La UDEF registra la sede de la aerolínea Plus Ultra en una operación por supuesto blanqueo de capitales

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registra este jueves la sede de la compañía aérea Plus Ultra en Madrid en una operación que investiga un presunto blanqueo de capitales, según confirman fuentes policiales. La compañía, con vínculos en Venezuela, fue rescatada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en 2021 con 53 millones de euros y el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid inició una investigación por estos hechos que terminó archivada por un error relacionado con la prórroga de las pesquisas. Una causa que permanece bajo secreto se ha reactivado en el mismo juzgado, según explican fuentes jurídicas.

Fue en noviembre de 2022 cuando la Audiencia Provincial de Madrid acogió los argumentos de la aerolínea Plus Ultra, que había recurrido la imputación de la compañía alegando que se había vencido el plazo de 12 meses que establece la ley para acordar esta imputación desde que se inicia la instrucción del caso. Los magistrados le dieron la razón y explicaron que en “un proceso con todas las garantías” no podía citarse ya a la compañía.

La magistrada Esperanza Collazos había olvidado este trámite y llamó a declarar a la aerolínea primero en una fecha en mayo y posteriormente en junio de ese año. Pero la comparecencia nunca llegó a producirse. “La expiración del plazo conlleva la inviabilidad de incorporar el material instructorio”, indicó la Audiencia madrileña. A partir de entonces, el caso quedó abocado al archivo y en enero de 2023 la juez dictó el sobreseimiento provisional.

En aquella investigación ejercían de acusación popular Vox, el PP y el pseudosindicato Manos Limpias, y se indagaba si el rescate que el Gobierno dio a la compañía como parte de una inyección de ayudas públicas a empresas estratégicas afectadas por la pandemia había sido legal.

Los expertos designados por el juzgado señalaban que Plus Ultra era una empresa con visos de insolvencia y cierre desde 2019, lo que la imposibilitaba para optar a los fondos del rescate, mientras que el dictamen de la SEPI y de dos consultoras avalaban que la aerolínea no estaba en causa de disolución en el momento en el que obtuvieron las ayudas. Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía de Madrid consideraban entonces que no había indicios de delito.

Las pesquisas que se han activado ahora corren a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, indican fuentes policiales. Todavía no ha trascendido ningún detalle más de la operación en marcha, pero la conexión con el procedimiento anterior puede ser el motivo de que la misma magistrada se haya hecho cargo de estas diligencias nuevas o haya reabierto las anteriores.

Uno de los puntos que pretendía dilucidar la investigación que se siguió en 2022 por malversación y prevaricación fue el porqué parte de las ayudas públicas que se dieron a la SEPI terminaron destinadas a un pago a la compañía estatal de petróleo de Venezuela PDVSA. El equipo de peritos que asesoró la compañía defendió que ese desembolso se debía a una deuda que no se pudo pagar antes por motivo del embargo y las sanciones internacionales que la petrolera tenía. Los peritos independientes del juzgado decían, en cambio, que no era habitual que se hubiera priorizado ese pago cuando había operaciones en la mercantil más urgentes.