Leire Díez, Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI, ante el juez con la incógnita del alcance de la trama

No es la primera vez que la exmilitante y exconcejala del PSOE Leire Díez, el empresario vasco Joseba Antxon Alonso y el que fuera presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero se sientan ante un juez como imputados. Sin embargo, cuando lo hagan este sábado en la Audiencia Nacional lo harán con algunas diferencias frente a sus anteriores experiencias. En esta ocasión los tres acudirán tras haber pasado tres días en los calabozos de la Guardia Civil y, además, se enfrentarán a preguntas sobre una causa de la que desconocen el alcance ya que el juez Antonio Piña mantiene el secreto sobre ella y, por tanto, sus defensas no han tenido aún acceso a los indicios que supuestamente les incriminan.

Los tres arrestados tampoco saben si, sobre ellos, sobrevuela la posibilidad de ser enviados a prisión. Lo único que tienen claro es que están acusados de participar presuntamente en una trama de corrupción que tuvo como epicentro la SEPI, la sociedad pública dependiente del Ministerio de Hacienda que gestiona las participaciones del Estado en empresas, y que por ello el magistrado les investiga por la presunta comisión de delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

En el caso de Díez, las pesquisas se centran en las supuestas irregularidades que pudo cometer mientras ocupó cargos en dos empresas públicas: ENUSA Industrias Avanzadas, encargada de garantizar el abastecimiento de uranio enriquecido a las cinco centrales nucleares que hay en activo en España, y Correos. La Guardia Civil ha acudido a ambas para hacer requerimientos de información sobre expedientes de adjudicaciones bajo sospecha. Díez fue nombrada responsable de prensa de la primera en 2018, tras la llegada de Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa, y se mantuvo en la misma hasta 2021. En 2022 dio el salto a Correos donde ocupó hasta 2024 el puesto de directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de la compañía. En el transcurso de las detenciones, la UCO registró un piso en la madrileña calle de Diego de León donde supuestamente Díez se reunía con empresarios.

El empresario vasco Alonso sabe que las acusaciones contra él se centran, de nuevo, en su sociedad Servinabar 2000, de la que también es socio el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y que ya le obligó a acudir a declarar como imputado al Tribunal Supremo en la causa en la que se investiga al político navarro y al exministro socialista José Luis Ábalos por el supuesto amaño de contratos públicos en la etapa de este último en el Ministerio de Transportes. Si bien en esta última causa las pesquisas se centran en adjudicaciones que consiguió junto a la constructora Acciona, en la nueva que instruye la Audiencia Nacional y por la que se sentará a declarar este sábado ante el juez Piña, el foco está puesto, al menos, en su colaboración con Forestalia, una empresa aragonesa centrada en negocios de energías renovables. Servinabar asesoró a esta empresa en un proyecto de línea de alta tensión que atravesaba Navarra, además de haber participado con otra de sus sociedades en parques fotovoltaicos en los que participó esta compañía.

El empresario vasco también es investigado por su relación con el tercer detenido que acude a declarar este sábado a la Audiencia Nacional, Fernández Guerrero, nombrado presidente de la SEPI en 2018 tras la llegada de Sánchez a La Moncloa, cargo en el que se mantuvo un año y cinco meses. Tuvo que dimitir tras su imputación por supuestas irregularidades en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar cuando ocupaba un cargo en la Junta de Andalucía. Tras salir de la SEPI, Fernández Guerrero emprendió varios trabajados, entre ellos el de asesor externo de Servinabar. En la investigación del Supremo consta documentación que detalla que esta mercantil pagó al expresidente de la SEPI un salario bruto de 68.632,48 euros en 2021 y otro de 33.251 euros en 2023. Además, Hacienda de Navarra remitió información de que la constructora le retuvo en impuestos 40.800 euros en 2022, aunque la documentación no concreta lo que percibió en aquel ejercicio que justificase esta elevada retención.

Las sospechas sobre Fernández Guerrero no se quedan, sin embargo, en estos pagos. Su etapa al frente de la SEPI también está en el foco de la investigación, ya que la UCO ha acudido a al menos cuatro sociedades ligadas a la empresa pública que presidió ―ENUSA, Mercasa, Sepides y Cofivacasa― para recabar documentación sobre expedientes de adjudicación de contratos y subvenciones. Además, en su caso también levantan dudas sus negocios posteriores ―entre ellos la empresa con la que gestionaba el Bar La Bola, en el polígono de La Cartuja de Sevilla― y su millonario patrimonio inmobiliario. Cuando Fernández Guerrero compareció en el Senado en la comisión de investigación del caso Koldo el pasado 22 de julio, el PP proyectó una sombra de sospecha sobre sus propiedades. El expresidente de la SEPI se amparó entonces en el silencio ya que en aquel momento aún se encontraba procesado por el caso Aznalcóllar, del que finalmente fue absuelto por la Audiencia Provincial de Sevilla unos días antes de ser detenido por la UCO. Este sábado, ante el juez, también tendrá derecho a no responder en su condición de investigado.