El juez cree que la red de Leire Díez y el exdirector de la SEPI contó con “diversos cargos públicos” para el cobro de comisiones entre 2021 y 2023

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, cree que la exmilitante del PSOE Leire Díez y el exdirector de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero formaron una estructura para el cobro de comisiones presuntamente ilegales entre 2021 y 2023, y para ello contaron con la ayuda de “diversos cargos públicos”. En total, la investigación ahonda en cinco operaciones que suman 132,9 millones de euros. Las comisiones se canalizaron, supuestamente, a través de una empresa llamada Mediaciones Martínez S.L. y se calculan que cobraron 750.614 euros por labores de intermediación.

De acuerdo con el escrito del juez al que ha tenido acceso EL PAÍS, el papel del que fuera director de la SEPI entre junio de 2018 y octubre de 2019 fue esencial por su “capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública”. Los investigadores creen que “podría haber orientado diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros” aprovechando su condición, una vez fue nombrado por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha encontrado un grupo llamado ‘Hirurok’ (que significaría “nosotros tres”, en euskera). En este además de Fernández Guerrero y Leire Díez estaría también Joseba Antxon Alonso, a quien los investigadores sitúan como socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la empresa Servinabar S.L., que está siendo analizada en el Tribunal Supremo por participar en amaños de contratos de obra pública por el Ministerio de Transportes.

“En la perfección de este sistema, los integrantes del grupo habrían actuado de forma coordinada con el propósito finalista de obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones”, reza el magistrado. La investigación preliminar de la UCO ha permitido constatar “diversos elementos” con los que el juez infiere que el periodo delictivo se extiende al menos dos años y la proyección de la red alcanza “distintos puntos del territorio nacional” así como “varias administraciones públicas”.

A los tres investigados se suma un cuarto, el que fuera responsable de la empresa pública de uranio Enusa, José Vicente Berlanga, mano derecha del exministro José Luis Ábalos, que no fue detenido el pasado jueves cuando la Guardia Civil explotó esta operación y realizó 19 registros por toda España. “Los investigados habrían adoptado medidas de seguridad para garantizar la más estricta discreción y confidencialidad de sus actuaciones”, explica Piña.

Cinco operaciones

Hay cinco operativas bajo el foco que implican a entidades dependientes de la SEPI. En primer lugar, el rescate otorgado por la Sociedad a la empresa Tubos Reunidos S.A. por un valor de 112,8 millones de euros. “Los indicios recopilados ponen de manifiesto que por parte del grupo Hirurok se habrían llevado a cabo acciones tendentes al otorgamiento de esta ayuda”, dice el escrito. Por esta operación, consiguieron 114.950 euros en concepto de comisión “aparentemente mendaz” a través de Mediaciones Martínez.

En segundo lugar, la adjudicación de un contrato público por parte de Mercasa (empresa pública del sector de la alimentación) por importe de 18.119 euros. “Hirurok desplegó su actividad [...] con la pretensión del cambio de sede de la sociedad pública”, indica el instructor de la Audiencia Nacional. En este caso, se entregó a Servinabar un contrato —la empresa de la que se supone que Cerdán cuenta con un 45% de las participaciones— para que emitiera un “informe técnico”. Los investigadores hablan de “la innecesaridad (sic) de este contrato” y “la mendacidad de su contenido”.

El tercer contrato bajo sospecha pertenece al Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA) en favor de una unión temporal de empresas (UTE) formada por Construcciones y Excavaciones Erriberri y Afesa Medioambiente por un importe de 2,8 millones de euros. Las diligencias apuntan a que el grupo de Leire Díez “habría tenido la capacidad de beneficiar” a la mercantil Erriberri en el proceso por lo que habrían conseguido una contraprestación de 400.000 euros.

La empresa pública Enusa, para la que la exmilitante del PSOE también trabajó en el departamento de Comunicación, entregó al despacho de abogados Carrillo y Montes un cuarto contrato. La operativa se contextualiza en un momento en el que la sociedad Acciona estaba interesada en hacerse con dos explotaciones tituladas por la empresa pública: una incineradora en Melilla y un centro de tratamientos de residuos en Castellón. “En este marco, varios directivos de la mentada empresa pública, junto a los tres miembros del grupo habrían ideado un plan para visibilizar esta operación y, además, obtener un rédito económico”, indica el juez.

La investigación sostiene que el grupo Hirurok tuvo la capacidad de decidir sobre esta contratación al despacho de abogados “con la finalidad aparente de dar soporte jurídico al desarrollo de la operación”. Por este reparto, Mediaciones Martínez se hizo con 17.545 euros.

La última operación bajo la lupa es la concesión de una “ayuda” otorgada por la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides) a la sociedad Arapellet (perteneciente a Forestalia) por valor de 17,32 millones de euros. La UCO sostiene que el grupo “habría efectuado algún tipo de actividad ante cargos públicos” de esa entidad y, a cambio, recibieron 200.000 euros.

La mayor parte de estos fondos fueron canalizados para efectuar inversiones inmobiliarias en Marbella y Jaca. Estas inversiones fueron “comunes”, es decir, están ligadas a los tres principales investigados. Pero otra parte de los fondos fueron destinados a los miembros del grupo de manera individual. En el caso de Vicente Fernández, las pesquisas arrojan que se hizo con “al menos” 49.350 euros “a través de una serie de transferencias e ingresos en efectivo”. Cabe recordar que el exdirector de la SEPI estuvo contratado entre 2021 y 2023 en Servinabar por lo que percibió de esta sociedad que está bajo el foco del Tribunal Supremo un total de 128.092 euros.