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LA INVESTIGACIÓN DE LA DANA

La Fiscalía pide archivar la querella contra la jueza de la dana y su marido

La institución considera que no hay delito en los hechos que denuncia un abogado que sostenía que la pareja de la instructora había tomado declaración a víctimas de la riada

La exconsejera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas, el pasado enero, en el juzgado de Catarroja (Valencia). Mònica Torres

Balón de oxígeno para la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la dana, Nuria Ruiz Tobarra. La Fiscalía sostiene que no hay indicios de delitos para investigar a la instructora y a su marido, el también magistrado Jorge Martínez Ribera, a raíz de la querella presentada por el abogado personado en la causa y youtuber Rubén Gisbert. El letrado denunció ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que la pareja de Ruiz Tobarra había participado en la toma de declaración de las víctimas en la fase inicial de las pesquisas en el juzgado de Catarroja al considerar que esto comportaría una irregularidad que estaría castigada, entre otros, por los delitos de revelación de secretos y de usurpación de funciones públicas. El Ministerio Público, sin embargo, difiere. “Los hechos relatados no alcanzan el nivel del ilícito penal”, concluye.

Así, la Fiscalía solicita el archivo de la querella, que se presentó después de que OkDiario divulgara unos audios sobre la supuesta injerencia en la causa de la pareja de la jueza. Cree que existen “criterios sólidos” para no investigar a Ruiz Tobarra y a su marido. Y adopta esta medida “tras el análisis de los hechos detallados de la querella, así como del estudio jurisprudencial de cada uno de los delitos”.

El abogado denunciante, que representa a seis víctimas de la riada, pedía apartar a Ruiz Tobarra de la causa, someterla a un análisis psiquiátrico y echarla de forma cautelar a ella y a su marido de la carrera judicial. Gisbert presentó un escrito para expulsar a la jueza de las pesquisas que desarrolla desde hace 16 meses y que están pendientes de que el Tribunal Superior valenciano resuelva si asume las diligencias para imputar al expresidente de la Generalitat Carlos Mazón. Como el popular mantiene su escaño y es aforado, solo puede ser investigado por este órgano.

La jueza de la dana defendió en un auto hace dos semanas que Gisbert le tenía “inquina”. Y rechazó su propia recusación —mecanismo para apartarla de la causa— que reclamaba el abogado. La instructora esgrimió en su defensa decenas de resoluciones de la Audiencia Provincial de Valencia que apoyaban su investigación. Entre ellas, destacaba la imputación de los dos exaltos cargos de la Generalitat investigados: la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas y quien fuera su segundo durante la catástrofe, Emilio Argüeso.

Gisbert se hizo célebre por, entre otras polémicas, mancharse de barro antes de una conexión televisiva durante la dana con Íker Jiménez o alimentar el bulo de que en el aparcamiento del centro comercial Bonaire de Aldaia (Valencia) se acumulaban cientos de muertos.

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