La Audiencia Nacional ordena evaluar el estado de salud de Jordi Pujol ante su próximo juicio

La Audiencia Nacional ha ordenado que se efectúe un reconocimiento médico a Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat de Cataluña, que se debe sentar en el banquillo de los acusados a partir del próximo 24 de noviembre para afrontar el juicio que tiene pendiente por corrupción. Según explican fuentes jurídicas, el tribunal ha tomado esta iniciativa después de que la defensa del exdirigente político, de 95 años, haya presentado tres informes médicos que describen su estado de salud (incluidas sus capacidades cognitivas) para que los magistrados decidan si lo ven apto para afrontar la larga vista oral.

El expresident se ha negado a que su abogado solicitase su expulsión del proceso por “demencia sobrevenida” —fue la circunstancia alegada con éxito por su esposa Marta Ferrosula para evitar ser juzgada, aunque falleció finalmente en julio de 2024— y ha transmitido que quiere prestar declaración en la vista. Por ello, su defensa ha explorado esta nueva vía: presentar informes que se limitan a “describir” su estado físico e intelectual y que inciden en el posible deterioro cognitivo que padece; con el objetivo de que la Audiencia Nacional tome motu proprio la decisión que considere más oportuna. Por ejemplo, una opción que baraja el entorno del exlíder de Convergència es que se le exima de viajar hasta Madrid para el juicio y que pueda seguirlo (e incluso declarar como acusado) por videoconferencia.

El juicio al político catalán más influyente de la segunda mitad del siglo XX, que cumplió 95 años el pasado junio, llega tras años de retrasos (provocados, en gran medida, por los recursos y maniobras de la familia para prolongar el tiempo dedicado a retirar la documentación sensible que constaba en el sumario). La expectación es máxima. Se prevé que la vista no acabe hasta mediados de 2026 y se han programado declaraciones de más de 250 testigos.

El juez José de la Mata, encargado de la investigación, concluyó que el clan Pujol se había “aprovechado de su posición privilegiada de ascendencia en la vida política/social/económica catalana durante decenios para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas”. El propio Pujol confesó públicamente en 2014 que su familia mantuvo durante décadas una fortuna oculta a Hacienda en Andorra; pero sostiene que esta procede de un “legado” que su padre Florenci dejó en el extranjero a su nuera y a sus nietos antes de morir —una tesis que rechaza la Fiscalía Anticorrupción—.

El ministerio público pide nueve años de cárcel para el expresidente catalán, además de otras diversas penas de prisión para sus siete hijos, que también se deberán sentar en el banquillo junto a otras 16 personas. Anticorrupción reclama 29 años de reclusión para el primogénito Jordi Pujol Ferrusola; 14 años para otro de los hijos (Josep); y ocho años para el resto (Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta). Todo ello, mientras Junts y parte del independentismo se encuentran inmersos en una intensa campaña de recuperación de la imagen del expresident. Hasta el socialista Salvador Illa, actual inquilino del Palau de la Generalitat, ha contribuido a ella: “¿Tiene que ir una persona de 95 años a juicio? A mí me parece que debe tomarse en consideración su situación de edad y de salud. Y creo que la justicia tiene mecanismos para tomar en consideración esta cuestión”, se preguntaba el dirigente del PSC esta semana en una entrevista.