Benidorm se asoma a la quiebra por un litigio de hace 20 años que le puede costar 340 millones

Hace ya veinte años se decidió proteger uno de los espacios más representativos de la postal de Benidorm: La Serra Gelada. Desde sus laderas, los turistas inmortalizan diariamente las playas y los rascacielos de una de las capitales del turismo. Sus montañas contrastan con la estampa urbana. La Serra Gelada (Sierra Helada) se convirtió en el verano del 2005 en el primer parque natural marítimo-terrestre de la Comunitat Valenciana con un total de 745 hectáreas repartidas con las vecinas localidades de l’Alfàs del Pi y Altea. Lo que entonces nadie imaginaba era que una parte de ese suelo pudiera terminar costando al Ayuntamiento de la localidad alicantina más de 340 millones de euros que puede provocar la quiebra técnica del municipio.

La compleja historia de ese suelo comienza antes. En 2003, los propietarios, la familia Murcia Puchades, suscribían un convenio con el consistorio, encabezado entonces por Vicente Pérez Devesa (PP), para ceder esas parcelas a cambio de aprovechamientos urbanísticos en otros sectores de la ciudad.

Cuando la Generalitat Valenciana impulsa la declaración de Serra Gelada como parque natural dos años más tarde, lo que impide toda posibilidad de construir en aquellos terrenos, la familia Puchades no pone ningún pero: entendía que el convenio era válido y que debía cumplirse el compromiso ampliado después mediante prórrogas sucesivas, en 2010 y 2013, con el socialista Agustín Navarro en la alcaldía.

Los años iban pasando, los convenios no se llevaban a término y la familia empieza a insistir pidiendo, además, una valoración del suelo que se hizo en el entorno de los 280 millones de euros. Con el silencio como única respuesta, deciden llevar el asunto a los tribunales insistiendo en que Benidorm es el dueño y no se les ha pagado de forma alguna. El Ayuntamiento, por su parte, considera que esos convenios ya no son válidos porque las parcelas no llegaron a cederse y fue la ordenación del parque natural lo que convierte ese suelo en no urbanizable.

Casi dos décadas más tarde, en 2021, los tribunales dieron la razón a la administración local en primera instancia y los propietarios, sin cesar en su empeño, recurrieron. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana fallaba un año después a su favor y con esa baza hacen un llamamiento para que el gobierno local se siente a negociar. “Buscamos una solución razonable”, aseguraba entonces el abogado de la familia. No obstante, el equipo liderado ya por el actual primer edil, Toni Pérez (PP), decide continuar la vía judicial sin éxito.

El Tribunal Supremo desestima sus alegaciones y empieza a rondar otra cifra, la de los intereses, que actualmente superan los 60 millones de euros llevando el total de la indemnización hasta la astronómica cifra de más de 340 millones, lo que supone dos veces y medio el último presupuesto municipal de Benidorm.

¿Y ahora qué?

Como una suerte de última bala, los servicios jurídicos del Ayuntamiento han recurrido esta vez al Tribunal Constitucional pidiendo además como medida cautelar que suspenda la ejecución de sentencia (que se paralice el pago) porque, como reconoce el escrito y empieza a verbalizar el alcalde, abocaría a la capital turística de España a la quiebra técnica. También se evidencia que ocasionaría “un perjuicio de imposible o difícil reparación”, ejemplificado en el despido de trabajadores o la supresión de servicios públicos. Toni Pérez asume que el consistorio necesitaría financiación económica estatal o autonómica para hacer frente a la situación.

Mientras todo esto pasa los intereses siguen aumentando diariamente y la oposición local arremete contra Pérez, también presidente de la Diputación de Alicante, pidiendo su dimisión y exigiéndole explicaciones sobre “los oscuros intereses” que le llevaron a no renovar los convenios. La portavoz del PSOE local, Cristina Escoda, haciéndose eco de un informe de la Intervención, ha llegado a afirmar que esta sentencia “va a hipotecar el futuro de varias generaciones” de benidormenses.

Los socialistas, que renovaron el convenio en dos ocasiones durante su anterior mandato, contaron con el apoyo de los populares la primera vez, pero no la segunda. Ahí está, para Escoda, el cambio de postura que aboca a la situación actual: “Toni Pérez apoyó a unos empresarios y les otorgó unos derechos, y, posteriormente, por algún asunto alejado del interés general de Benidorm, le quitó esos mismos derechos de forma ilegítima”.

Frente a esas críticas, la portavoz del PP y concejala de Urbanismo, Lourdes Caselles, ha querido insistir en que “desoír los informes que indicaban que había que revisar los convenios y declarar su nulidad hubiera supuesto un delito de prevaricación”. Además, el Partido Popular ha recordado en cada fase de este periplo judicial que existen otras sentencias pendientes de apelación ante el TSJ que sí dan la razón al Ayuntamiento al declarar la nulidad de pleno derecho de los convenios.

En cualquier caso y más allá del constante cruce de acusaciones políticas, todos esperan con lógica preocupación la decisión del Constitucional y la repercusión de una condena sin precedentes en la hacienda pública de nuestro país. Igual de inimaginable que toda esta historia a comienzos de siglo resulta ahora sondear cómo una sentencia puede llegar a afectar a la gestión de una ciudad que roza los 75.000 habitantes, ve triplicada su población real en meses como agosto y estuvo a punto de alcanzar durante 2024 los tres millones de turistas.