La UCO acude a Correos, Hacienda y Transición Ecológica a por documentación sobre la trama de Leire Díez

La operación de la Unidad Centra Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ha permitido desmantelar una supuesta trama de corrupción con epicentro en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) sigue en marcha. Agentes del instituto armado han acudido a primera hora de este viernes a las sedes de Correos y de varios organismos dependientes de los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica y Reto Demográfico para recopilar documentación sobre adjudicación de contratos y subvenciones bajo sospecha de estar amañados, según confirman a EL PAÍS fuentes cercanas a la investigación.

Tras la detención del martes de la exmilitante y exconcejal socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero y el empresario vasco Joseba Antxon Alonso, socio y amigo del exdirigente del PSOE Santos Cerdán, los agentes han acudido ahora, entre otras entidades, a la Dirección General de Patrimonio del Estado y al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, ambos dependientes de Hacienda, así como a Cofivacasa, una sociedad instrumental participada en su totalidad por la Sepi. La UCO también está solicitando documentación en varias direcciones generales de Transición Ecológica.

Estos requerimientos de información se suman a otros realizados en los últimos días, en los que también ha habido registros. La Guardia Civil ha acudido, entre otras dependencias oficiales, a las sedes de la propia SEPI, así como de otras empresas participadas por ella. En concreto, a Mercasa, ENUSA Industrias Avanzadas y la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides). Los agentes también se han personado en las oficinas en Madrid y Zaragoza de Forestalia, una sociedad dedicada a las energías renovables; a un piso en la calle Diego de León de Madrid en el que Díez mantenía reuniones con empresarios; al despacho de abogados SDP Estudio Legal, en Sevilla, y a la sede de Servinabar 2000, la empresa supuestamente participada por Cerdán y que ya fue registrada en junio pasado dentro de la investigación que se sigue en el Tribunal Supremo contra el exdirigente socialista y el exministro José Luis Ábalos por el presunto amaño de contratos públicos.

La investigación, que sigue bajo secreto de sumario, ha sido impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y actualmente la instruye el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, que investiga la presunta comisión de delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Ante el juez comparecerán este sábado para declarar los tres detenidos. También deberán acudir en los días siguientes varias personas más que, aunque no han sido arrestadas, están siendo investigadas por su presunta implicación en los hechos. Entre ellas está José Vicente Berlanga, quien fuera presidente de ENUSA entre 2018 y 2021 y considerado cercano al exministro Ábalos.

Fuentes cercanas a la investigación destacan que la supuesta nueva trama corrupta desmantelada en los últimos días se solapa con la que investiga el Supremo por el supuesto amaño de contratos públicos en el Ministerio de Transportes, como revela la presencia en ambas del empresario Antxon Alonso y de su sociedad Servinabar, pero insisten en que son diferentes. Según detallan estas mismas fuentes, la ahora desmantelada comenzó presuntamente a operar al poco de llegar el PSOE al Gobierno a mediados de 2018. Entonces, Fernández Guerrero asumió la presidencia de la SEPI y Leire Díez pasó a ocupar el puesto de responsable de prensa en ENUSA.

Fernández Guerrero se mantuvo en ese cargo un año y cinco meses. Años más tarde, pidió permiso a la Oficina de Conflictos de Intereses para trabajar como asesor externo de Servinabar, la empresa del tercer detenido y supuestamente participada por Cerdán. En la investigación del Supremo consta documentación que detalla que esta mercantil pagó a Fernández Guerrero un salario bruto de 68.632,48 euros en 2021 y otro de 33.251 euros en 2023. Además, Hacienda de Navarra remitió información de que la constructora le retuvo en impuestos 40.800 euros en 2022, aunque la documentación no concreta lo que percibió en aquel ejercicio que justificase esta elevada retención.

Por su parte, Díez se mantuvo en ENUSA hasta 2021, para en 2022 dar el salto a Correos ―una de las empresas públicas a las que la UCO ha acudido este viernes para requerir documentación― donde ocupó hasta 2024 el puesto de directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de la compañía. La exmilitante socialista está en el ojo del huracán desde que en mayo se hiciera público un vídeo donde se le escuchaba intentando convencer a un empresario procesado por un millonario fraude de hidrocarburos para que le facilitara supuestos trapos sucios de la Guardia Civil a cambio de favores de la Fiscalía.

Aquellas imágenes, a las que posteriormente se sumaron sendos audios grabados por fiscales a los que supuestamente también trató de sobornar, terminaron con su imputación en un juzgado de Madrid por la presunta comisión de un delito de cohecho y otro de tráfico de influencias. En esa causa, la Fiscalía le atribuye el “liderazgo” de un “plan delictivo” para “desacreditar” a la cúpula de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción con el objetivo de “anular” causas que “afectan a políticos y empresarios”. Precisamente, son la UCO y Anticorrupción quienes ahora la investigan por su presunta implicación en esta nueva trama de corrupción.