Detenido el empresario Antxon Alonso, socio de Cerdán, en la operación por la supuesta trama de Leire Díez y el expresidente de la SEPI

El empresario Joseba Antxón Alonso Egurrola, dueño de Servinabar 2000, la empresa presuntamente participada por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, ha sido detenido dentro de la operación iniciada este miércoles para desmantelar una supuesta trama de corrupción en la que también están presuntamente implicados la exmilitante socialista Leire Díez y el que fuera presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero, según confirman a EL PAÍS fuentes cercanas a las pesquisas. Servinabar es una pieza clave en la causa seguida en el Tribunal Supremo contra Cerdán y el exministro socialista José Luis Ábalos también por corrupción al beneficiarse de numerosos contratos públicos junto a al constructora Acciona en la etapa de este último como titular de la cartera de Transportes.

La investigación dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ―y que ahora está judicializada en la Audiencia Nacional― apunta a que esta supuesta red corrupta comenzó presuntamente a operar al poco de llegar el PSOE al Gobierno, a mediados de 2018. Entonces, Fernández se hizo cargo del organismo público y la exconcejala del PSOE pasó a ocupar un puesto en la empresa pública ENUSA Industrias Avanzadas SA, dependiente precisamente de la SEPI. Esta mañana se han realizado registros en empresas y domicilios de Madrid, Sevilla y Zaragoza. En esta última, los agentes han entrado en la sede de Forestalia, una sociedad dedicada a las energías renovables y con vínculos con Servinabar. En Madrid, la UCO registra un piso en la calle Diego de León en el que Díez mantenía reuniones con empresarios

Los tres están encausados por la presunta comisión de los delitos de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación. La causa, que dirige ahora el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Antonio Piña, sigue secreta y está previsto que a lo largo de este jueves se sigan realizando diligencias. Este jueves, Hazte Oír ha solicitado personarse como acusación particuilar en la causa, informa J. J. Gálvez.

Según detallan fuentes cercanas a las pesquisas, parte de la investigación se centra en una empresa vasco-navarra, Cistec Technology, de la quela exmilitante socialista fue consejera entre 2021 y 2023, justo después de dejar su puesto en ENUSA. Coincidiendo parcialmente en el tiempo con este puesto en la mercantil, la exmilitante socialista ocupó también un cargo público, el de directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos (2022 y 2024). Cistec pasó a estar participada en 2018 en un 25% por la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides), entidad pública adscrito a la SEPI que entonces presidía Fernández. Tras esta entrada de capital público, la compañía recibió numerosas subvenciones y contratos de dinero público, destacan las fuentes consultadas. La compañía, que actualmente es propiedad 100% de una sociedad privada, ha negado siempre cualquier irregularidad y detallado que mientras ocupó el puesto de consejera, Díez no recibió ninguna retribución.

Otra línea de investigación se dirige a Sevilla y, en concreto, a un local de hostelería situado en la isla de La Cartuja, el Bar La Bola. Este establecimiento pertenece desde 2023 a una sociedad supuestamente controlada por el expresidente de la SEPI. Las fuentes consultadas destacan que tras el desembarco de este, el bar pasó de registrar pérdidas a facturar importantes cantidades de dinero, por lo que la UCO investiga si el mismo pudo ser utilizado para blanquear el dinero presuntamente obtenido de manera irregular por la trama.

La Guardia Civil también ha puesto el foco en el patrimonio de Fernández, sobre todo el acumulado a partir de su llegada a la SEPI. Según apuntan las pesquisas, este tiene registrados a su nombre un piso de más de 300 metros cuadrados en una urbanización de lujo de Puerta de Hierro, de Madrid; dos chalets en una exclusiva urbanización en El Aljarafe (Sevilla); tres inmuebles en Marbella en primera y segunda línea de playa, garajes y trasteros. Las estimaciones de los investigadores sitúan el valor de todo ello por encima de los cuatro millones de euros.

A los investigadores tampoco se les ha pasado por alto que Fernández trabajó entre 2021 y 2023 como asesor externo de Servinabar. En esta causa consta documentación que detalla que esta mercantil pagó a Fernández un salario bruto de 68.632,48 euros en 2021 y otro de 33.251 euros en 2023. Además, Hacienda de Navarra remitió información de que la constructora le retuvo en impuestos 40.800 euros en 2022, aunque la documentación no concreta lo que percibió en aquel ejercicio.