Liberación de presos políticos en Venezuela: un gesto de apertura bajo la sombra de Trump

Cuando la crispación política y militar con los Estados Unidos está en su punto más alto, el Gobierno de Nicolás Maduro decidió la liberación de 99 presos políticos opositores el día de la Navidad, la cifra más alta excarcelados políticos en Venezuela en doce meses, según la última información del Ejecutivo de este viernes. La última medida de gracia para políticos y activistas arrestados que tomó Maduro tuvo lugar el pasado 2 de agosto, cuando 13 prisioneros salieron de la cárcel con medidas judiciales sustitutivas. En diciembre de 2024, cerca de 100 prisioneros salieron de las cárceles del chavismo, la gran mayoría de ellos por haber participado en protestas antigubernamentales luego de las elecciones presidenciales.

El régimen chavista coloca sobre la mesa un estudiado gesto para procurar descomprimir la presión en su contra, sin ofrecer demostraciones de debilidad o de excesiva magnanimidad. Regresan a sus casas 75 prisioneros de los cerca de 1.000 (según las ONG Provea y Justicia, Encuentro y Perdón) que siguen tras las rejas.

La gran mayoría de ellos también fue judicializada luego de las protestas que siguieron a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2025, consideradas fraudulentas por la oposición y buena parta de la comunidad internacional. Hasta el momento, no se conocen políticos o activistas de primera línea que hayan sido beneficiados por estas medidas judiciales alternativas, de los muchos que siguen tras las rejas.

No se ha informado todavía sobre todos los nombres de las personas beneficiadas con las liberaciones de este jueves de Navidad. Una de ellas sería la profesora Marggie Orozco, condenada a 30 años de prisión hace pocas semanas por los contenidos críticos en contra del gobierno de Maduro que habría hecho en una cadena de Whatsapp. Al menos 65 hombres salieron del penal de Tocorón, en el centro-norte del país y tres mujeres salieron del centro de reclusión Las Crisálidas. El listado lo completan tres adolescentes detenidos en retenes policiales en el costero estado Vargas, cercano a Caracas.

La ONG Justicia Encuentro y Perdón emitió un comunicado en el cual reconoce el impacto positivo de la medida oficial sobre los acusados, pero afirma que es “claramente insuficiente, si se compara con las 1.085 personas privadas de libertad por motivos políticos que constan en nuestros registros”. La asociación civil comenta que “la liberación parcial de personas detenidas arbitrariamente no corrige la ilegalidad de fondo”. Y añade, más adelante, que “el carácter selectivo y discrecional de estas excarcelaciones confirma que la privación de libertad ha sido utilizada como un instrumento de persecución política.”

La liberación anunciada de estos prisioneros políticos no expresa, en modo alguno, el desarrollo de una auténtica política de distensión con la oposición política y social del país, que en este momento es muy mayoritaria en Venezuela y que está acorralada como nunca antes. Muy al contrario: el asedio de Washington le da al Gobierno de Maduro argumentos e inspiración para continuar radicalizando la revolución bolivariana, con la aprobación de nuevas leyes punitivas, la profusión de arrestos en confusas circunstancias y el aumento de la censura en los medios de comunicación.

Durante estas semanas, los cuerpos de seguridad del Estado han endurecido sus procedimientos contra la disidencia política o civil, llevando a la cárcel a nuevos dirigentes opositores conforme aumenta el asedio estadounidense a las costas venezolanas. Los últimos arrestados han sido el politólogo Nicmer Evans; los dirigentes sindicales José Elías Torres y William Lizardo; y el activista político Melquíades Pulido, militante del partido Vente Venezuela.

La semana pasada, en un caso que produjo un enorme impacto público, el adolescente Gabriel Rodríguez, estudiante menor de edad, fue condenado a 10 años de prisión por “terrorismo”, por su participación en las protestas populares de agosto del año pasado, posteriores a las elecciones presidenciales. La ONG Foro Penal calcula, por su parte, que en el país hay poco más de 800 prisioneros políticos.

En su comunicado, Justicia, Encuentro y Perdón reconoce finamente “el valor humano de cada excarcelación y el alivio que representa para las personas y sus familias, especialmente en una fecha como la Navidad.” Al mismo tiempo, considera que es una medida incompleta, y hace un nuevo llamado a la amnistía general de prisioneros políticos, una consigna que es levantada con mucha frecuencia por organizaciones sociales y de derechos humanos. “La libertad no puede ser concedida como una prerrogativa, sino ganada como un derecho, y debe ser restituida a todas las personas que han sido arrestadas de forma arbitraria”, sostiene la organización.