El Ayuntamiento de Benidorm pide ayuda a Hacienda para pagar una condena urbanística de 350 millones

Después de días de incertidumbre el Ayuntamiento de Benidorm ha dado el primer paso para intentar despejar su futuro más próximo y poder financiar la indemnización derivada del conflicto urbanístico de la Serra Gelada, una de las sentencias más relevantes de la historia de la capital turística y sin precedentes en nuestro país por la abultada cantidad de su condena: 350 millones de euros.

El consistorio ha empezado por solicitar su adhesión al Fondo de Impulso Económico, un mecanismo gestionado por el Ministerio de Hacienda, con el objetivo de cubrir 55 millones de euros y que se tendría que devolver en un máximo de 12 años y a un interés, según explican fuentes municipales, de en torno a un 3,5%.La resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) declaró válidos los convenios urbanísticos suscritos hace más de dos décadas para convertir un suelo en parte del parque natural de Serra Gelada y abrió la puerta a esta indemnización millonaria a favor de los propietarios de los terrenos, dos empresas de una misma familia, los Murcia Puchades, por la imposibilidad de edificar.La familia pidió el viernes la ejecución forzosa de la sentencia y tras varias jornadas de reflexión y estudio el alcalde, Toni Pérez (PP), informaba este miércoles por la tarde al resto de grupos políticos municipales de esta medida, propuesta por los técnicos del área Económica.

Según ha informado el consistorio en un comunicado, la solicitud se ha cursado en el último día de plazo para acogerse a este instrumento de financiación. Si el Ministerio de Hacienda acepta la petición, el pleno deberá aprobar posteriormente el calendario de amortización del préstamo, un trámite necesario para formalizar la operación.El Fondo de Impulso Económico está regulado por el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, que establece medidas de sostenibilidad financiera para comunidades autónomas y entidades locales y está concebido para ayudar a las administraciones a afrontar obligaciones derivadas, entre otros supuestos, de sentencias judiciales firmes.

Quedan otros 300 millones

Mientras tanto, los servicios jurídicos y económicos del Ayuntamiento continúan analizando el alcance de la sentencia del TSJCV y buscando “las posibles alternativas” para cubrir los 300 millones que todavía faltarían. Todavía no descartan la posible interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la resolución que declaró la nulidad de los convenios urbanísticos; una opción cuya viabilidad jurídica y conveniencia para el interés público sigue siendo objeto de estudio, según el propio consistorio. Los más de 350 millones a pagar son el resultado de la suma de 283 millones que establece la indemnización original más otros 70 que ya se han generado con unos intereses que crecen a razón de 50.000 euros al día.