, ejercida por la Abogacía del Estado.
Enfrente tendrá grabada una inscripción sobre la pared central de la sala: “Justitia”. Y bajo ella, un tribunal formado por siete magistrados presididos por Andrés Martínez Arrieta, que será quien dirija la vista. Junto a él, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo, Ana Ferrer, Susana Polo y Carmen Lamela decidirán el destino del fiscal general. Un tribunal de mayoría conservadora (solo a Ferrer y Polo se las considera adscritas al sector más progresista del Supremo) ante el que, a lo largo de seis jornadas, desfilarán 40 testigos. Entre ellos, ocho fiscales y 12 periodistas, tres de EL PAÍS.
Para encontrar el origen de esta historia hay que viajar un año y medio atrás, al 13 de marzo de 2024. Aunque, realmente, todo empezó mucho antes, en mayo de 2022, en un lugar muy alejado de la Fiscalía General del Estado: el despacho de una inspectora de Hacienda que vio una declaración fiscal sospechosa presentada por una empresa. Entre el hallazgo casual de esta funcionaria y el juicio contra el fiscal general del Estado han transcurrido tres años y medio. El último de ellos, plagado de confusión, tergiversaciones, mentiras y algunas decisiones judiciales poco habituales. Esta es la historia de cómo ha llegado el fiscal general a sentarse delante de siete jueces que tendrán que decidir en las próximas semanas si absuelven o condenan, por primera vez, a un fiscal general del Estado en España.
Mayo de 2022. Ministerio de Hacienda. Una declaración tributaria sospechosa
Dos inspectoras del Ministerio de Hacienda encuentran cosas que no cuadran en las declaraciones fiscales del impuesto de sociedades de una empresa relativas a los ejercicios de 2020 y 2021. Los ingresos de la sociedad habían aumentado exponencialmente respecto a 2019. De 357.000 euros a 2,3 millones. Sin embargo, la tributación es menor. ¿Por qué? Por una serie de facturas con presuntos gastos que las dos inspectoras consideran sospechosas. Cuando empiezan a tirar del hilo se encuentran con una madeja de facturas que creen que son falsas y que han sido emitidas por trabajos jamás prestados. Durante un año y medio investigan lo que ha podido suceder ahí. Y concluyen que se han defraudado a la Agencia Tributaria 350.951 euros.
Enero de 2024. Un extenso informe concluye: hay indicios de delito
Las inspectoras redactan sus conclusiones en un informe de 187 folios: hay indicios de delito contra la Hacienda Pública porque la cantidad defraudada es superior a los 120.000 euros. La empresa es Maxwell Cremona. Su dueño se llama Alberto González Amador. Podría ser cualquier ciudadano, pero se trata de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La Agencia Tributaria hace dos cosas. Cumple con su obligación legal de remitir el expediente completo a Fiscalía al haber indicios de delito. Y notifica a González Amador lo que ha ocurrido.
2 de febrero de 2024. El correo. “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”
El abogado de González Amador, Carlos Neira, intenta hacer un control de daños y llegar a un pacto de conformidad con la Fiscalía para evitar llegar a juicio e intentar que nada de todo esto salga a la luz. Ese día escribe a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid: “Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Alberto González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública) así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora a la AEAT”.
A esa dirección de correo electrónico tienen acceso, según la defensa, 16 personas: 12 fiscales y 4 funcionarios. Desde ahí se reenvía además al fiscal Julián Salto, que será el encargado del caso. Y el letrado de González Amador lo manda también a un abogado del Estado al que informa de lo que está en marcha.
12 de febrero. El fiscal responde: “Tomo nota de la voluntad de su cliente de reconocer los hechos”
Julián Salto contesta a Neira en un educado correo: “Le escribo en relación a los presuntos delitos de defraudación tributaria de la sociedad Maxwell Cremona. Le informo que voy a ser el fiscal designado para el asunto. Tomo nota de la voluntad de su cliente de reconocer los hechos y satisfacer las cantidades presuntamente defraudadas. Según la AEAT, hay otras personas implicadas respecto de las que habrá que depurar su responsabilidad, pero estimo que no será un obstáculo para cerrar un acuerdo con la Abogacía del Estado y con usted. Seguimos en contacto”.
20 de febrero. El caso llega al juzgado
La Fiscalía Provincial de Madrid remite la denuncia del fiscal al decanato de los juzgados de instrucción de Madrid, que la registra el 5 de marzo. El día 6, un periodista de elDiario.es, José Precedo, llama al gabinete de prensa de la Fiscalía General del Estado para preguntar por una denuncia a nombre de Maxwell Cremona que había llegado al periódico, sin mencionar nada sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Según su declaración en sede judicial, ya tenía la documentación cuando llamó a Fiscalía.
