Benidorm roza el acuerdo con los propietarios de Serra Gelada para pagarles los 350 millones de indemnización

El Ayuntamiento de Benidorm y las empresas de la familia Murcia Puchades avanzan hacia un posible acuerdo para fijar el calendario de pagos de la indemnización de 350 millones de euros derivada del caso urbanístico de Serra Gelada. Las propuestas planteadas por ambas partes y a las que ha tenido acceso el diario EL PAÍS contemplan un primer desembolso de 60 millones antes de que acabe este año, el Ministerio de Hacienda va a prestar 55 al consistorio; seguido de un periodo de carencia hasta 2030 para afrontar la devolución del resto de la deuda.

Este conflicto de más de dos décadas empieza en los terrenos del sector APR-7, que perdieron el carácter de edificables durante su proceso de integración en el parque natural de Serra Gelada, el espacio protegido marítimo y terrestre más grande de la Comunidad Valenciana; y termina con la sentencia firme que obliga al consistorio de la capital turística, tras años de batalla judicial por la validez de unos convenios de compensación, a indemnizar a los propietarios por esos derechos urbanísticos no materializados, lo que ha dado lugar a una de las mayores condenas económicas en el ámbito urbanístico municipal en España.

Según las líneas generales de las propuestas que ahora se negocian, el Ayuntamiento realizaría ese pago inicial de 60 millones de euros antes del 31 de diciembre de 2026. A partir de ese momento se abriría un periodo de carencia hasta finales de 2030 durante el cual el consistorio no estaría obligado a amortizar la deuda restante.

El plan planteado prevé que, desde enero de 2031, Benidorm comience a realizar pagos anuales para los que se destinaría al menos el 8% del presupuesto municipal o de los recursos corrientes ordinarios cada ejercicio, todavía queda por consensuar la letra pequeña, con el objetivo de liquidar la totalidad de la indemnización en un plazo máximo de 30 años según la exigencia inicial de los Murcia Puchades.

Además, los textos de ambas partes contemplan la posibilidad de compensar parte de los intereses mediante la entrega de suelo. El consistorio dispondría de un plazo de cinco años para identificar parcelas edificables en distintos sectores como el Ensanche Levante, de momento un proyecto, el más grande que tiene la ciudad en el corto y medio plazo.

El acuerdo todavía no está cerrado y tendría que pasar en cualquier caso por el pleno, donde el actual gobierno local del Partido Popular tiene mayoría absoluta, aunque la similitud entre las propuestas de ambas partes apunta a un acercamiento que podría definir finalmente la forma en que el Ayuntamiento afrontará el pago de una indemnización que dobla ampliamente un presupuesto anual municipal y que puede condicionar las finanzas locales durante décadas.