La Bola, el bar sevillano que tuvo una sospechosa facturación récord cuando empezó a administrarlo el expresidente de la SEPI

El Bar Restaurante La Bola de Sevilla se llama así por su situación. Está en la isla de la Cartuja, cerca de la enorme esfera que en 1992 anunciaba la celebración allí de la exposición universal. Hoy, lejanos ya aquellos fastos, el local sirve desayunos, menús del día a 10 euros y bocadillos a los trabajadores de lo que ahora es un polígono industrial. Un bar más que, sin embargo, este jueves atrajo la atención de los medios de comunicación por formar parte de la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ha permitido desmantelar una supuesta nueva trama de corrupción en la que están presuntamente implicados la exmilitante socialista Leire Díez, el empresario navarro Antxon Alonso, amigo del exdirigente del PSOE Santos Cerdán; y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero. De hecho, el bar La Bola figura a nombre de una sociedad, La Bola Innovación, en el que este último figura como administrador único.

Esta sociedad fue creada a finales de 2014 por la pareja del expresidente de la SEPI. Según refleja el registro mercantil, esta mujer figuró como administradora hasta junio de 2023, cuando Fernández Guerrera asumió esta responsabilidad. El negocio registró pequeños beneficios e, incluso, importantes pérdidas hasta 2020, año a partir del cual mejoró de manera significativa su cuenta de resultados. De hecho, el año del desembarco del presidente de la SEPI, el bar tuvo una facturación récord de 386.997 euros, casi un 30% superior al periodo anterior. La UCO investiga si el local pudo ser utilizado para blanquear el dinero presuntamente obtenido de manera irregular por la trama. El jueves al mediodía, sin embargo, en La Bola no había clientes. Aún era temprano para empezar a servir menús y los camareros aprovechaban para almorzar. Mientras, en la terraza, se congregaba una quincena de periodistas y fotógrafos a la espera de ver la llegada de los guardias civiles, que no se produjo. Los empleados esquivaban las preguntas de los informadores e insistían en que eran ajenos al revuelo que se había generado.

Tras su salida de la SEPI, en 2019, Fernández Guerrero ha trabajado a caballo entre Madrid, Pamplona, la Costa del Sol y Sevilla, donde ha sido contratado por diversas firmas de abogados para encargos puntuales, según explica un letrado que pide anonimato. Los agentes de la UCO se personaron este jueves en el bufete SDP Estudio Legal, cuya sede está junto a la conocida Avenida de la Palmera sevillana, para recabar información al respecto.

Además, Fernández Guerrero trabajó entre 2021 y 2023 como asesor externo de Servinabar 2000, la empresa de la que son socios el empresario Antxon Alonso ―también detenido en esta operación de la Guardia Civil― y Santos Cerdán, y que es epicentro de otra trama de corrupción, la que investiga el Tribunal Supremo por el supuesto amaño en la adjudicación de obra pública del Ministerio de Transporte en la etapa de José Luis Ábalos. Precisamente, en esta causa consta documentación que detalla que esta mercantil navarra pagó a Fernández un salario bruto de 68.632,48 euros en 2021 y otro de 33.251 euros en 2023. Además, Hacienda de Navarra remitió información de que la constructora le retuvo en impuestos 40.800 euros en 2022, aunque la documentación no concreta lo que percibió en aquel ejercicio.

Además, el expresidente de la SEPI figura al frente de una consultoría, Allies & Altera SL, así como de la sociedad Goloso 25 SL, firma dedicada a la compraventa y explotación de bienes inmuebles radicada en Marbella y que dispuso el año pasado de un patrimonio neto y pasivo de 1.045.561 euros. Fernández Guerrero es administrador mancomunado de esta empresa junto a otros dos socios.

La Guardia Civil también ha puesto el foco en el patrimonio de Fernández Guerrero, sobre todo el acumulado a partir de su llegada a la SEPI. Según apuntan las pesquisas, este tiene registrados a su nombre un piso de más de 300 metros cuadrados en una urbanización de lujo de Puerta de Hierro, de Madrid; dos chalets en una exclusiva urbanización en El Aljarafe (Sevilla); tres inmuebles en Marbella en primera y segunda línea de playa; garajes y trasteros. Las estimaciones de los investigadores sitúan el valor de todo ello por encima de los cuatro millones de euros.