SEPI, Mercasa, ENUSA y Forestalia: a qué se dedican las empresas investigadas por la UCO en la trama de Leire Díez
Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil buscan pruebas de la trama de corrupción en las sedes de varias compañías públicas y privadas


La investigación de la presunta trama de corrupción en la que se han visto implicados la exmilitante socialista Leire Díez y el que fuera presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero, ha llevado a los agentes de la UCO a efectuar 19 actuaciones en empresas y domicilios de varias provincias, entre ellas Madrid, Sevilla y Zaragoza. De esas pesquisas, han trascendido los nombres de tres compañías públicas y una privada que operan en distintos sectores. Estas son las firmas investigadas y sus principales actividades:
SEPI. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales es el instrumento del Gobierno para rentabilizar las adquisiciones empresariales de España. Esa herramienta multiusos, adscrita al Ministerio de Hacienda, se creó en 1995 como sucesora del Instituto Nacional de Industria (INI) y sus tentáculos abarcan multitud de sectores. Tiene participaciones mayoritarias en 14 firmas, entre ellas Correos, Navantia, la Agencia EFE, Tragsa, y hasta el madrileño Hipódromo de la Zarzuela. Además, posee participaciones minoritarias en otras diez compañías, con nombres ilustres como Telefónica, Indra, Enagás, Airbus y Redeia. Y una participación indirecta en más de 100 sociedades, en su mayoría filiales. También es accionista de la Corporación RTVE. A cierre de 2023, el grupo empleaba a más de 85.000 personas, la mayoría en Correos, con 50.220 trabajadores, seguida de Tragsa (23.164) y Navantia (4.742). En 2024 perdió 501 millones de euros, y dejó así atrás tres años de beneficios. El resultado negativo fue fruto del impacto de los planes estratégicos de Correos y otras de sus participadas, si bien cerró el curso con un nuevo récord de facturación, 6.355 millones.
Vicente Fernández Guerrero, quien fue presidente de la SEPI entre junio de 2018 y octubre de 2019, está entre los detenidos por la trama de corrupción.
Grupo Mercasa. Esta firma, de la que la SEPI posee un 51% y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el restante 49% a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), posee participaciones en una amplia red de 24 plataformas de distribución, comercialización y logística de alimentos frescos, entre ellas Mercamadrid y Mercabarna. Según datos de la empresa, en estos complejos desarrollan su actividad más de 3.300 compañías, que canalizan anualmente 8,4 millones de toneladas de frutas, verduras, pescados, mariscos, carnes y otros productos, generando un valor de 19.600 millones de euros anuales, que representan aproximadamente un 1,48% del PIB español.
ENUSA. Participada en un 60% por la SEPI, ENUSA Industrias Avanzadas —en su origen, siglas de Empresa Nacional del Uranio S.A.— se encarga de garantizar el abastecimiento de uranio enriquecido a las empresas eléctricas propietarias de las cinco centrales nucleares que hay en activo. La empresa gestiona su compra, los servicios de conversión y de enriquecimiento, y la logística de los movimientos de uranio desde su lugar de origen hasta la entrega del uranio a las fábricas de combustible. En su factoría de Juzbado (Salamanca), la producción media anual es de 330 toneladas de uranio, de las que un 60% se destina a la exportación. Además, cuenta con una sociedad, ETSA, que realiza el transporte de material nuclear y mercancías radiactivas. Y con un negocio ambiental a través de su filial EMGRISA, que lleva a cabo el tratamiento y la gestión de todo tipo de residuos, suelos y aguas contaminadas. La exmilitante socialista Leire Díez ocupó un puesto en ENUSA.
Forestalia. Enfocada en las energías renovables, la empresa fue fundada por empresario aragonés Fernando Samper en 2011, y tiene su sede en Zaragoza. Cuenta con alrededor de 200 empleados, y su actividad se centra en la ejecución de proyectos de energía eólica, fotovoltaica y de generación a partir de biomasa. Según sus datos, cuentan con una cartera de proyectos en desarrollo superior a los 8 GW, lo que supone cuadriplicar su capacidad actual. Y sus ingresos en 2021 fueron de 293 millones. Ahora se investigan sus vínculos con Servinabar, la empresa navarra en la que el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, supuestamente tenía el 45% de las participaciones y que es considerada epicentro de la supuesta trama de corrupción. Los agentes han entrado en sus sedes de Madrid y Zaragoza.
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