Al día siguiente el fiscal general es informado de esta llamada, y de otra de otro medio a la Fiscalía provincial, y pide a su mano derecha, el fiscal Diego Villafañe, que llame a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, para que esta recabe toda la información sobre el caso. Rodríguez manda la documentación a la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado y a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra.
A las cuentas de correo donde la envió tienen acceso más de 60 personas; y más de 400, según asegura la defensa de García Ortiz, a la carpeta de la Fiscalía de Madrid en la que se encuentran las diligencias.
12 de marzo. El fraude fiscal de la pareja de Ayuso sale a la luz
A las seis y un minuto de la mañana elDiario.es titula en su portada: “La pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros con una trama de facturas falsas y empresas pantalla”. La noticia incluye imágenes del informe de la Agencia Tributaria y de la denuncia presentada por la Fiscalía en los Juzgados contra el empresario por dos delitos de fraude fiscal y falsedad documental. No aparece nada en esa información sobre las negociaciones en torno a un posible pacto de conformidad.
González Amador llama a su abogado. Neira le dice que no sabe nada de la denuncia y le pide tiempo para hablar con la Fiscalía. Ese mismo día, a las 8.50, el fiscal Julián Salto le manda una copia de la denuncia en un correo electrónico. Y añade: “Aunque se haya denunciado también a otras personas, no será obstáculo para poder llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible”.
Neira manda un mensaje a González Amador con foto de ese email: “Buenos días, Alberto. He recibido correo del fiscal. Parece que todo sigue en pie. Le voy a llamar al fiscal para ir concretando. La idea mía es que solo haya un condenado. Y multa mínima”.
A las 9.09 González Amador reenvía el correo del fiscal y el mensaje de su abogado al jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, alias MAR.
A partir de ese momento, se abre la caja de Pandora.
Isabel Díaz Ayuso denuncia una supuesta persecución a ella y su entorno por parte del Gobierno. “Esto es parte de lo que llevo sufriendo cinco años”, dice. “Aquí no ha habido nada de redes ni de tramas, pero me consta que desde La Moncloa se está llamando a las televisiones pidiendo más madera y pidiendo generar una trama donde hay una inspección a un ciudadano”.
Los medios de comunicación buscan frenéticamente más información sobre el caso mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid pone toda su maquinaria a trabajar en una dirección: sembrar el caos en torno a esta noticia que le afecta tanto personal como políticamente. La noticia de que González Amador había aceptado pagar una multa y reconocer el delito llega a EL PAÍS, que se pone en contacto con Neira, abogado de la pareja de Ayuso, para confirmarlo. Este no responde y el periódico decide no publicar hasta poder contrastarlo con una segunda fuente.
13 de marzo (día D): Miguel Ángel Rodríguez pone en circulación un bulo.
El jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid empieza a hacer circular ese día información exculpatoria, confusa y falsa. A las siete de la tarde manda una versión de los hechos a través de los grupos de distribución de WhatsApp que maneja habitualmente con los periodistas que nada tiene que ver con la realidad y que es realmente el origen de la futura causa contra Álvaro García Ortiz. MAR escribe en sus grupos: “Primero, el fiscal le ofreció negociar; después, al fiscal le prohibieron negociar con él. Es todo turbio y feo”. Un periodista de EL PAÍS recibe este whatsapp a las 19.47.
A partir de este momento, con esta información en manos de decenas de periodistas, se desata una actividad frenética en las redacciones para averiguar lo que ha pasado. Los periodistas empiezan a llamar a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía de Madrid a preguntar sobre lo que estaba contando Miguel Ángel Rodríguez. Y cada redactor busca a sus fuentes para intentar conseguir los documentos. Todo el mundo quería saber si aquello era cierto o no.
A las 20.50, la fiscal superior de Madrid llama a Álvaro García Ortiz para alertarle de lo que estaba sucediendo. También lo hace la directora de comunicación de la Fiscalía General del Estado.
A las 21.29, El Mundo publica la información falsa que estaba distribuyendo Miguel Ángel Rodríguez: que la fiscalía había propuesto el pacto. Se contaba también el acuerdo de conformidad alcanzado y lo que presuntamente había defraudado González Amador.
El fiscal general pide el correo al que alude la información de El Mundo poco después, a las 21.34. A las 21.59, la fiscal provincial le envía el que el abogado Neira remitió al fiscal Salto el 2 de febrero; y la cadena completa de emails a las 23.44.
Mientras tanto, a lo largo de esa tarde, periodistas de la Cadena SER y La Sexta habían ido teniendo acceso a través de sus fuentes a la información real: que la propuesta de pacto de conformidad había partido de González Amador y no de la Fiscalía.
La Sexta publica su información a las 22.10, pero la comparten en los chats de la cadena a las 21.54, tal y como consta en la instrucción judicial. Es decir, la noticia estaba redactada ya antes de que García Ortiz recibiera el mail con el ofrecimiento del pacto de conformidad. A las 23.24, la Cadena SER dice en antena que ha tenido acceso al correo y publican entrecomillados largos del mismo a las 23.51 en su página web. Pero el periodista que informó de aquello ha declarado como testigo en sede judicial que vio el correo sobre las 15.40 de aquel día a través de una fuente.
Miguel Ángel Rodríguez sigue dando mercancía averiada en sus grupos de WhatsApp: “Es la Fiscalía la que ofrece el acuerdo, en principio. Después, recibe órdenes ‘de arriba’ y retira la propuesta de acuerdo... Todo sucio”. Su campaña: lograr que pareciera que el pacto de conformidad lo había propuesto la Fiscalía a pesar de que no era cierto. Y que luego lo habían retirado, lo que tampoco era cierto.
14 de marzo. La Fiscalía publica una nota informativa
A la mañana siguiente, y ante las acusaciones de Miguel Ángel Rodríguez, la Fiscalía decide mandar una nota aclarando todos los extremos de cómo había sido la secuencia real de correos con el abogado de González Amador. La razón alegada: era su obligación desmentir la información falaz sobre la Fiscalía que se estaba haciendo pública a través del entorno del investigado, Alberto González Amador.
3 de abril. González Amador pasa al ataque y se querella contra los fiscales
Los primeros pasos judiciales de este caso no son contra Álvaro García Ortiz. González Amador se querella contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y contra el fiscal de delitos económicos, Julián Salto. Les acusa de incurrir en delitos de revelación de secretos al enviar la nota informativa a los medios de comunicación. En esa querella, la pareja de Ayuso sostiene que existe una campaña contra él por su relación sentimental, pero omite que fue Miguel Ángel Rodríguez quien desveló, y de forma tergiversada, la existencia de correos entre su abogado y la Fiscalía en torno a un posible pacto de conformidad.
7 de mayo. El TSJ decide investigar la nota informativa, no la filtración
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid admite a trámite la querella y ordena que se investigue si se vulneró el deber de reserva. Hasta este momento, todo gira en torno a la nota informativa, no se habla de ninguna filtración. Cuando Álvaro García Ortiz asume la responsabilidad por la decisión de haber enviado esa comunicación, el caso pasa el Tribunal Supremo por la condición de aforado del fiscal general.
16 de octubre. El Tribunal Supremo se queda con el caso
El Supremo abre por primera vez una causa contra el fiscal general del Estado el 16 de octubre y encarga el caso al magistrado Ángel Hurtado. La Sala de lo Penal señala que en la nota de prensa difundida por la Fiscalía “aparentemente, no hay información indebidamente revelada”, pero, en un giro sorprendente de los acontecimientos, esto no supone que se archive la instrucción, sino que el posible acto delictivo pasa a ser otro: la supuesta filtración del correo electrónico a algunos medios de comunicación en aquella noche del 13 de marzo.
Hurtado lo explica así más adelante: “La base fáctica de la revelación de secretos estaría en la filtración subrepticia a medios de comunicación de un correo con información confidencial, cuyo interesado no deseaba que se difundiera, pero que, habiendo llegado a conocimiento de un tercero, funcionario público, lo traslada a un determinado medio, con el objetivo de darle publicidad, alcanzando una divulgación pública que no debió haber alcanzado”.
30 de octubre. La UCO entra en el despacho del fiscal general
El mismo día en el que el Supremo imputa formalmente a García Ortiz, el juez manda a la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, especializada en la investigación de delitos complejos y graves, al despacho del fiscal general. El abogado de González Amador solo había reclamado el cruce de correos entre García Ortiz y la fiscal jefe provincial de Madrid entre el 5 y el 18 de marzo de 2024, y aquellos mensajes que incluyeran el texto del correo cuya filtración se investiga, pero la orden del juez fue mucho más allá de lo previsto: ordenó que la UCO se hiciera con el control total de todos los dispositivos del fiscal general para “extraer la mayor información posible”.
El registro, que se prolongó durante 10 horas, fue ordenado por el juez cuando hacía menos de dos horas que había requerido al fiscal general para que nombrara a un abogado que le representara en la causa, por lo que esta designación todavía no se había producido cuando se presentan cinco agentes de la UCO en el despacho que alberga, probablemente, la cantidad más ingente de información confidencial de España. Se incautan sus dos teléfonos móviles, el personal y el oficial, un portátil, un ordenador, una tablet y varios USB.
El auto del juez Hurtado considera que esa entrada era “necesaria, idónea y proporcional”. El fiscal general cree que no lo fue en absoluto, como declaró después en sede judicial: “Es absolutamente impensable, impensable para un fiscal general, impensable para la fiscalía española. No hay precedentes en todo el derecho europeo, de que se entre en el despacho del fiscal general y que se le incaute el dispositivo. Es inimaginable”.
El borrado del móvil del fiscal general
Uno de los indicios que manejan los jueces para sostener la acusación contra García Ortiz. Que borró su móvil y no colaboró.
Esta es su explicación, según declaró en sede judicial: “Borro todo, pero no solo porque ejerzo mi libre derecho a manejar mi terminal como quiera. Borro todo porque es una imposición legal, debemos borrar los datos de nuestros terminales, y no lo digo yo, lo dice el reglamento de protección de datos de la Unión Europea”, dijo, y negó haberlo hecho para borrar pruebas de la supuesta filtración.
—¿Qué datos tiene el terminal del señor fiscal general del Estado? —preguntó el abogado.
—Bueno, sería infinito relatar [...] Los dispositivos y el propio despacho del fiscal general almacenan una cantidad de datos y de informaciones absolutamente inimaginables. Datos, informaciones que corresponden a todos los fiscales [...] Mi teléfono móvil alberga información que, por supuesto, puede afectar a la seguridad de este país, por supuestísimo que puede afectar. Y creo que hay muy pocas autoridades en España que puedan albergar en su teléfono móvil tal y tanta información, como tiene el fiscal general del Estado de España.
29 de julio de 2025. Procesamiento confirmado, pero con un demoledor voto particular
Durante los últimos meses, desde octubre de 2024, han pasado por el Tribunal Supremo a declarar todos los implicados o conocedores de lo que sucedió aquel 13 de marzo del año pasado. Desde que el objeto a investigar dejó de ser la nota informativa de la fiscalía, solo hay dos preguntas sobre la mesa: ¿Filtró el fiscal general del Estado los correos del caso relativos a González Amador a algún medio de comunicación? Y, si esto fuera así, ¿esto constituye un delito de revelación de secretos?
No hay prueba alguna de la filtración. Los magistrados que apoyaron el auto de procesamiento se basan sobre todo en que García Ortiz borró su móvil y que existe una coincidencia cronológica entre la publicación del correo por parte de los medios y que se lo pasaran a él. Los magistrados Julián Sánchez Melgar y Eduardo de Porres defendieron que estos indicios son suficientes para procesar al fiscal general. Pero un tercer juez, Andrés Palomo, emitió un demoledor voto particular en contra, argumentando que la “relativa coincidencia cronológica” entre la recepción del correo por parte de García Ortiz y que los medios lo publicaran es “harto insuficiente” para procesarle; y critica que no se atienda al testimonio de los periodistas que habían tenido acceso al correo antes que el fiscal.
“El correo había sido filtrado en su contenido antes de que ese correo llegara a poder y conocimiento del investigado”, señaló el voto particular, que habla de “escasez, debilidad e insuficiencia de los indicios de la filtración”. Palomo critica también que se use como “indicio adicional” contra García Ortiz que dificultara especialmente las pesquisas con el borrado de todas las llamadas, mensajes y correos electrónicos de sus dispositivos. “En modo alguno le es exigible que acredite su inocencia. Su cargo de fiscal general no le añade exigencia suplementaria alguna a la de cualquier otro investigado”, apunta Palomo.
Un juicio para la historia
A partir de este lunes, los 40 testigos, la mayoría de los cuales ya ha comparecido durante la instrucción, tendrán que declarar. Esta vez, ante los siete jueces del tribunal que tendrá en sus manos la absolución o condena del primer fiscal general del Estado juzgado en España. Todo pasará de nuevo ante la Sala de lo Penal del Supremo. Los ojos del país, y de toda Europa, estarán puestos en el desarrollo de ese juicio, probablemente uno de los más cuestionados de las últimas décadas, y en el contenido final de esa esperada sentencia.
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